Tres casos, en menos de tres años y un lugar en común: el departamento de Treinta y Tres. El 7 de junio de 2018 asesinaron a Rocío Duche, una adolescente de 14 años que desde marzo del año anterior estaba en el sistema de protección de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y un mes antes, a pesar de las recomendaciones del equipo de técnicos de la institución, fue devuelta a su familia. El 25 de setiembre de 2019 apareció el cuerpo de Ángel Acosta, un adolescente de 14 años, fallecido por ahogamiento mientras sacaba a pasear su caballo, que según testigos se encontraba acompañado por un hombre al momento de los hechos, y que contaba con seguimiento del INAU por oficio judicial. En la madrugada del 14 de diciembre de 2020 Milagros Piedra, una adolescente de 14 años, murió a raíz de una septicemia causada por una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital del departamento. En abril de 2019, en una publicación en Facebook, mencionaba nombres de los posibles asesinos de Rocío Duche, y también estaba en seguimiento del INAU por oficio judicial.
A comienzos de 2020, el INAU presentó una investigación a la Fiscalía de Treinta y Tres en la que se informa sobre “situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas”. Rocío, Ángel, Milagros y aproximadamente 20 niños y adolescentes más vinculados a la institución fueron y estarían siendo víctimas. En el informe se detalla que el número de adolescentes vinculados a la red va en aumento. “Entre escapar o matarte, ¿vos que elegís?”, se preguntó una de las niñas, según consta en el informe del INAU.
La investigación busca conectar situaciones presentadas individualmente en informes y expedientes judiciales, donde los nombres de los explotadores y tratantes se repiten, así como los nombres de las víctimas y los lugares que frecuentan. Se detalla que “los explotadores utilizan a adolescentes mujeres y varones que se encuentran en una situación de vulneración sistemática de derechos de la que han sido víctimas a lo largo de su vida, siendo esto un factor relevante y de conocimiento para los mismos, haciendo uso de su asimetría de poder, utilizándolas/os como un objeto más de su propiedad con la finalidad exclusiva de su propio interés”. Los adolescentes no sólo son víctimas de los explotadores, también de la vulnerabilidad socioeconómica, de la falta de adultos referentes, del abandono, de la violencia de género e intrafamiliar, y del abuso sexual. En un principio, se denuncia una situación de trata interna, por la cual los adolescentes serían trasladados sin consentimiento de sus representantes legales de un departamento a otro –Cerro Largo, Maldonado, Rocha– e incluso a localidades más pequeñas del departamento –Vergara–. La duración de las desapariciones varía entre una noche y meses.
“Estoy mal. No quiero seguir en Treinta y Tres, me tienen que sacar de acá”, expresó una de las adolescentes víctima de la red, según consta en la investigación.
“Se ha recibido información de diferentes personas –algunas de ellas han querido preservar su identidad– de que funcionarios específicos del Ministerio del Interior estarían vinculados a la red y/o facilitando el funcionamiento de la misma, recibiendo dinero para callar o desviar información”, sostiene la investigación. También presenta testimonios particulares que vinculan directamente a policías específicos del Departamento de Investigación y Delitos Complejos que “extorsionan y manipulan a adolescentes solicitándoles a cambio de bienes, sustancias, e incluso su silencio, prácticas sexuales o imágenes de su cuerpo desnudo”.
Ilustración: Ramiro Alonso
Los tratantes utilizan dos modalidades para captar a sus víctimas: la pareja forzada o servil y la venta de sustancias psicoactivas. En ambos casos las amenazas son constantes tanto a las víctimas como a quienes se acerquen a ellas y ellos para abordar la situación. Incluso se detalla que concurren a hogares del INAU y a centros de estudio y derivación (CED) con el propósito de conseguir información sobre las víctimas. “Con esto, las posibilidades reales de efectuar una denuncia se ven disminuidas y, como contrapartida, incrementarían el silencio y el miedo”, expresa la investigación. Se afirma que hubo amenazas de muerte a los adolescentes, que “evidencian una trama que impide poder voluntariamente salir de estas redes y denunciar lo que [se] está viviendo”, y a este punto se suma que “es habitual en estos casos que quienes los utilizan en las redes delictivas también los amenacen con que, si denuncian, ellos también serán responsabilizados”.
“Me enteré de que ellos me buscaban y amenazaron con prender fuego la casa de mi amiga”, contó otra de las adolescentes.
“Es de destacar que dichas prácticas abusivas, delictivas y de explotación se encuentran totalmente naturalizadas y habilitadas por la comunidad”, versa el informe.
Viviana Maqueira, la fiscal a cargo de la investigación, declaró que el caso está “en plena etapa de investigación”. Dijo que se están tomando declaraciones, pero que la información actualmente es reservada para “preservar y avanzar” en la indagatoria.
El caso de Rocío
Es sábado de noche, está lloviendo y la calle Ramón Ortiz del barrio Abreu, en Treinta y Tres, está alumbrada por un solo foco de luz. Alrededor hay descampados. Se ha dicho que Rocío Duche se dirigía a diferentes lugares: a un cumpleaños de 15, a la casa de una amiga. El hecho es que la adolescente, que siempre estaba acompañada por un mate y un termo, que escribía canciones y que sonreía, nunca llegó.
“Niña caída en una cuneta” fue el llamado que alertó a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo.
En audios a los que accedió la diaria, la adolescente manifestó días antes de su asesinato que “no pasaba del fin de semana”. Según se manifiesta en la investigación realizada por el INAU, mientras se encontraba en la institución “le gustaba estar limpia y arreglada, pero cuando regresaba de las salidas no acordadas siempre volvía con ropa diferente, toda sucia y rota”. Había tenido intentos de autoeliminación. La figura de Rocío ha quedado grabada, y que no les suceda lo mismo a las otras niñas se ha convertido en una especie de mandato en el Hogar Femenino del INAU del departamento.
