Hoy es 24 de julio. Faltan 95 días para las elecciones nacionales.
El caso de Pablo Caram ha tenido varias repercusiones políticas y es posible que tenga más. Una de ellas es que se reactivan discusiones sobre el subsidio por cese en cargos electivos, políticos y de particular confianza, planteadas por última vez cuando Raúl Sendic hijo renunció a la vicepresidencia de la República en 2017.
Este subsidio, que sólo una minoría decidió no cobrar, es un seguro de paro especial y notoriamente mejor. Un trabajador común y corriente despedido puede cobrar subsidio por desempleo durante seis meses, en porcentajes decrecientes de lo que era su sueldo nominal, pasando de 66% en el primer mes a 40% en el sexto. Quienes cesan en cargos electivos, políticos y de particular confianza pueden recibir 85% durante un año. El subsidio especial no es compatible con ingresos provenientes de fondos públicos (salvo en la docencia), ni con el cobro de jubilaciones o pensiones, pero sí se puede sumar a actividades remuneradas en el sector privado o en cargos internacionales.
Para defender este régimen privilegiado, que no es un invento uruguayo, se han manejado por lo menos dos argumentos. Uno es que facilita la dedicación a la política de gente que carece de fortuna; el otro, que quienes ocupan cargos políticos pueden tener, cuando cesan en ellos, dificultades mayores que las del resto de la población para la reinserción laboral. Se suele invocar, por ejemplo, el caso de las personas a las que el desempeño de estos cargos durante períodos largos deja muy desactualizada en su formación profesional.
Lo del estímulo es un poco traído de los pelos, y la expectativa de remuneraciones no debería ser una razón para la actividad política. Sobre las dificultades de reinserción cabe señalar que el ejercicio de cargos políticos suele abrir las puertas de trabajos posteriores muy bien pagos, en Uruguay o en otros países. Además, resulta extremadamente discutible que el estado de necesidad de alguien que ocupó un cargo político sea mayor que el de un trabajador no calificado y despedido.
La gente veterana como el autor de esta columna puede recordar que hasta 1991 el régimen especial de subsidio era aún más beneficioso, porque se podía cobrar 85% durante tres años. A su vez, este régimen fue una rebaja con relación al que habían aprobado para sí mismos quienes ocuparon cargos en dictadura.
Hace 33 años, el Frente Amplio propuso que el beneficio equivaliera al seguro de paro común, pero no contaba con los votos necesarios para aprobar esa reforma y negoció con el Partido Nacional, gobernante en aquel momento con Luis Alberto Lacalle Herrera en la presidencia. El acuerdo fue reducir el período de subsidio de tres años a uno, con 85%, y en aquel momento se vio como un gran avance.
En todo caso, hay otras características del régimen actual que resultan muy irritantes, y una de ellas es que cuando el cese se debe a la suspensión de la ciudadanía por condena judicial, como en el caso de Caram, el subsidio se puede cobrar. Hay un proyecto para evitar que esto suceda, ya aprobado en Diputados. Algo es algo, y conviene quitarles argumentos contra la “casta” política a quienes sueñan con ser como Milei.
Hasta mañana.