El Ministerio Público Federal (MPF) brasileño decidió enviar al área Criminal una causa que investiga detalles de la compra de la vacuna india contra la covid-19 Covaxin por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.
La fiscal Luciana Loureiro Oliveira vio evidencia de delito en la contratación y señaló en el escrito que presentó que pueden existir “intereses divorciados del interés público”.
De acuerdo a lo que informó el diario O Estado de São Paulo, el contrato para la compra de 20 millones de dosis de Covaxin por 300 millones de dólares ya viene siendo objeto de una investigación civil en el MPF. Ante las sospechas de que en el marco de la transacción podría haber ocurrido un delito, la fiscal Oliveira solicitó que el caso fuera remitido a la Oficina de Lucha contra la Delincuencia e Improbidad Administrativa.
Uno de los elementos utilizados en la investigación fue el testimonio de un funcionario que señaló una presión inusual desde la cúpula del gobierno para tratar de agilizar la importación del inmunizante indio.
En su testimonio a la fiscalía, un funcionario del Ministerio de Salud señaló que existieron “presiones anormales” para la adquisición de Covaxin. El empleado informó haber recibido “mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas y solicitudes de reunión” fuera de su horario de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Este testimonio ya está en poder de la comisión del Senado que viene investigado la gestión de la pandemia realizada por el gobierno de Bolsonaro.
El funcionario ministerial aseguró en su testimonio ante la fiscalía que este tipo de presión no se dio en relación con las otras vacunas contra el coronavirus que Brasil adquirió. El coordinador general de Insumos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud, el teniente coronel Alex Lial Marinho, fue apuntado de ser el responsable de ejercer esta presión dentro de la cartera. Marinho, formó parte del grupo de asesores más cercanos durante la gestión del exministro de Salud, el general Eduardo Pazuello.
Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores a los que accedió O Estado de São Paulo muestran que el gobierno compró la vacuna india Covaxin a un precio un 1.000% más alto que el que había anunciado seis meses antes el propio fabricante. Una comunicación confidencial de la embajada brasileña en Nueva Delhi de agosto del año pasado informaba que la vacuna producida por el laboratorio indio Bharat Biotech tenía un precio estimado de 100 rupias, algo menos de un dólar y medio por dosis. En diciembre, en otro documento diplomático, se decía que el inmunizante hecho en India “costaría menos que una botella de agua”. Finalmente, en febrero de este año, el Ministerio de Salud pagó 15 dólares por cada dosis de la Covaxin, la más cara de las seis vacunas compradas hasta el momento.
De acuerdo a los datos existentes, la orden de compra de la vacuna india vino personalmente del presidente Bolsonaro. En este caso, la negociación duró aproximadamente tres meses, un período mucho más corto que en otros acuerdos de compras de vacunas. En el caso de Pfizer, las conversaciones entre el laboratorio y el gobierno brasileño duró casi 11 meses, período en el que el precio ofrecido no varió -10 dólares por dosis. Siendo incluso más barata que la vacuna india, el costo de la vacuna de Pfizer fue utilizado como argumento por el gobierno de Bolsonaro para retrasar la compra, que recién se cerró en marzo de este año.
Otro elemento que levantó sospechas en la fiscalía, fue que, en este caso, a diferencia de lo que pasó con la compra de otras vacunas, que fueron negociadas directamente con sus fabricantes, la adquisición de Covaxin por parte de Brasil tuvo como intermediaria a la empresa Precise Medicines.
Esta compañía está en la mira de la comisión del Senado, que la semana pasada pidió a la Justicia la autorización para la ruptura del secreto telefónico, telemático, fiscal y bancario de uno de sus socios, Francisco Maximiano, quien este miércoles prestará testimonio ante los legisladores.