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Ilustración: Ramiro Alonso

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Leído por Andrés Alba.
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Hoy es 5 de julio. Faltan 114 días para las elecciones nacionales.

La propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social impulsada por el PIT-CNT se hizo un lugar en la campaña, tras la verificación de las firmas necesarias para que sea sometida a plebiscito en forma simultánea con las elecciones de octubre, pero no todos le quieren dar el mismo lugar.

La central sindical les pedirá reuniones a las autoridades de todos los partidos, con la intención declarada de promover un “diálogo respetuoso, riguroso, con fundamentos” y “erradicar las fake news de este debate”.

En el actual oficialismo hay dos grandes motivos para jerarquizar la oposición a esta iniciativa: el primero es que desmantelaría aspectos centrales de la ley en la materia que aprobó la coalición de gobierno en abril del año pasado; el segundo, que en el Frente Amplio (FA) hay discrepancias internas de forma y de fondo sobre la iniciativa, y se ve en esto una oportunidad para embretar y desprestigiar a la principal fuerza opositora. O por lo menos para impedirle al FA que sume votos de personas que apoyan y rechazan la propuesta de la central sindical, así como de otras que no tienen posición formada.

Todo el FA estuvo en contra de la ley aprobada por el actual oficialismo y coincide en la voluntad de convocar, si gana las elecciones, a un amplio diálogo nacional para buscar acuerdos sobre una nueva ley de reforma. Una parte de quienes integran la fuerza política considera conveniente que antes se apruebe la reforma constitucional, para establecer los límites de esos eventuales acuerdos, y otra parte (que incluye, como es público y notorio, al candidato presidencial Yamandú Orsi) prefiere que no se apruebe, porque discrepa con algunos de los límites planteados por el proyecto del PIT-CNT y, en general, entiende que incluirlos en la Constitución sería demasiado rígido.

Cuando se discutió si se apoyaba la recolección de firmas para que hubiera plebiscito lanzada por la central sindical, estos desacuerdos determinaron que se habilitara la libertad de acción, sin compromisos del FA como tal. Ahora que la consulta popular es un hecho, parece claro que se mantendrá esa libertad de acción: cada parte expresará en la campaña electoral sus razones, como lo harán todos los demás partidos y sectores. Lo que ocurre con Orsi es que las internas lo convirtieron en el candidato de todo el FA y sería lógico que se dedicara a representar sus acuerdos. La candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, firmó para que hubiera plebiscito pero nunca dijo si estaba de acuerdo o no con la propuesta del PIT-CNT. Ahora está en la misma situación que Orsi como representante de todo el FA, y no parece que esté obligada a expresarse sobre una diferencia interna.

Quienes están a favor y en contra del proyecto tienen 114 días para exponer sus argumentos, y la gente decidirá el 30 de octubre. Si la reforma se aprueba, Orsi, Álvaro Delgado o cualquier otra persona que llegue a la presidencia tendrá que manejarse dentro del marco establecido por la ciudadanía, con independencia de que esto le parezca bueno, malo o regular. Es lo que tiene la democracia.

Hasta el lunes.

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