Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El proyecto de ley sobre financiamiento de partidos que fue aprobado el martes por la Cámara de Representantes tiene muchos defectos. Entre otras cosas, no jerarquiza la necesidad imperiosa de prevenir los aportes del crimen organizado, cuyo avance en Uruguay es innegable; aumenta los requisitos de transparencia, pero no refuerza los recursos para el contralor, que en la actualidad son escasos al borde del ridículo; no roza siquiera las tareas de prevención del financiamiento (demasiado habitual) mediante gastos estatales destinados a otros fines; y establece, por iniciativa del oficialismo, “contraprestaciones” a definir por el Poder Ejecutivo para los canales privados por el mínimo de publicidad preelectoral que deben emitir sin cobrarles a los partidos. Y es posible que ni siquiera este proyecto defectuoso se convierta en ley a tiempo para ser aplicado en las elecciones del año próximo.
Estamos hablando de una iniciativa que estuvo desde 2020 a estudio de comisión en Diputados, y que además es el reciclaje de otra presentada en 2017, que no se aprobó por la disidencia del entonces diputado frenteamplista Darío Perez (hoy integrante del Partido Nacional), y cuyo tratamiento se decidió trasladar en 2019 al actual período de gobierno. Tiempo no ha faltado para estudiarla, discutirla y proponer todos los cambios o agregados que se consideraran necesarios.
No se trata de que extensos debates en comisión hayan demorado el proceso, al que recién este año se le adjudicó una prioridad real, y que se aprobó este mes en Diputados, a menos de un año de las próximas elecciones y cuando ya habían pasado las oportunidades de un presupuesto quinquenal y tres rendiciones de cuentas en las que se habría podido asignar recursos para las tareas que este proyecto les asigna a varios organismos. En la Rendición de Cuentas del año que viene esto ya no será viable.
Ahora el texto aprobado en Diputados pasó al Senado, fue asignado a una comisión especial de 15 integrantes y comenzará a tratarse en ella, pero 2023 llega a su fin, el Parlamento entrará en su receso veraniego (que en los años electorales suele ser de especial inactividad, debido a la cercanía de muchos meses de campaña) y ya hay quienes prevén que “va a ser muy difícil” que, aun si se convierte finalmente en ley, sus disposiciones tengan consecuencias el año que viene.
Cabe intercalar aquí que, si bien cada integrante del Poder Legislativo tiene el derecho y el deber de analizar cualquier proyecto con su propia mirada, en casos como este resultaría entre incomprensible e irritante que las discusiones recomenzaran prácticamente desde cero, sin que existan definiciones previas de todos los partidos para acelerar el trámite y evitar el ritual de que la comisión del Senado convoque, una vez más, a las mismas personas e instituciones que ya fueron convocadas por la comisión de la otra cámara para exponer sus puntos de vista.
En todo caso, sería muy saludable que, si se complica la aprobación a tiempo de todo el proyecto, por lo menos se haga el esfuerzo de convertir en ley lo que todos los partidos están dispuestos a votar, para que no terminemos otra legislatura sin el menor avance.
Hasta mañana.