Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La central sindical ya definió, en un debate interno, las propuestas de reforma constitucional sobre seguridad social que quiere someter a consulta popular, realizó los trámites correspondientes y ha comenzado a recolectar firmas para que el plebiscito se realice en forma simultánea a las próximas elecciones nacionales. El contenido del proyecto es, por lo tanto, un hecho consumado y no se puede modificar.
La cuestión es que, en el debate interno del PIT-CNT, primaron las posiciones del sindicato de trabajadores de la seguridad social, que sin duda cuenta con muchos conocimientos acerca del sistema que se busca reformar, pero no se plantearon o fueron rechazadas otras posiciones, de personas que por su especialización laboral también manejan abundante información sobre el funcionamiento del sistema de seguridad social y herramientas para analizarlo.
Estas otras posiciones, que en gran parte se habían manifestado antes de que el PIT-CNT definiera el texto de su propuesta, se integran ahora al debate público y señalan problemas de importancia.
En el suplemento Economía de ayer publicamos dos artículos en esta línea, uno de Gonzalo Zunino y otro de Jimena Pardo, Martín Vallcorba y Braulio Zelko. En ellos se argumenta que la reforma planteada, al aumentar el desembolso estatal en jubilaciones y pensiones, acotaría mucho el margen disponible para impulsar otras políticas, incluyendo las vinculadas con el fortalecimiento del sistema nacional de cuidados y las orientadas a reducir la pobreza infantil y adolescente.
También se apunta a que aumentarían varias inequidades actuales del sistema, como las debidas a que existe un importante subsidio público a prestaciones de retiro altas, entre ellas las de la llamada Caja Militar.
A todo esto se suma que, como dijo ayer a la diaria Pablo Andrade, dirigente del sindicato bancario, los cambios que promueve el PIT-CNT dejarían sin efecto la reforma de la Caja Bancaria negociada por ese sindicato, la asociación de bancos y el Poder Ejecutivo para revertir la situación crítica de la institución. El acuerdo, que el Parlamento se dispone a convertir en ley, incluye entre otras cosas un aumento de la edad mínima de retiro que pasaría a ser inconstitucional.
Habrá quizá quienes, jugados a la defensa del proyecto que se quiere plebiscitar, opinen que la línea divisoria ya está trazada con claridad, y que todas las críticas a la reforma impulsada implican alinearse con el oficialismo y las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), pero los cuestionamientos antedichos provienen de personas y sectores que se opusieron duramente a la ley aprobada este año.
Lo que está ocurriendo es un costo inevitable de la forma en que se decidió impulsar esta reforma: no con un amplio debate previo que reuniera a organizaciones sociales, académicos y partidos, sino a partir de definiciones irreversibles del PIT-CNT, que luego otros actores sociales y políticos deben tomar o dejar integralmente. Si la discusión de las críticas se hubiera realizado antes, cada parte habría podido exponer sus argumentos con miras a despejar dudas, corregir errores y consolidar alianzas tras una propuesta compartida.
Hasta mañana.