La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se presentó este miércoles ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar penalmente al ministro del Interior y extitular de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, y a otros funcionarios -en concreto, al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola- por sospechas de “abusos de funciones” y otros delitos durante la negociación que concluyó en la firma de un nuevo acuerdo de concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.
En la denuncia penal, a la que accedió la diaria, los senadores opositores describieron todas las instancias en las que pidieron información sobre el acuerdo y su proceso de negociación y detallaron la información oficial a la que pudieron acceder. De lo descrito se desprenden “irregularidades y hechos con apariencia delictiva cometidos en todo el proceso”, y centran las acusaciones en Heber y Curbelo.
Más tarde, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió en Twitter a la denuncia presentada por los senadores: “Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”.
Dirigentes de la oposición cuestionaron el mensaje del mandatario y manifestaron que es una “forma de presión” a la Justicia. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, afirmó en la misma red social que la división de poderes “es sagrada” y opinó: “Que un Presidente se adelante al análisis de la Justicia no es buena señal. Quien determina las responsabilidades es el Poder Judicial. Aunque no haya sido la intención, es una forma de presión”.
En tanto, el diputado Daniel Caggiani sostuvo en la misma red social que no parece “muy liberal” ni “republicano” el mensaje. “Si el presidente quiere aclarar algo, puede ir a declarar cuando corresponda. Lo correcto en un Estado de derecho es que la Justicia pueda actuar con absoluta libertad, independencia y sin ningún tipo de intimidación”.
En la misma línea opinó el senador Charles Carrera, quien afirmó que “frente a las graves irregularidades e ilegalidades denunciadas por el FA en la entrega del puerto”, Lacalle Pou reaccionaba de “forma destemplada”. “La institucionalidad y el sistema judicial deben trabajar sin ninguna clase de presiones. Respeto”, acotó.
“Actos engañosos varios”
En el texto presentado ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos se expresa que “con la excusa infundada de evitar un supuesto juicio millonario que la empresa haría al Estado Uruguayo, los negociadores, de manera absurda, inverosímil e inexplicable, acuerdan otorgar un monopolio privado y otra cantidad de beneficios” a Katoen Natie y, para ello, “los denunciados perpetraron una serie de estratagemas y actos engañosos varios, que evidencian una clara simulación para conferir un beneficio indebido a la empresa, en perjuicio de otras empresas y del país, abusando de los poderes conferidos por el cargo que ostentan, violando una multiplicidad de leyes con conciencia y voluntad”.
En su consideración, los representantes del gobierno idearon “una estratagema basada en argumentos inverosímiles para justificar el acuerdo, para a través de falsedades jurídicas terminar generando un beneficio indebido a una empresa”, pero una de las quejas principales es que “resulta incluso difícil de calificar, en cuanto a su grosera y rampante ilegalidad, el hecho de que el gobierno tomó semejante decisión sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como ‘dueños del Estado’”.
Los senadores del FA denunciaron que “las autoridades rehusaron realizar las consultas y obtener los asesoramientos mínimos, que era de orden requerir a los servicios de los organismos especializados en la materia que ellas mismas dirigen, como lo son la ANP y el MTOP [Ministerio de Transporte y Obras Públicas]”. Según una serie de motivos que detallaron en su denuncia, “existen razones para creer que los profesionales de los organismos están convencidos de la flagrante ilegalidad de las decisiones adoptadas, lo cual pone en contexto la decisión de no involucrarlos”.
Mesa chica
En la denuncia se indica que la normativa vigente “exige que la ANP asesore al Poder Ejecutivo en forma previa a la prórroga de cierto tipo de concesiones portuarias y antes de aprobar normativa portuaria”, pero “todo esto no sucedió y la prórroga se efectuó sin el asesoramiento preceptivo del Directorio de la ANP”.
