Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cabildo Abierto (CA) dio ayer un paso más en su línea de trabajo hacia las elecciones del año que viene , matando dos pájaros de un tiro.
El senador Guido Manini Ríos anunció que su partido no votaría el proyecto de Rendición de Cuentas si el resto de la coalición de gobierno no aceptaba incluir en él, mediante la reasignación de 500 millones de pesos, partidas para aumentos salariales al personal de menor rango en las Fuerzas Armadas y para incluir a Sanidad Militar en el plan de atención de salud mental y adicciones.
De este modo, profundizó su perfil de oficialismo disidente (o de opositor gobernante), y al mismo tiempo apuntó a consolidarse como el mejor representante de la nada despreciable cantidad de votantes militares.
La demanda de CA había sido rechazada durante la discusión del proyecto en la bancada de diputados oficialistas, y Manini afirmó que el ministro de Defensa Nacional, Javier García, no estaba de acuerdo con satisfacerla.
El senador sostuvo que estaba en juego el cumplimiento del acuerdo preelectoral para apoyar a Luis Lacalle Pou en el balotaje de 2019, pero en ese documento sólo hay un compromiso genérico de “establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos”.
También alegó Manini que el personal subalterno de las Fuerzas Armadas es “el sector que está con los sueldos más bajos de la administración pública”, pero esto es relativo porque se trata de funcionarios que, a diferencia de casi todos los demás, reciben del Estado, además de salarios, alimentación y alojamiento.
El presidente Lacalle Pou hizo saber, antes de viajar ayer a Paraguay, que él no iba a negociar sobre el asunto con los cabildantes, pero no dijo que sí lo haría el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien al parecer le prometió a Manini que sus reclamos serán tenidos en cuenta cuando el proyecto llegue al Senado. Supongamos que Lacalle Pou estaba al tanto de que esto iba a ocurrir.
En todo caso, el incidente justifica señalar que, por una larga tradición en la política uruguaya, el centro de atención en las rendiciones de cuentas no es el informe sobre la aplicación de las normas aprobadas el año anterior (lo esencial e indispensable en un proyecto que lleva por nombre “rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal”), sino aspectos previstos por la Constitución como un agregado opcional: las modificaciones hacia el futuro del “monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos”, si el Poder Ejecutivo las considera “indispensables”, y las “creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas”.
A tal punto está naturalizada esta concepción que, ante la posibilidad de que el Parlamento rechace un proyecto de Rendición de Cuentas, lo que a todo el mundo le importa es recordar que se mantiene la estructura de ingresos y desembolsos aprobada el año anterior, pero no se le asigna relevancia a la perspectiva de que no se apruebe un informe sobre lo que ocurrió con la recaudación y los egresos previstos para el ejercicio previo.
Hasta mañana.