La Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FeCCU) emitió un comunicado ante “la desinformación del Ministerio del Interior (MI)” y desmintió dichos de Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Según afirmaron, la postura de la FeCCU “ha sido clara”: están “en absoluto desacuerdo con que el MI pueda acceder a datos que están expresamente protegidos por ley”. Dicen que así lo expresaron en una reunión que tuvieron con González. Por eso, señalan que lo que el jerarca dijo en una radio respecto de esa reunión es falso. “Llama mucho la atención que este jerarca haya declarado a la prensa que la FeCCU ‘estaba de acuerdo con que el MI acceda a información sobre clubes’ para conocer su ubicación”, explicaron.
Para desmentirlo, lo citaron: “Desmentimos lo dicho por González en el programa Fácil desviarse de la emisora radial Del Sol: ‘La Policía no conoce dónde están, que a mí me parece muy raro, cosa que les dije y ellos dijeron que no tenían ningún problema’”.
Consultado en el programa sobre qué opina sobre que el MI acceda a los registros de los clubes cannábicos, González dijo que es “imprescindible”. “Estuve reunido con la gente de los clubes cannábicos y les dije que si a ellos los roban no podemos diferenciar si es una boca o un club”. Los conductores le dijeron que eso puede solucionarse “fácilmente exhibiendo los documentos del registro ante la llegada de la Policía”, a lo que González respondió: “Me tienen que mostrar una cantidad de papeles”.
Además, pidió tener incidencia en el control, cuestión que también fue cruzada por los conductores, que le respondieron que “ese rol lo tiene el Ircca (Instituto de Regulación del Consumo de Cannabis)”. El jerarca del MI insistió en que él quiere “que la Policía controle”.
En diálogo con la diaria, González dijo que se trató de una “reunión informal” en la que participaron en “un intercambio de ideas” con algunos clubes cannábicos e insistió en que “no les pareció para nada mal” la posibilidad de acceder a esos datos “porque han robado a varios”. Pero luego aclaró: “Tampoco fueron todos los que me dijeron eso”.
González reiteró lo dicho en Del Sol: “Nos parece lógico tener los datos de dónde están, nosotros tenemos que cuidar a todas las personas y a todas las organizaciones y empresas. Son clubes que son legales y nosotros no podemos darles la seguridad que corresponde. Y en caso de que exista algún tipo de narcotráfico que pueda ser de un club cannábico, o que plantó más de lo que puede plantar, simplemente tener la posibilidad de tener los datos”.
María José Miles, presidenta de la FeCCU, contó a la diaria que tuvieron una ronda de reuniones con distintos actores. Solicitaron una reunión con Jorge Larrañaga, ministro del Interior, que “se ha concentrado mucho en la cuestión de los clubes de cannabis en el último tiempo”, pero el tema fue derivado a González. “Nuestra intención era hablar de varios temas, pero lo único que él quería hablar era sobre el acceso a los datos. Después hizo un planteo público que no tiene que ver con lo que se habló en esa reunión”.
Comentó que fueron a la reunión con varios temas a plantear. “No pudimos hablar casi de ninguno”, lamentó. Adjudica dos causas: “Sólo quería hablar sobre el acceso a los datos” y “González tenía un desconocimiento importante de la ley”. Entonces, “sobre varios de los planteos que teníamos para hacer, no había capacidad para dar respuesta por el desconocimiento acerca de la normativa vigente”.
“Estaba muy enfático en decir que necesitaba los datos de los clubes ‘para poder confirmar que estábamos haciendo todo legal’”, expresó Miles. La FeCCU plantea que “tal como establece el artículo 8 de la Ley 19.172, la información sobre los clubes de cannabis son datos sensibles y reservados”. Resaltó: “Fuimos claros, le dijimos que esos datos están protegidos por la ley”.
Sobre los dichos públicos del jerarca, sugirió que “interpretó lo que quiso”. “No dijimos eso. Como FeCCU no nos parece pertinente que se viole la Ley 19.172 y se acceda a la información que está protegida por la ley”. Dicen que “tampoco hubo disponibilidad para escuchar” ni “para hablar sobre los otros temas” que le querían plantear al MI.
Miles fue consultada sobre el planteo de González de acceder a los datos para “brindarles seguridad”. La presidenta de la FeCCU respondió que “la mejor forma que tiene el MI de brindar seguridad a los clubes es cumplir con las leyes”. “No violar la norma o intentar saltearla con la excusa de la seguridad”, explicó. Dijo que “brindar seguridad a los clubes implica no vulnerar las garantías institucionales y no generar desconfianza acerca de los límites legales”.
Además, expresó que “mientras se dice que es para brindarnos seguridad, señalan y criminalizan nuestra forma legal de producción de cannabis”. Para graficar esta situación, Miles recordó que en declaraciones anteriores el MI planteó que, para ellos, a priori, “todas las plantaciones son ilegales en principio”.
La fiscalización está a cargo del Ircca
Miles contó que en la reunión también se habló sobre el rol del Ircca asociado a la fiscalización y sobre la normativa acerca del procedimiento policial. La presidenta de la FeCCU explicó que este es “un organismo especializado creado a partir de la ley bajo la órbita de Presidencia de la República”, que tiene entre sus cometidos la habilitación y la fiscalización de los cultivos legales.
En el comunicado detallan que “los clubes cannábicos de membresía recibimos fiscalizaciones sorpresa del Ircca”. En estas intervenciones se realiza un conteo de las plantas en floración, para comprobar que se está dentro del máximo legal, se pesa el acopio de cannabis en flor para ver que la cantidad en stock sea la misma que la declarada al portal y se exhiben los recibos de entrega que cada socia o socio firman al retirar cannabis, entre tantos otros métodos de control.
En caso de que el equipo fiscalizador detecte una irregularidad, el hecho es derivado al área jurídica para dar seguimiento a las observaciones y para aplicar sanciones, si corresponde. Dicen que “incluso se han clausurado clubes por incumplimientos o faltas administrativas”.
Además, ante la presunción de un delito, la Policía debe dar cuenta a la Fiscalía para que dirija la investigación y haga las diligencias correspondientes para acceder por vía legal a los datos sobre el lugar específico que fue denunciado a los efectos de comprobar o descartar que haya un hecho ilícito asociado.
“Podemos asegurar que los cultivos legales tienen control y fiscalización. Cuestiones que entendemos necesarias para la correcta implementación de esta ley y para seguir consolidando el modelo de regulación del mercado de cannabis”, resaltaron desde la FeCCU.
A la vez que señalaron que “sin embargo, el MI insiste en involucrarse con esta tarea, cuando no le corresponde, cuando significa duplicar recursos, ya que es una de las funciones del Ircca. Y, sobre todo, cuando se sugiere desde la institucionalidad de un ministerio la violación de una ley”.
Para finalizar, destacaron que “la ‘lucha contra el narcotráfico’ no es una tarea exclusiva de la Policía, tal como lo han expresado desde del MI”. Sino que “este es el objetivo que originó la Ley 19.172 y la implementación del modelo regulatorio”.
“Los clubes de cannabis somos una vía de acceso legal, segura y de calidad que reduce el mercado del narcotráfico. En lugar de atacar su legitimidad y poner en riesgo su funcionamiento, deberían apoyar la implementación y mejora del modelo regulatorio, tal como hacemos desde la FeCCU, buscando diálogo y consenso entre los actores involucrados”, concluyeron.