Hoy es 18 de julio. Faltan 101 días para las elecciones nacionales.
Ayer hubo dos noticias vinculadas con el narcotraficante Sebastián Marset. La primera de ellas fue la detención de su pareja, Gianina García Troche, en el aeropuerto internacional español de Barajas, un hecho inesperado para la mayoría, aunque quizá no para el grupo de policías y fiscales que trabaja en el caso.
La segunda noticia debe haber sorprendido a muchas personas poco informadas: Marset no está requerido en Uruguay, según lo confirmaron en conferencia de prensa varios jerarcas policiales. En nuestro país estuvo preso cinco años, hasta comienzos de 2018, por tráfico internacional de drogas, pero hoy no hay evidencia para acusarlo de haber vuelto a esa actividad en mucho mayor escala, muy probablemente a partir del contacto con narcos de alto vuelo en el Penal de Libertad.
Las autoridades uruguayas saben, por supuesto, que se trata de “un narco muy peligroso y pesado”, como le comunicó Guillermo Maciel a Carolina Ache el 3 de noviembre de 2021, cuando estaban todavía, respectivamente, en las subsecretarías de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, pero esta información proviene sobre todo de investigaciones internacionales, realizadas por la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por su sigla en inglés), con las que el Ministerio del Interior uruguayo colaboró en segunda fila.
Lo antedicho no significa, sin embargo, que los delitos por los que Marset está prófugo se hayan llevado a cabo por completo en otros países. La Fiscalía de Paraguay ha presentado, por ejemplo, evidencia sobre traslados de cocaína y dinero en Uruguay en 2020 y 2021. Además, aquí se investiga su responsabilidad en narcotráfico, amenazas a una fiscal y un atentado con explosivos contra dependencias de la Brigada Antidrogas, pero nada de esto ha conducido por ahora a imputaciones o pedidos de detención.
Y está también, por supuesto, el asunto del pasaporte uruguayo que se le entregó cuando estaba preso en Dubái, con el que logró ser liberado y salir de Emiratos Árabes Unidos hacia no se sabe dónde. El otorgamiento de ese documento también se investiga, y cabe la suposición razonable de que Marset no se haya visto beneficiado en forma gratuita, por una afortunada combinación de la astucia de sus abogados y la ingenuidad e incompetencia de funcionarios estatales.
Resulta, entonces, que el narcotraficante uruguayo está libre de requisitorias locales. De hecho, Marset ha sondeado la posibilidad de que él o integrantes del grupo que comanda se entreguen en nuestro país, con la intención de ser juzgados por delitos que se investigan aquí y evadir los pedidos de captura y extradición por otros mucho más graves. Por desgracia para sus intereses, esto no es viable.
Queda claramente confirmado que Uruguay está débil y permeable ante el narcotráfico. El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Juan Rodríguez, dijo ayer que aquí se hace “inteligencia criminal” para apoyar operaciones como la que logró la detención de García Troche, pero la otra inteligencia criminal, que es la de los propios criminales, nos lleva mucha ventaja.
Hasta mañana.