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El ministro Luis Alberto Heber y Rodrigo Ferrés, durante la interpelación por la extensión de la concesión de la terminal portuaria a Katoen Natie.

Foto: Federico Gutiérrez

Gobierno presentará proyecto de ley para controlar tarifas portuarias, a pedido del Partido Colorado

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El ministro interino Heber detalló que será una “unidad reguladora de asesoramiento” de la ANP, para que “esté muy arriba y estudie técnicamente el tema tarifario”.

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En medio de la interpelación a Luis Alberto Heber por el acuerdo del Poder Ejecutivo con la empresa belga Katoen Natie sobre la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo hasta 2081, el senador blanco Sergio Botana dijo que la Administración Nacional de Puertos (ANP) “debe cuidar” los precios de las tarifas portuarias, algo que el contrato en discusión “no contempla”.

“Creo que es bueno decirlo con todas las letras. Me parece una omisión y se lo he transmitido en algún momento al señor ministro. Pero es tan trascendente como subsanable, porque el artículo 7 de la Ley de Puertos pone en manos de la ANP la fijación de precios máximos. La ANP debe ejercer ese derecho y es su principal obligación con el país”, señaló.

Botana agregó que se debe desarrollar “alguna unidad técnica” y “robusta”, con “técnicos de calidad e independencia”, para tales fines. Ante esto, Heber pidió una interrupción a su correligionario, para anunciar que los ministros acaban de firmar un proyecto de ley que llegará al Senado entre hoy y mañana, propuesto por el Partido Colorado, para crear una “unidad reguladora de asesoramiento” de la ANP, para que “esté muy arriba y estudie técnicamente el tema tarifario”, y así “poder tener pleno control, aplicando el artículo 7” de la Ley de Puertos (16.246).

Esta había sido adelantada semanas atrás por la diaria, detallando que se trata de un organismo que tendría roles similares a la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, aunque aplicado a los servicios portuarios y de logística.

Uno de los aspectos esgrimidos por los colorados es que la ANP debe dejar de ser “juez y parte” de la actividad, por su rol como regulador, por un lado, y como socio de TCP, por otro.

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