Hoy es 9 de julio. Faltan 110 días para las elecciones nacionales.
El presidente Luis Lacalle Pou anunció que participará en la campaña contra la propuesta de reforma constitucional sobre seguridad social, que será plebiscitada en forma simultánea con las elecciones nacionales de octubre. La Constitución le prohíbe “intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”, pero él se ampara en el criterio de que, si bien la consulta popular es una elección (entre apoyar y no apoyar la reforma impulsada por el PIT-CNT), el mandato constitucional sólo se refiere a la elección de presidente y parlamentarios.
Tal criterio ya se discutió cuando Lacalle Pou participó en la campaña sobre el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), y hay opiniones contrapuestas, pero incluso si aceptáramos que el presidente puede intervenir en este tipo de debates, debería estar muy claro que no puede hacerlo de cualquier manera. En particular, no de la manera en que adelantó que lo hará.
Lacalle Pou no se limitará a defender la reforma jubilatoria aprobada por el oficialismo el año pasado y a criticar el contenido de la propuesta que se va a plebiscitar, o sea la fijación de los 60 años como edad mínima de retiro, la equiparación de las pasividades menores con el salario mínimo nacional y la eliminación de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).
El presidente se propone, según dijo al diario El País, plantear que el Frente Amplio (FA) no hizo las reformas que el sistema de seguridad social necesitaba durante los 15 años en que gobernó el país, y exigirles a los dirigentes frenteamplistas, incluyendo al candidato Yamandú Orsi, que “se pronuncien con claridad” sobre la propuesta sindical. En otras palabras, Lacalle Pou hará campaña contra el FA, con el plebiscito como excusa. Es el tipo de actividad político-electoral que la Constitución le prohíbe expresamente.
En los 110 días que nos separan del domingo 27 de octubre se desarrollarán dos campañas simultáneas. En una de ellas, orientada hacia la elección del próximo gobierno nacional, el FA es la alternativa al actual oficialismo; en la otra, que desembocará en una decisión de la ciudadanía sobre la reforma constitucional definida por el PIT-CNT, el FA no participará como tal, como no participó en las discusiones sobre el contenido de esa propuesta y la conveniencia de impulsarla.
Una parte de los frenteamplistas apoya la iniciativa de la central sindical, otra parte la considera un error y hay también, sin duda, quienes no tienen todavía opinión formada y decidirán en los próximos meses. El acuerdo de todo el FA sobre el sistema de seguridad social es que la reforma aprobada el año pasado resulta perjudicial para el país y hace falta otra, que debe ser producto de un amplio diálogo nacional. Esto es lo que seguramente defenderán todos los sectores durante la campaña, agregando sus opiniones propias a favor o en contra de la reforma constitucional si les parece.
Lacalle Pou tiene luz verde para opinar sobre el plebiscito, amparado por el antecedente de la LUC. Lo que de ninguna manera puede hacer es propaganda contra quienes le disputan el gobierno nacional a su coalición.
Hasta mañana.