El 1º de junio ingresó a la Comisión de Población del Senado un proyecto de ley impulsado por las senadoras Carmen Asiaín (Partido Nacional) y Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) que busca cambiar la legislación vigente sobre el aborto y la muerte fetal, con el fin de reconocer el “derecho de los progenitores a optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida” en cualquier etapa de la gestación. La normativa actual habilita estos procedimientos recién a partir de las 20 semanas de gestación, o en casos en que el feto pese más de 500 gramos, si la edad gestacional no es determinable.
Paralelamente, Luz del Cielo, una organización social conformada por madres y padres que perdieron a sus hijos antes de nacer y brindan contención a progenitores en esa situación –que se presenta como sin vinculación política y religiosa–, elaboró su propio proyecto de ley vinculado al tema, que presentará esta semana a todos los partidos políticos y especialistas en la materia. La iniciativa se llama “En tu nombre” y propone llenar lo que considera un “vacío legal” ante la muerte fetal –luego de las 20 semanas de gestación–, por lo que, a diferencia del proyecto de Asiaín y Sanguinetti, no requiere modificar la normativa en ese sentido.
Belén Piñeyrúa, integrante de la organización, explicó a la diaria que el objetivo de la ley es “el reconocimiento de los derechos de las mamás y los papás frente a la muerte de los hijos e hijas”, mediante la inclusión del nombre del fallecido en el certificado de defunción y de ambos padres. “Cuando nacen sin vida, estos bebés son NN. No llevan nombre. En el certificado de defunción se pone ‘óbito fetal’, femenino o masculino. Y además, se pone el nombre de la mamá, no el del papá. Nosotros vamos por que en el certificado de defunción diga el nombre del bebé y que el papá sea reconocido, como la mamá. Que el entierro sea con su identidad, social y simbólica, aunque no sea una identidad jurídica”, afirmó Piñeyrúa.
El proyecto de la organización “no cambia la reglamentación vigente”, sino que se basa “en cosas que hoy existen y simplemente no están implementadas o están mal implementadas”, agregó Piñeyrúa. En ese sentido, remarcó que hay diferencias con el proyecto de las legisladoras de la coalición, incluso “a nivel clínico”. “El no poner límite de gestación hace que un papá o una mamá con una gestación de diez semanas pueda enterrar a su hijo, y esto clínicamente y jurídicamente hablando no es viable, porque hay que cambiar todas las leyes”, indicó, y señaló que “muchas veces este bebé mide cuatro centímetros y no puede ser separado de los restos placentarios. Eso no puede enterrarse, jurídicamente”.
“Nosotros consideramos, como organización y como padres que lo hemos vivido y padecido, que no podemos darle un derecho a una mamá y que después el médico diga ‘no hay bebé’. Porque ese bebé mide tres centímetros y es placenta. Fríamente hablando, es un coágulo”, aseveró, y resaltó que esto podría implicar un “choque” entre “lo jurídico y lo real”, lo cual “vulnera muchos derechos de los padres; en principio, el derecho a la salud mental”.
Terreno complicado
El ginecólogo Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, manifestó algunos reparos sobre ambos proyectos de ley, en nombre de la organización Iniciativas Sanitarias, que funciona en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell y la cual preside. Briozzo es también jefe de Maternidad en ese hospital y fue subsecretario de Salud durante el gobierno de José Mujica. Iniciativas Sanitarias es una asociación civil que trabaja en pos de garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
En diálogo con la diaria, Briozzo señaló que hay fuertes reparos en la organización respecto del proyecto de Asiaín y Sanguinetti, al que tildó de “antidemocrático”, y acusó de tener una visión “contraria al Estado laico” y una impronta “religiosa”. Asimismo, afirmó que “el conocimiento científico y tecnológico claramente diferencia la vida embrionaria de la vida fetal y reconoce a esta última como el período en el que el feto es viable de nacer y podría tener chances de vivir”. Según dijo, “se puede hablar de vida fetal a partir de las 22 semanas de gestación y más de 500 gramos de peso”, de acuerdo con el criterio de la Organización Mundial de la Salud. “Antes estamos en un terreno muy complicado”, apuntó.