La “maniobra premeditada” para saltear el análisis del Directorio de ANP, según los senadores del FA, podría resumirse así: “Los hechos ya estaban consumados el 25 de febrero de 2021 cuando el Estado suscribió el acuerdo, pero los Decretos 114/021 y 115/021 (que hacen parte del mismo), tienen fecha 21 de abril de 2021, casi dos meses después de que el Estado ya había asumido las obligaciones a través del acuerdo. Esas modificaciones de la normativa portuaria no se podían procesar legalmente sin previas resoluciones de la ANP. [...] Estas decisiones debían ser necesariamente tomadas por el directorio de la ANP, y, sin embargo, su presidente Juan Curbelo las adoptó en solitario, sin dar siquiera noticia en forma previa o posterior a los demás miembros del directorio”.
Además, para el decreto 115/021, del Reglamento General de Atraque de Buques, la denuncia dice que “se añade una irregularidad adicional, ya que la nota que firma el Dr. Curbelo, que está fechada el mismo día del decreto respecto del cual se formula el supuesto asesoramiento (21 de abril), está contenida en un expediente en el que la hora de creación y en el que todas las actuaciones son posteriores a la publicación del decreto respecto del cual se estaba formulando el asesoramiento preceptivo y previo”. Los denunciantes consideraron “gravísimo” que Curbelo haya decidido por su propia voluntad “levantar este obstáculo jurídico” para que pudiera llevarse a cabo el acuerdo, ya que, “sin esta colaboración, no se podía proceder a consolidar los beneficios ilegales” para Katoen Natie.
Los senadores entienden que “hacer partícipe al Directorio de la ANP de la decisión” hubiese significado “difundir el marco normativo proyectado antes de dictar los decretos que lo consolidaban, ya que los otros directores indudablemente habrían realizado consultas jurídicas y presentado objeciones”. “Los denunciados omitieron someter al Directorio de la ANP las decisiones, actuando con conciencia y voluntad de saltear los procedimientos y formalidades legales”, señalaron y consideraron que esto “no se trata de mera negligencia o impericia, sino de un verdadero ocultamiento ilícito del acuerdo firmado y de los actos administrativos proyectados, debido a la convicción de que sólo de esta manera se podía consumar el resultado buscado”, es decir, “la aprobación de las resoluciones y decretos que consolidan beneficios ilícitos” para Katoen Natie.
En resumen, los senadores del FA consideran que en todo el proceso en torno al acuerdo con la firma belga hay “graves hechos” que son “potenciales reatos de variada índole”, como “eventual usurpación de funciones”, “falsificación ideológica por un funcionario público”, “conjunción del interés personal y del público” y “un rematado abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”.
Por otro lado, en la denuncia se agregaron informes elaborados por economistas que indican que estas “decisiones ilegales” le garantizan a la empresa “beneficios instantáneos” que superan los 1.000 millones de dólares, “mientras que los perjuicios irrogados al Estado (costos en los que se incurre para cumplir con el contrato y que aprovechará en forma exclusiva o casi exclusiva la empresa)” serían mayores a los 2.000 millones de dólares.
Por último, la denuncia indica que lo resuelto por el gobierno expuso al Estado “a acciones legales por parte de las empresas perjudicadas por el monopolio ilegal que se está instalando”, lo que “no deja de ser paradójico”, ya que el acuerdo con la firma belga “se justificó por la supuesta necesidad de evitar otro litigio”.
En una conferencia de prensa luego de presentar la denuncia, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que allí terminaba “un proceso de investigación” de los legisladores opositores y que “la tesis del FA” es que “se ha configurado una serie de delitos muy graves en perjuicio del país”. Entre otros aspectos, consideró que “hay un conjunto de decisiones que se debían haber tomado en el ámbito del directorio de la ANP”, de las que “se apropiaron el presidente de la ANP y el ministro del momento, Luis Alberto Heber”.
Carrera aseguró que el FA no busca judicializar la política con esta denuncia, pero afirmó que el acuerdo con Katoen Natie es “infirmable” y que causará “un perjuicio económico enorme para el país”.