Ilustración: Ramiro Alonso
Rocío desde 2017 estaba en régimen de internación 24 horas por presunta explotación sexual; un mes antes de su asesinato pasó a estar en régimen de seguimiento. Fernando Rodríguez, el entonces vicepresidente del INAU, consultado recientemente, declaró que ella “estaba viviendo un proceso muy positivo en términos de cumplimiento de los acuerdos, de inserción educativa, de su círculo familiar, de su autocuidado y el cuidado que le hacían los adultos referentes y responsables”. A su vez, planteó que parte del equipo que seguía el caso de la niña manifestó “dudas” sobre el cambio; lo atribuyó a una “mirada focalizada”.
Casi tres años después, se le preguntó su posición sobre las medidas tomadas, y manifestó que “es muy difícil decir qué es lo correcto y qué no es lo correcto por lo que sucedió”, y sumó: “Yo creo que lo que sucedió no fue consecuencia de las medidas tomadas, sino que fue un hecho aislado de la situación concreta, de la situación en la que ella estaba viviendo”.
Rodríguez afirmó que después de los hechos se abrió una investigación administrativa en la que todavía hay sumarios sin conclusión; uno de los sumariados es Darío Moreira, quien en 2018 era director del INAU en Treinta y Tres y luego de ese año pasó a ser director de adopciones en la institución.
El 7 de diciembre de 2020, Día Nacional contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, el INAU reabrió la investigación de Rocío.
El engaño amoroso
Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso, explica que “la vulnerabilidad y la falta de apoyo familiar, de afecto, de contención” son factores utilizados por quienes se dedican a la trata. “Por ejemplo, se acercan a los hogares del INAU porque saben que hay gurisas que necesitan tener una contención afectiva, gurisas que están desprotegidas”, dijo, y añadió que “lo que hacen es establecer vínculos de pareja con ellas, por eso decimos ‘el engaño amoroso’: la manera de captarlas es ofrecerles cariño, aceptación, respaldo, una proyección, de esa manera es que las van introduciendo a los circuitos de explotación sexual y trata”. Denuncia que estas situaciones socialmente no son vistas como un problema, sino que se naturalizan.
“La gente cree que la trata es estar atada, esclavizada, con una cadena, en contra de tu voluntad. Puede suceder en algunos casos, pero en realidad los métodos de captación utilizados son más engorrosos, buscan que la propia víctima entre en ese circuito”, manifestó. Relata que las víctimas muchas veces no se visualizan como tales: “Dicen que ellas eligieron aceptar, que cayeron en la trampa, que son unas tontas por haber creído o que se enamoraron, como les pasa a las gurisas más jóvenes”.
Tuana expresa que la trata se define por la “captación” y “la movilización de la víctima”, no por el “mecanismo de control”. Describe que existen métodos de barrera en los que “las tiran en un apartamento, las llevan al punto en que se da la explotación sexual y las devuelven, les controlan sus llamadas”, y métodos que apuntan a una manipulación afectiva, utilizan argumentos como “vos tenés una deuda, ahora hasta que no la pagues no te podés ir, además, si te vas, ¿qué le vas a decir a tu familia, a tu comunidad? Todos van a saber que sos una puta”. También resalta que entran en juego las adicciones, la culpa y el no tener a dónde volver.
Ilustración: Ramiro Alonso
Entre “marcos de protección”
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien en su trayectoria también desempeñó el cargo de juez letrado de Crimen Organizado, propone que “lo primero que hay que tener claro es que la trata es un delito, y que es un delito de lesa humanidad que el Estado tiene la obligación de investigar, aun en contra de la opinión de la víctima”. Entiende que estos procesos “están totalmente visibilizados, a la vista de todo el mundo, y, sin embargo, los invisibilizamos porque culturalmente no se los aprecia como tales”. Apela a transformar esta situación en un trabajo a mediano y largo plazo, en el que las organizaciones que se encargan de la investigación y persecución de las organizaciones criminales, el Estado y la sociedad civil tienen un rol fundamental.
Destaca que es necesario concebir la trata de personas como una de las ramas del crimen organizado: “Personas, armas y droga son de las actividades más lucrativas que tienen estas organizaciones criminales”. Manifiesta que las investigaciones de redes de trata deben ser “más de tipo proactivo que reactivo”, porque “el objetivo primordial es rescatar a la víctima e investigar el delito, muchas veces sin el testimonio de la víctima”.
Sobre este punto, Tuana planteó: “Hay funcionarios que han sido capacitados, pero lo que nosotras vemos en las investigaciones que se desarrollan son resultados indignos: siempre se centran en el cuerpo de la víctima, en el relato de la víctima, en la experiencia de la víctima”. Miedo e inseguridad son algunas de las emociones que sienten las afectadas al momento de hacer una denuncia. “Las represalias existen, ha habido asesinatos vinculados a redes de trata o por lo menos con hipótesis bastante firmes, incluso ha habido desapariciones de adolescentes con firmes sospechas de que atrás había una red de trata que estaba operando”, expresó.
Añadió que si bien la trata es un delito, ocurre en el mercado sexual uruguayo, que es un mercado legal: “Ese ser-estar en el mercado legal lo hace mucho más invisible y, de alguna manera, genera un manto de protección para las redes”. “Creo que la opinión pública no se quiere negar al mercado sexual: culpabiliza y de alguna manera responsabiliza a las personas que entran en ese circuito, y no las considera víctimas o las ve como víctimas secundarias, que no importan, que son descartables y que de alguna manera se lo buscaron”, consideró Tuana.