Hoy es 7 de octubre. Faltan 20 días para las elecciones nacionales.
En las campañas electorales no sólo se define quién gobernará el país durante los siguientes cinco años. Es también un tiempo en el que los partidos y sus dirigentes son mirados con atención por muchas personas, que actualizan su evaluación del sistema partidario. Esto implica grandes responsabilidades para quienes están bajo la lupa ciudadana: además de buscar un resultado medido en votos, también deberían cuidar el prestigio y la credibilidad de la democracia. Lamentablemente, a veces el modo en que actúan para alcanzar el primer objetivo es muy perjudicial para el segundo.
En Uruguay, el acceso de mujeres a cargos políticos relevantes es históricamente muy bajo. Nunca elegimos a una para la presidencia, y en estas elecciones ni siquiera hay candidatas. En el Poder Legislativo jamás estuvimos cerca de la paridad y actualmente la proporción de mujeres en las cámaras determina que ocupemos un mediocre lugar 96 en el registro de la Unión Interparlamentaria.
En 2009, con la intención declarada de atenuar la desproporción, se aprobó la Ley 18.476, que dice que cada lista para elegir el Parlamento debe incluir “personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes”, y establece el mismo requisito para las elecciones departamentales y de autoridades partidarias en cualquier circunscripción.
En la gran mayoría de los casos, estas disposiciones se cumplen con un criterio “minimalista”: una de cada tres candidaturas le corresponde a una mujer, pero lo más frecuente es que el primer lugar sea ocupado por un varón (en estas elecciones, sólo 25% de las listas al Senado y 27% de las listas a la Cámara de Representantes son encabezadas por mujeres). A la hora del reparto de bancas, la presencia femenina queda por debajo de un tercio.
Una de las mujeres que encabezó una lista a Diputados en 2019 fue la nacionalista Valentina dos Santos, quien renunció a su banca hace menos de tres meses, cuando fue condenada en la causa que investigó el pago de falsas horas extra y otros delitos en la Intendencia de Artigas.
Dos Santos quedó con sus derechos ciudadanos suspendidos y no pudo postularse en las elecciones nacionales de este año, pero como su condena terminará en enero y ella no oculta su intención de postularse al gobierno departamental artiguense el año que viene, el Partido Nacional (PN) decidió prohibirle el uso de su lema.
De todos modos, la exdiputada sigue al frente de su agrupación, y desde esta ya se adelanta que, si no puede ser candidata a la intendencia en 2024, esperan ganar con otra candidatura y que Dos Santos sea designada secretaria general para dirigir el gobierno departamental desde esa posición. También cabe la posibilidad de que el próximo directorio del PN opte por reincorporar a la dirigente si su agrupación vota muy bien en octubre, como pasó en Colonia con Carlos Moreira.
Son dañinas estas “vivezas”, entre otras cosas porque refuerzan la percepción de que muchos políticos hacen gestos para la tribuna, pero proceden en beneficio propio. Tal percepción se puede extender con facilidad a “los políticos” en general y afectar la confianza en el conjunto y en todas sus promesas.
Hasta mañana.