Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Hay muchas deudas pendientes en lo referido a los crímenes del terrorismo de Estado, con responsabilidades en todos los partidos y en los tres poderes del Estado, pero también corresponde destacar el gran servicio a la sociedad que viene realizando desde hace unos seis años, con rigurosa tenacidad, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe.
Hoy es oportuno mencionarlo ante el archivo de una denuncia penal contra Perciballe que había presentado, a fines del año pasado, el abogado Rafael Ravera, defensor de varios militares condenados por crímenes de lesa humanidad (ver página 7).
El argumento central de Ravera fue que el fiscal cometió el delito de abuso de funciones cuando, en una exhortación pública a brindar información sobre las desapariciones de detenidos durante la dictadura, señaló que quienes dispusieran de ella porque fueron militares en el momento de los hechos y tuvieron relación indirecta con los crímenes no corrían riesgos de ser investigados por decir lo que saben, ya que los eventuales delitos de encubrimiento cometidos por esas personas ya prescribieron.
En realidad, Perciballe se limitó a explicar algo que quizá no conocieran las personas a las que se dirigía, y al hacerlo no incurrió en la conducta típica del abuso de funciones, ya que no cometió un “acto arbitrario” que causara perjuicios al Estado o a particulares. Esto bastaba y sobraba para descartar y archivar la denuncia, pero corresponde señalar que Ravera la inscribió en un marco conceptual por demás conocido, que se emplea sistemáticamente en el intento de defender a represores de la dictadura y que por ejemplo expone con frecuencia, desde que era comandante en jefe del Ejército, el actual senador Guido Manini Ríos.
Ravera afirmó que toda la actuación de la fiscalía especializada tiene un sesgo por motivos ideológicos, que no corresponde tratar a estos delitos como de lesa humanidad, que se han solicitado procesamientos y condenas sin bases suficientes, y que al mismo tiempo Perciballe ha omitido sus deberes como fiscal al no promover la investigación de actos “terroristas” cometidos por grupos guerrilleros. De paso, y en forma semejante a la que fue habitual durante la dictadura, en las acusaciones ante la Justicia Militar de presuntos “sediciosos” y “subversivos”, el abogado se explayó sobre presuntos antecedentes ideológicos del fiscal y de sus familiares, que a su entender son la causa de que Perciballe se dedique a violar la ley acusando a participantes en el terrorismo de Estado.
Todo esto cayó jurídicamente por su propio peso, porque le falta lo esencial: Ravera no aportó evidencia de que Perciballe hubiera cometido algún delito. De todos modos, la denuncia muestra que, como decía Augusto Monterroso, el dinosaurio sigue allí.
De 2003 a 2017 hubo 14 procesamientos o condenas por causas vinculadas con los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Desde que se creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, fueron más del triple en menos de la mitad del tiempo. Un notorio avance de la eficiencia estatal, que irrita muy especialmente a los defensores de la impunidad.
Hasta mañana.