Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
En la madrugada de ayer, el asesinato del funcionario policial Alexis Meireles fue una señal de alerta que urge tener en cuenta para evitar que los problemas de seguridad pública empeoren.
Meireles cumplía funciones en el barrio Marconi, que está “intervenido” por la Policía. El parte inicial y las explicaciones posteriores destacaron momentos diferentes de lo que pasó, pero al parecer le dispararon cuando él y otro policía de Investigaciones intentaban identificar a una persona sospechosa.
Aún no está claro si el desenlace, fatal e indignante, tuvo que ver con el incumplimiento de alguna norma de actuación. Las autoridades policiales afirmaron ayer que no hubo fallas en la aplicación de los protocolos que correspondían, pero el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que se estaba investigando si Meireles llevaba un chaleco antibalas, y el Sindicato Único de Policías del Uruguay maneja que no llevaba uno.
Es difícil de entender que haya incertidumbre sobre un dato fácilmente comprobable a simple vista, pero las precauciones básicas -sin duda importantísimas- son sólo la parte más obvia y circunstancial de lo que está en juego.
Los despliegues de “intervención” en barrios donde se vienen registrando altos niveles de violencia, con fuerte presencia de grupos del crimen organizado y frecuentes enfrentamientos entre ellos, implican por supuesto riesgos. Sus protocolos de seguridad prevén lo que puede suceder a partir de los antecedentes, pero la realidad en estos barrios está cambiando con rapidez.
La multiplicación de fracciones que se disputan territorio para vender drogas ha traído consigo nuevos actores más imprevisibles, que ya no respetan códigos y límites previos en sus conflictos internos, y que un día pueden dejar de respetarlos, de forma brusca y generalizada, también en relación con la Policía. Ojalá que ese día no haya sido el de ayer.
Martinelli destaca que en Uruguay el armamento policial es muy superior al de cualquier grupo criminal, pero en las circunstancias actuales no es muy difícil que una banda acceda a armas con mayor poder de fuego. Las barreras que han evitado el ataque deliberado a la Policía o el combate directo con ella no se deben únicamente a una valoración racional sobre la relación de fuerzas. Inciden también factores subjetivos y tradiciones naturalizadas, que en los tiempos en que vivimos no es prudente considerar inmutables.
Según algunos bukelitos irresponsables, la Policía debería cambiar también, para peor, sus códigos, embarcándose en una escalada de violencia que con seguridad causaría más muertes, no sólo de delincuentes y funcionarios sino también de otras personas.
Mucho más sensato y eficaz sería fortalecer los numerosos puntos débiles que han favorecido el avance del crimen organizado, en el sistema carcelario y en las condiciones de vida y convivencia barrial, en la prevención del lavado de activos y el control de fronteras y aduanas, en el de la proliferación de armas y en el apoyo a las personas con consumo problemático de drogas. Sin olvidar, claro está, el cumplimiento estricto de los protocolos y su adecuación, con criterios profesionales, ante las nuevas y alarmantes evidencias.
Hasta mañana.