La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) deberá devolver 8,5 millones de pesos cobrados a los canales de televisión y empresas de cable durante el 2020 –por disposiciones de la ley de medios de 2014–, tras un decreto retroactivo del Poder Ejecutivo que aplazó dos años la obligación de pagar por las licencias y las frecuencias. Además, el proyecto modificativo de la ley de medios que impulsa el gobierno plantea eliminar estos artículos.
El inicio de esta historia es diciembre de 2014, cuando sobre el cierre de la legislatura el Frente Amplio dio sus votos en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (conocido popularmente como ley de medios) que venía siendo discutido desde al menos dos años antes. Durante ese debate, el entonces presidente José Mujica se quejó porque “mucho antes de que el proyecto llegara, ya era profundamente criticado por algunos” y la oposición anunciaba la intención “de derogarlo”.
El texto votado consta de 183 artículos, incluyendo dos que establecen el pago de los titulares de servicios de televisión para abonados por “la renovación de su licencia” y de los titulares de servicios que “utilicen el espectro radioeléctrico” –canales de televisión y emisoras de radio– por la “utilización y aprovechamiento de las frecuencias”. En el primer caso, se estableció que el pago sea anual y el monto dependa del número de abonados, y en el segundo, que fuera mensual y asociado el área de alcance de la frecuencia, exceptuando a los medios del interior.
El dinero que pagarían los cableros y parte del que abonarían los canales y las radios iría al Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual, que creó el artículo 62 de dicha ley. Sin embargo, estas dos disposiciones formaron parte de las 29 presentaciones de inconstitucionalidad –la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso para estos dos artículos– que realizó el sector privado tras la aprobación de la ley de 2014, lo que postergó la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Esto último ocurrió a mediados de 2019, cuando entre otros aspectos se estableció que el pago por la renovación de las licencias de televisión para abonados y el uso de las frecuencias de radio y televisión comenzaría en 2020, y se encomendó a la Ursec el cobro y la gestión del dinero. Esto permaneció incambiado hasta el 31 de diciembre, cuando un decreto del Poder Ejecutivo publicado el 15 de enero suspendió de forma retroactiva su aplicación y la postergó hasta 2022.
¿Las razones? El decreto explica, por un lado, que la ley de 2014 decía que las disposiciones debían reglamentarse “dentro del plazo de 120 días contados” desde la publicación y esto se hizo “transcurridos más de cuatro años de finalizado el plazo”. Por otro, recuerda que dentro de la emergencia sanitaria el gobierno tomó “diversas medidas dirigidas a mitigar las cargas que gravan a las empresas” y “resulta particularmente inoportuno” cobrar a los medios y los cableros “en momentos en que la coyuntura impone como prioritario evitar que las empresas se vean recargadas con nuevos gravámenes”.
En línea con este último argumento, se sostiene: “Las empresas de comunicación audiovisual se han visto directamente afectadas por la disminución en su actividad económica general, debido a la reducción de ingresos por concepto de avisos publicitarios y han cumplido un rol esencial para el adecuado acceso a la información por parte de la población”.
Repercusiones en la Ursec
La información vinculada al decreto y sus efectos fue dada a conocer a través de Twitter por Gustavo Gómez, ex director nacional de Telecomunicaciones y actual director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. “Regalo de fin de año”, escribió, y mencionó que “los grandes medios fueron los más beneficiados” por la medida del Poder Ejecutivo. Según sus cálculos, por el no pago de licencias las empresas DirecTV, Cablevisión –ligado al Grupo Clarín– y los cables de Montevideo que operan bajo la firma Equital –vinculada a los canales 4, 10 y 12– se ahorran al año unos 700.000 dólares.
También por esta vía se enteró de la medida el director de la Ursec en representación del Frente Amplio (FA), Pablo Siris, quien en la reunión de directorio del jueves consultó a las demás autoridades sobre el decreto del 31 de diciembre. En diálogo con la diaria, dijo que fue una decisión “que se tomó a nivel del Poder Ejecutivo”, que no pasó por el directorio ni “se había comentado” dentro de la Ursec. Su directorio entró en receso por enero, pero había tenido una reunión extraordinaria el día 5.
“La presunción es que la decisión debió ser a efectos de que no se lleguen a facturar” los pagos correspondientes a 2020, primer año de aplicación del canon a pagar por cableros y medios de comunicación, señaló Siris. Al respecto, en la reunión del directorio la presidenta de la Ursec informó que “había medios que ya efectuaron pagos, por un monto [total] algo superior a 8,5 millones de pesos”, y ahora ese dinero deberá ser devuelto.
Aún no está definida la forma del reintegro y se trata de un tema a conversar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que gestiona el fondo para el sector audiovisual al que fue el dinero. Una posibilidad es que las empresas tengan un crédito fiscal –que descuenten de sus obligaciones tributarias– por el monto abonado a la Ursec.
Sobre el motivo de la postergación y la afectación de los medios producto de la pandemia, Siris sostuvo como opinión personal que “al igual que otras empresas, tuvieron incentivos desde el punto de vista fiscal y diferimientos de pagos y aportes”, pese a lo cual hubo en el sector “envíos al seguro de desempleo y despidos”. Por esto, concluyó: “Si bien es un momento particular, no parecería que sea esa la única justificación [para el decreto de diciembre]; puede haber otros elementos que no me toca a mí identificar, pero podría plantear que esta fue una reivindicación [de los dueños] de los medios desde hace tiempo, y esta decisión va en consonancia”.
Entre otras críticas, los dueños de medios recurrieron a la SCJ por el cobro del canon al entender que violaba el artículo 69 de la Constitución, que establece que las entidades que difundan cultura estarán exoneradas de impuestos.
Nueva ley de medios elimina los artículos
En abril el gobierno envió un proyecto de ley que modifica la normativa de 2014, y si bien la intención inicial era aprobarla el año pasado, ante las diferencias internas en la coalición se postergó la discusión para 2021. De aprobarse el texto que envió el Ejecutivo, los artículos que establecen el pago por parte de cableros y titulares de frecuencias radioeléctricas será eliminado, y, por tanto –en virtud de la postergación hasta 2022–, nunca llegará a ser abonado.