Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El fiscal Gilberto Rodríguez dispuso el archivo de las denuncias contra el diputado sanguinettista Germán Cardoso por su gestión en el Ministerio de Turismo. Al igual que en la causa sobre el acuerdo del Poder Ejecutivo con Katoen Natie, que el mismo fiscal decidió archivar hace una semana y media, Rodríguez sostuvo que hubo apartamientos comprobados o probables de las normas administrativas, pero que no contaba con elementos suficientes para probar que se hayan cometido delitos penales ni que se haya actuado con la intención de causarle un perjuicio al Estado. También al igual que en aquella causa, los legisladores frenteamplistas denunciantes ejercerán su derecho a pedir que el caso sea revisado por otro fiscal.
Ambos procesos tienen otra característica en común: implicaron el traslado al sistema judicial de controversias que tuvieron y tienen una fuerte repercusión política, aunque cabe señalar que su origen fue notoriamente distinto. La denuncia por la extensión hasta 2081 de la concesión a Katoen Natie fue desde el comienzo una iniciativa del Frente Amplio (FA), pero la referida a la gestión de Cardoso en Turismo tuvo como disparador inicial cuestionamientos planteados en una entrevista con el semanario Búsqueda por el exdirector nacional de ese ministerio, Martín Pérez Banchero, quien también es colorado pero no sanguinettista.
No es la primera vez que se produce este tipo de traslado, que suele etiquetarse como “judicialización de la política”. Hubo algunas denuncias muy sonadas cuando el FA ejercía el gobierno nacional, y en este período el oficialismo ha presentado varias otras contra sus antecesores, tras diversas auditorías en organismos públicos y hasta ahora sin consecuencias a la vista.
También se denunció a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por el proyecto Antel Arena; al senador Charles Carrera por su actuación en el Ministerio del Interior; a Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff por su desempeño en el Ministerio de Turismo, y recientemente se agregó una denuncia sobre la presunta filtración desde el Parlamento de un documento referido al Plan Nacional de Inteligencia (en los dos últimos casos, el archivo también fue dispuesto por el fiscal Rodríguez).
No corresponde meter todo en la misma bolsa, y es indudable que si una fuerza política considera realmente que hubo delitos en la gestión de sus adversarios, no cabe otra cosa que denunciarlos, pero es preciso plantear algunas acotaciones.
En primer lugar, a veces la apelación al sistema judicial, sean quienes sean los acusadores, parece ante todo un intento de desprestigio, que puede rebotar sobre el sistema partidario en su conjunto. En segundo lugar, y sean quienes sean los acusados, el archivo de una causa no es un certificado de inocencia, y dista mucho de significar que todo se hizo correctamente.
En tercer lugar, la judicialización es a menudo un síntoma de que la política está demasiado polarizada, y a su vez aumenta la polarización, instalando una indeseable equivalencia entre “adversario” y “delincuente” que poco ayuda a la convivencia política y social.
Hasta mañana.