Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La idea de que el Estado brinde reparaciones a “las víctimas de la guerrilla”, en presunta equivalencia con las recibidas por víctimas del terrorismo de Estado, reaparece cada tanto. Cuando su portavoz está al frente del Ministerio de Defensa Nacional, como ocurrió en estos días, resulta especialmente necesario plantear algunas precisiones.
El ministro Javier García afirmó la semana pasada, durante una entrevista en radio El Espectador, que él “razona y dice: víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, de sectores que estuvieron enfrentados”, y que como entre ellas hubo “víctimas de la guerrilla y de los grupos armados, [...] corresponde también la reparación económica para las familias, no importa si de civiles o militares”. Ese razonamiento tiene defectos insalvables.
Las reparaciones actuales no existen por motivos relacionados con el “bando” ideológico de las víctimas: el Estado resarce debido a su responsabilidad en actos ilegales, cuando la Justicia llega a la conclusión de que los cometió con medios propios o valiéndose de personas que no eran funcionarias. Compensa en la parcial medida de lo posible, y se queda notoriamente corto.
No se trata de indemnizaciones a raíz de cualquier violencia contra gente de izquierda por parte de gente de derecha. En otros países corresponden reparaciones por lo que hizo, desde el aparato estatal, gente autoidentificada como izquierdista. No es tan difícil de entender: por eso se llama “terrorismo de Estado”.
Hay límites vinculados con la gravedad del daño: por ejemplo, el ministro García y muchas otras personas debieron vivir, cuando eran jóvenes, en el ambiente tóxico creado por la dictadura, con trabas y amenazas ilegítimas a su libertad, pero el Estado no les otorga por ello ninguna reparación.
Desde los años 60 del siglo pasado, la violencia política desde grupos de izquierda incluyó homicidios y diversas violaciones de los derechos humanos de muchas personas, con muy distintas orientaciones ideológicas y a veces ajenas a los conflictos de la época. En una gran cantidad de casos esto tuvo consecuencias para los victimarios, con o sin procesos legales, y hubo también delitos que quedaron impunes.
Cuando los damnificados fueron funcionarios en actos de servicio, el Estado tuvo obligaciones legales específicas, y el proceso histórico determinó que, durante muchos años, la dictadura pudiera cumplir con ese deber o ir más allá de él sin que se le plantearan objeciones o resistencia. Por supuesto, si hay víctimas o familiares de víctimas que consideran incumplidas tales obligaciones, tienen todo el derecho de reclamar.
En el caso de los perjuicios sufridos por otras personas debido a violencia de grupos izquierdistas, el Estado no tiene obligación de otorgar reparaciones, como sucede en muchos otros casos con los que no tuvo nada que ver (incluyendo unos cuantos actos de violencia derechista contra la izquierda que no fueron parte del terrorismo de Estado). No se trata de que haya víctimas de primera y segunda categoría: hay o no hay responsabilidad estatal. García está en condiciones de entenderlo con un pequeño esfuerzo.
Hasta mañana.