Hoy es 30 de agosto. Faltan 58 días para las elecciones nacionales.
Los problemas de vivienda incluyen un abanico de situaciones, como, entre otros, la dificultad de acceso –sea a través de la compra o del alquiler–, el endeudamiento hipotecario, la existencia de asentamientos precarios y las condiciones de las personas que deben vivir en la calle, tema que estuvo recientemente en los titulares debido a la norma que habilita la internación compulsiva de quienes habitan transitoriamente un espacio público.
Las políticas públicas en el tema no han sido precisamente exitosas. La ley de promoción de vivienda de interés social, promulgada en 2011, no consiguió su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los sectores de ingresos bajos y medios. El Plan Avanzar, con el que el actual gobierno buscaba erradicar los asentamientos, apenas ha comenzado y está muy lejos de culminar. Además, la promesa de entregar 50.000 viviendas en este período se cumplirá en una proporción ínfima.
En este panorama, desde hace décadas, el movimiento cooperativo viene proponiendo la construcción solidaria de viviendas como solución a varios de estos problemas y reclama apoyos estatales para continuar creciendo. Entre otras cosas, solicita que se lo beneficie con las mismas exoneraciones de que ya gozan los promotores privados, y que se reactive el Fondo Nacional de Vivienda. Según sus números, el déficit habitacional afecta a 90.000 familias.
Seguramente sea una coincidencia, pero ayer, con pocas horas de diferencia, hubo dos eventos contrapuestos. Mientras la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua hacía públicas sus propuestas a los partidos políticos que competirán por el gobierno en octubre, el candidato presidencial por el Partido Colorado (PC) lanzaba, durante la presentación de su programa de gobierno, la idea de eliminar el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
La última vez que se fusionaron ministerios, como pretende Andrés Ojeda con el MVOT y el Ministerio de Desarrollo Social, fue durante la crisis de 2002; desde entonces, la tendencia ha sido la contraria. En una visión constructiva, la creación de un ministerio supone la constatación de que existe un área de la actividad que merece una atención especial del Poder Ejecutivo. Así debe haber ocurrido cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al inicio del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, en 1990, y así debe haber ocurrido cuando, a partir de este, se creó el Ministerio de Ambiente, hace dos años. Eliminar una cartera, en cambio, supone relegar el área de la que se ocupa.
Pronto veremos qué clase de ideas sobre los problemas de vivienda primará en el futuro gobierno. Hay una buena distancia entre las que propone el cooperativismo y lo que insinúa el renovado PC.
Hasta el lunes.