Hoy es 7 de noviembre. Faltan 17 días para el balotaje.
Víctor Björgan Barrios, exsecretario político de Wilson Ferreira Aldunate, exdirector de Canal 5 y desde 2020 director de Cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE, organismo dependiente de Presidencia), anunció el viernes de la semana pasada que sin dejar de ser “orgullosamente blanco” había resuelto apoyar, con su voto y sus conocimientos técnicos, a la fórmula frenteamplista integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Dos horas después lo llamó por teléfono el director de la SIEE, Álvaro Garcé, para decirle que si no renunciaba a ese organismo su contrato sería rescindido. Como la renuncia no se produjo, ayer la SIEE le comunicó por correo electrónico que su vínculo laboral había cesado.
Según Björgan, Garcé le dijo que había recibido una queja del candidato nacionalista, Álvaro Delgado. El director de la SIEE afirma que eso no ocurrió, y que a él “le toca hacerse cargo de la decisión”. El sentido de esta expresión se pudo comprender luego, cuando el presidente Luis Lacalle Pou reconoció que había ordenado el cese de Björgan porque “perdió la confianza” en él.
Garcé sostuvo que una persona no puede “trabajar para el gobierno y asesorar a la oposición”, que es “absolutamente incompatible” integrar el “círculo de confianza” de una secretaría de Inteligencia “y al mismo tiempo estar en campaña política”, y que la ley les prohíbe a los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado “intervenir en la actividad política, social o económica del país [...] o en la vida interna de los partidos”, así como “realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública”.
El ahora exdirector de Cooperación va a presentar un recurso administrativo. Alega que no ocupaba un cargo de confianza política sino que tenía un contrato de arrendamiento de servicios, en el marco de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); que la prohibición mencionada por Garcé existe para los organismos y no para sus trabajadores, y que se violaron sus derechos al dejarlo sin trabajo por una decisión de voto.
Además, cabe recordar que en marzo del año pasado Björgan fue designado como representante del Partido Nacional en la mesa de diálogo sobre seguridad convocada por el Ministerio del Interior, sin que sus superiores consideraran que esta tarea era incompatible con el cargo que desempeñaba. Una vez más, desde el oficialismo se incurre en una grave confusión de lo partidario con lo estatal, aplicando la regla del “nosotros contra ellos”. Al mismo tiempo, hablan de diálogo y cooperación para gobernar.
Al margen del debate coyuntural, hay que decir que la situación en que estaba Björgan era un bochorno. Las contrataciones financiadas por el PNUD en la administración pública permiten aliviar el rubro salarial, disimular la magnitud real del funcionariado y precarizar los vínculos laborales. Son un recurso demasiado frecuente en muchas áreas, pero que se emplee la figura del arrendamiento de servicios tercerizados nada menos que en la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, y para encargarse nada menos que sus tareas de cooperación internacional, revela una fragilidad penosa.
Hasta mañana.