Briozzo explicó que esta distinción no es arbitraria, sino que surge a partir de que “a las 22 o 24 semanas el feto comienza a tener posibilidades, si nace, de sobrevivir. Antes de esa fecha es imposible. Hay un período gris que va entre las 22 y las 24 y por encima de las 24 se lo considera capaz de tener una vida extrauterina”, indicó. Para el médico, “Asiaín y Sanguinetti políticamente lo ignoran [al criterio], lo cual es peligroso”. En su opinión, la iniciativa de las legisladoras “implicaría, en términos históricos, retrotraernos a la Edad Media”.
En ese sentido, Briozzo señaló que se debe limitar cualquier proyecto de este tipo al período que va desde las 22 semanas de gestación al término del embarazo, en el que la literatura internacional considera que existe muerte fetal o perinatal. “En ese contexto nuestra idea principal es que tenemos que facilitar las condiciones para que en la atención de salud la mujer y su entorno tengan todas las posibilidades para hacer un duelo saludable”, sostuvo, y señaló que en esa línea el proyecto de Luz del Cielo es correcto, aunque es necesario que “explicite” que es “la mujer la que tiene que resolver”, para no dar lugar a situaciones de violencia de género.
Por su parte, el proyecto de Asiaín y Sanguinetti establece que la decisión acerca del destino del “nacido sin vida” y el consentimiento informado deberán consignarse por escrito y bajo la firma de por lo menos uno de los progenitores. Para Briozzo, la sola firma del padre para dar inicio a un proceso de este tipo “es un disparate”, y puso como ejemplo el caso de que una mujer decida interrumpir un embarazo surgido a partir de una violación, y el violador quiera reconocer ese embrión, y se preguntó: “¿La ley lo va a amparar?”. Para Briozzo, “no hay que ser muy perspicaz para ver que hay un intento de contrabandear una agenda antiderechos muy clara, una agenda que impone el destino de la maternidad a la mujer, aunque no lo quiera”, en el proyecto de Asiaín y Sanguinetti.
Una decisión personal
La psicóloga Ivana Leus, cofundadora de Iniciativas Sanitarias, dijo a la diaria que la propuesta de Luz del Cielo es positiva, en el sentido de que busca dar “reconocimiento social” al duelo por la pérdida de un hijo no nacido. “El reconocimiento social es muy importante a la hora de procesar los duelos. Es muy difícil cuando no se puede nombrar, cuando no está legitimado por los otros que eso sucedió. En ese sentido, [es bueno] que la partida [de defunción] incluya el nombre que se haya elegido, así como los otros datos”, consideró.
Pero Leus hizo énfasis en la necesidad de individualizar los casos y no generalizar, con el argumento de que la forma en que cada mujer transita este duelo “es muy personal”: “Muchas veces en la interrupción de un embarazo hay un duelo posterior, hay una sensación de pérdida, pero eso es muy personal y una ley no puede imponer que todos lo vivan de la misma forma”, reflexionó, y destacó que esto es “muy importante, incluso, para la vida reproductiva”. “Más adelante, en otro momento, si se decide tener otro hijo es importante que sea otro, separado y bien diferente de ese que no pudo vivir”, explicó.
Por otra parte, coincidió con Briozzo en que no se debe facultar al varón a “decidir sobre el producto de ese embarazo, más allá de lo que pueda sentir la mujer”, porque esto “puede llevar a situaciones de extrema violencia”. Ambos especialistas coincidieron también en que muchos de estos casos generan situaciones de “shock”, por lo que no se debe obligar a tomar la decisión en seguida, y resaltaron que ese punto debe ser tenido en cuenta por los proyectos.
Dificultades logísticas
El presidente de la Sociedad de Ginecotología, Claudio Sosa, consideró que conceptualmente las iniciativas “están bien”, pero identificó algunas dificultades “logísticas” en el proyecto de Asiaín y Sanguinetti, dado que cuanto más temprana es la edad de gestación, mayor es la frecuencia de los abortos espontáneos, que afectan a entre 15% y 20% de los embarazos. De esa cifra, 10% o 12% ocurren “muy precozmente”, señaló Sosa, lo cual hace “poco viable” el proceso de inhumación o cremación, dado que a veces el aborto se manifiesta como un sangrado.
“En esos casos la logística no está tan clara. Pero hay tantas visiones como personas que lo viven; tenés pacientes que ante una muerte de 11 semanas hacen un duelo tremendo, ¿y esa paciente por qué podría no estar incluida? Ese es un punto”, reflexionó Sosa.