La ginecóloga Gabriela Fischer, recientemente designada como referente de salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria (RAP) Metropolitana de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), fue denunciada este jueves por intervenir por “fuera de normativa y protocolos” en un proceso de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), según información brindada por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) a la diaria. La denuncia fue entregada ante la oficina de atención al usuario del Hospital de la Costa de Canelones, donde ocurrieron los hechos en junio de este año.
De acuerdo con la información de MYSU -que acompañó a la mujer en el proceso de denuncia junto con la Red de Acompañamiento en Aborto Las Lilas-, la profesional, en la consulta de IVE 4 –que es la de control–, “desatendió la voluntad de la mujer de abortar, a pesar de que estaba en el período legal no habilitó la finalización de la IVE, y pretendió culpabilizarla para que continuara con el embarazo, diera en adopción o ‘se hiciese cargo’”. En ese sentido, la organización señaló que Fischer “interfirió en el proceso legal del aborto utilizando argumentos de índole moral, información errónea e incumplió con la normativa vigente”.
Esta situación “fue conocida en tiempo y forma por autoridades de ASSE, que debieron intervenir para que la mujer lograra terminar la IVE en el Hospital Pereira Rossell”. Sin embargo, “en lugar de una investigación administrativa”, la profesional “fue designada a coordinar los servicios que rechaza brindar”, cuestionó MYSU.
La organización realizó este jueves una conferencia de prensa, bajo las consignas “La IVE se defiende” y “La IVE no se toca”, en la que amplió esta información, denunció “la falta de garantías en el acceso universal a los servicios legales de aborto” e hizo una serie de planteos a las autoridades de ASSE. Entre los reclamos, MYSU exigió que el organismo ponga “en suspenso” la designación de Fischer e inicie una investigación administrativa, “porque su interferencia en los derechos de usuarias en proceso legal de aborto debería ser razón suficiente para no sostenerla en dicho cargo”, señaló Lilián Abracinskas, directora de la organización.
En el mismo sentido, la activista dijo que “deben asegurarse mecanismos transparentes de evaluación sobre el desempeño y gestión de los equipos y responsables de programas y servicios”, porque es fundamental contar “con el compromiso e involucramiento de profesionales y funcionarios para que la atención no sea sesgada por creencias personales, se respeten los derechos de la población usuaria y se garantice el acceso a servicios de calidad que respeten la autonomía y libertad de cada persona para tomar decisiones reproductivas sin coerción, estigmas ni violencias”.
Abracinskas también señaló que debe controlarse “el uso abusivo del recurso de objeción de conciencia y asegurar que todos los hospitales públicos y servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud cuenten con los profesionales requeridos para brindar el servicio”. “Recordemos que el costo del rechazo a dar una atención por creencias personales lo paga el eslabón más fino y con menos poder de toda la cadena: adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar”, enfatizó.
Otros obstáculos para la IVE
Tamara Savio, integrante de la Red de Acompañamiento en Aborto Las Lilas, señaló por su parte que la plataforma realizó 120 asesoramientos y acompañamientos entre enero y agosto de este año. Entre otras situaciones, la red detectó “demoras en los servicios para iniciar el proceso IVE, acceder a los estudios y a los equipos multidisciplinarios, lo que las expone a quedar fuera del plazo legal” y “mujeres que tienen que desplazarse largas distancias para acceder a la atención de aborto ya que en sus localidades la totalidad de los profesionales son objetores”. Además, registraron casos de “falta de información adecuada y precisa”, “no atención de todas quienes lo requieren” y “prácticas estigmatizadoras y discriminatorias tanto hacia las mujeres que abortan como, en muchos casos, hacia los profesionales que lo realizan”.
Savio dijo que las irregularidades no fueron detectadas sólo en los servicios, sino que también ha habido “problemas en la atención” en la Médica Uruguaya, Asociación Española, Hospital Militar y Hospital Policial. Al mismo tiempo, “hubo problemas en el proceso de derivación” desde instituciones que se declararon objetoras de ideario, como el Hospital Evangélico y Círculo Católico, aseguró la activista.
Durante la conferencia de prensa también habló la antropóloga especialista en género y activista feminista Patricia Totorica, quien llamó a sumarse a la movilización que organizan feministas autoconvocadas “en defensa del cumplimiento de la IVE” el próximo miércoles, a las 18.00, frente a la Torre Ejecutiva.