En mayo, todos los partidos aprobaron en el Parlamento un proyecto que modifica la ley de 2011 sobre las responsabilidades del Estado ante las personas en situación de calle. Este fin de semana, la nueva norma, que pasó a conocerse como “de internación involuntaria”, entrará en vigor.
Lo que se modifica es la potestad del Estado de internar sin su consentimiento a personas cuya “capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”, en caso de la situación sea avalada por un informe médico.
Pocos días atrás, el lunes, hubo una concentración de personas en situación de calle que reclamaban su derecho a vivir dignamente. El miércoles volvió a producirse una agresión anónima a una persona sin hogar.
De la distancia entre la voluntad de orden compulsivo y la perspectiva de derechos habla nuestro editorial.
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Las encuestas, en todo caso, afianzan las chances de Yamandú Orsi (y de Oddone).
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