Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El adjetivo “digital” es ambiguo: puede referirse a tecnologías modernas, pero también al muy antiguo procedimiento de los nombramientos “a dedo”. En el segundo caso, eliminar los procedimientos digitales es un avance, pero hay quienes se resisten a él porque la arbitrariedad sustenta su poder político.
A comienzos de mayo del año pasado, cuando el Parlamento trataba una de las sucesivas extensiones del Programa Oportunidad Laboral (más conocido como Jornales Solidarios), el debate derivó hacia los mecanismos habituales de contratación por parte de los gobiernos departamentales, con acusaciones cruzadas de clientelismo. En ese marco, el senador colorado Adrián Peña anunció su intención de presentar un proyecto de ley para “ordenar” el “desmadre”, y cumplió su promesa poco más de un mes después.
El proyecto de Peña es breve y muy semejante a iniciativas previas del Frente Amplio (FA). Establece en su redacción actual, tras algunos ajustes, que los ingresos y ascensos de personal en los gobiernos departamentales se realicen mediante “concursos públicos celebrados conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades” y “justa ponderación entre la capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona”.
Apenas se presentó el proyecto de Peña, surgieron cuestionamientos desde el Partido Nacional (PN). Se invocó la consabida defensa de las autonomías departamentales contra el centralismo montevideano y se alegó que, en las pequeñas escalas territoriales, los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia tardan mucho e impiden encarar las necesidades en forma eficiente.
El tratamiento en comisión de la iniciativa resultó trabajoso. Recién en noviembre del año pasado se recibió un primer informe sobre las posiciones en el Congreso de Intendentes, que no logró unanimidad. El mismo organismo pidió luego ser recibido, y postergó hasta la semana pasada la presentación de un documento mucho más extenso, que el PN pretendía someter a la consideración de un par de constitucionalistas antes de votar.
A ese ritmo, y dado que el trabajo parlamentario siempre disminuye en los años electorales, parecía obvio que la probabilidad de convertir el proyecto en ley se acercaba a cero. Ante ese panorama, quienes integran la comisión del Senado como representantes del Partido Colorado, el FA y Cabildo Abierto decidieron ayer dejar al PN en minoría y aprobar la iniciativa de Peña para que pasara al plenario, en una sesión tan tormentosa como la jornada en que se desarrolló.
A mediados del siglo pasado, el éxito de una infinidad de relaciones con el Estado dependía en gran medida de mediaciones partidarias. Con una tarjeta de recomendación se multiplicaban, por ejemplo, las chances de acceder a la entonces difícil instalación de un teléfono fijo, a la refinanciación de una deuda, a un puesto de trabajo o a una jubilación. Hemos avanzado mucho en la racionalización y transparencia de los trámites, que juega a favor de la igualdad de derechos y oportunidades, pero persisten áreas en las que es necesario apelar a la “gauchada” política, que nunca es gratis. De reducir esas áreas se trata.
Hasta mañana.