Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
A los gobiernos les suele molestar que instituciones extranjeras e internacionales señalen problemas de Uruguay, y el actual no es por cierto la excepción. Además, muchos dirigentes y simpatizantes del oficialismo están convencidos de que esos señalamientos son instigados por la izquierda local, con complicidades fuera del país.
Por eso, tras la difusión ayer de un comunicado de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acerca de la emergencia hídrica en nuestro país, con cuestionamientos y recomendaciones a las autoridades, no hubo que esperar mucho antes de que comenzaran las protestas en medios de comunicación y redes sociales, a los que se sumó en la tarde una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También fue previsible que esta respuesta se centrara en algunos aspectos discutibles o tergiversables del comunicado de la ONU, sin mencionar otros de indudable pertinencia, entre ellos los que refieren a cuestiones de fondo detrás de esta crisis coyuntural.
Los especialistas del foro mundial señalaron que la situación de emergencia “afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”. Cancillería no lo rebatió al afirmar, en una frase muy enrevesada, que “se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo” el agua “bebible” suministrada por OSE al área metropolitana. Es la vieja historia del vaso medio lleno o medio vacío, aunque en este caso el contenido del vaso esté a mitad de camino entre el agua potable y la salmuera.
El ministerio destacó que las medidas gubernamentales ante la emergencia están “cubriendo ante esta emergencia hídrica a más de 540.000 uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias”, como si esto respondiera al señalamiento de que los Estados tienen la obligación de “garantizar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias”.
La respuesta subraya que “a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua”, pero esto no es motivo para despreocuparse porque, como el propio ministerio apuntó, las autoridades no priorizan la prevención de “riesgos químicos” como los vinculados con el aumento de la salinidad, debido a que “por lo general” son crónicos”.
Los puntos a los que Cancillería optó por no responder fueron, significativamente, la afirmación de que “el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país”; el reproche de que las recomendaciones de no derrochar el líquido “no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción”, lo cual implica “no priorizar” el uso de agua para consumo humano; y la advertencia de que la recomendación de beber agua embotellada a varios grupos de riesgo “crea un riesgo de privatización de facto”.
Hasta el lunes.