Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La coalición de gobierno nacional sigue formalmente unida. Los partidos que la integran volverán a competir juntos contra el Frente Amplio en las elecciones del año que viene, y sería muy malo para sus intereses anunciar que su acuerdo terminó para recrearlo poco después.
Nunca funcionó un organismo de conducción, coordinación o intercambio entre los líderes. Tampoco uno para profundizar los lineamientos comunes definidos antes del balotaje de 2019 y buscar nuevos entendimientos, de modo que la agenda colectiva se agotó hace ya tiempo. Este año es preelectoral, pero el “pre” vale sólo para el calendario: también hace tiempo que cada quien atiende su juego.
Los tres partidos oficialistas mayores encaran la precampaña desde realidades distintas. En el Colorado aún no se definieron las precandidaturas de los principales sectores, y en el Nacional sí, pero Cabildo Abierto (CA) les lleva ventaja a ambos porque siempre estuvo claro que el candidato es Guido Manini Ríos, y lo único que hay que resolver son los procedimientos para intentar que lo vote mucha gente.
La gran apuesta cabildante en este terreno es la propuesta de plebiscito de reforma constitucional sobre deudas personales, que puede ganarle apoyos nuevos y amplios. Pero también hay que mantener conforme al electorado de 2019, y muy especialmente a la “familia militar”.
Para esto ayudan, desde el punto de vista ideológico, proyectos como el que les concedería la prisión domiciliaria a todos los privados de libertad por sus crímenes en el marco del terrorismo de Estado, pero hay que mostrar también interés en los aspectos materiales, y es lo que CA está haciendo en relación con el proyecto de Rendición de Cuentas, último de este período en el que se pueden aprobar aumentos del gasto.
No puede sorprender a nadie que el partido de Manini reclame aumentos del gasto militar, como lo hizo en 2020, 2021 y 2022. Este año, con más razón por la cercanía de las elecciones, puso nuevamente en escena sus demandas, no sólo de aumentos salariales sino también de bonificaciones por trabajo nocturno y recursos para el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.
El procedimiento, como en años anteriores, es plantear reasignaciones una vez que el Poder Ejecutivo ya envió su proyecto al Parlamento, y esto asegura que el protagonismo sea de CA. Pero ahora hay presión adicional, porque ya en el debate de Diputados los cabildantes anunciaron que si el resto del oficialismo no aceptaba esas reasignaciones, ellos no aprobarían ni un artículo de la Rendición. En aquel momento hablaban de 500 millones de pesos; ahora, de 700.
El proyecto define el conjunto de los desembolsos estatales hasta la próxima ley de Presupuesto, que se aprobará en 2025, y CA considera que no aumentar el gasto militar justificaría que todo lo demás quede como estaba en la Rendición de Cuentas del año pasado.
El personal subalterno del Ministerio de Defensa Nacional no está bien remunerado, pero tampoco es el sector de la sociedad con necesidades más graves y urgentes (tiene, por ejemplo, alimentación asegurada). La idea de que el gasto militar es una prioridad absoluta en el Uruguay de hoy es entre descabellada e indignante.
Hasta mañana.