Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hace 754 días, el 13 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo decretó una emergencia sanitaria ante los primeros diagnósticos de covid-19. Ayer anunció que le pondrá fin, una noticia que en los últimos meses se vio venir y perdió potencial dramático, por la clara evolución favorable de todos los indicadores. Si no llegó un poco antes, quizá fue porque las autoridades prefirieron evitar alguna polémica trasnochada en los días previos al referéndum.
En realidad, el decreto de 2020 todavía está vigente. El Ejecutivo suele generar titulares por partida doble, primero con el anuncio de que tomará una decisión y luego al adoptarla, de modo que, si en algún momento se afirmó que el país estaba en una “fase de prevacunación”, ahora se podría decir que comenzó un breve período de precese de la emergencia sanitaria.
En estos días se ensayarán distintos tipos de balance de este largo período, que tuvo consecuencias en muchos terrenos, pero ante todo es preciso recordar que hubo miles de muertes, y que afectaron en mayor medida a la población más vulnerable.
En lo estrictamente sanitario, el balance general positivo de la gestión gubernamental no debería ocultarnos que hubo luces y sombras. Como se habla mucho de los aciertos, parece justo y oportuno rememorar también algunos errores.
Más allá de los relatos épicos, la “libertad responsable” fue una apuesta que salió bien, cuando se sabía poco sobre la enfermedad y nadie tenía certeza sobre cuál era la estrategia más adecuada, pero es obvio que la política sanitaria no debe guiarse por convicciones filosóficas, sino por el análisis de la evidencia disponible.
La centralización de esfuerzos y el temor a que se viera desbordada la disponibilidad de cuidados intensivos debilitaron el primer nivel de atención, y esto no sólo implicó el descuido de otras enfermedades, sino también resultados por debajo de lo posible en la prevención y el diagnóstico temprano de la propia covid-19.
Parte de las personas mayores quedaron cruelmente aisladas y al borde del desamparo. Todo indica hoy que la suspensión de clases causó perjuicios excesivos e innecesarios a los procesos de socialización y aprendizaje.
Las políticas públicas de comunicación dejaron mucho que desear, y pronto cayeron en rutinas de impacto decreciente. Se anunció un estudio para identificar a los grupos que incurrían en conductas de riesgo evitables y adecuar las campañas a sus características, pero nunca se vieron resultados.
Hubo dificultades importantes para poder iniciar la vacunación, cuyo efecto podría haber sido mejor si al comienzo, en el peor período de contagios, internaciones y fallecimientos, hubiera sido acompañada por algunas medidas transitorias para limitar la movilidad social, como había recomendado con anticipación el Grupo Asesor Científico Honorario.
Todo esto hay que tenerlo presente además de evaluar los impactos económicos y sociales, las medidas al respecto (mucho más discutibles que las sanitarias), los cambios culturales o el modo en que la pandemia desbarató todas las previsiones políticas (oficialistas y opositoras) sobre los primeros años de este gobierno nacional. Y habrá que ver, finalmente, qué aprendimos.
Hasta mañana.