Hoy es 3 de setiembre. Faltan 54 días para las elecciones nacionales.
Durante el actual período de gobierno, varios escándalos investigados por el sistema judicial permitieron confirmar que las responsabilidades penales, las políticas y las éticas son distintas por naturaleza. Esto choca con algunas nociones muy extendidas pero es así, y se verifica una vez más en el caso del narcotraficante Sebastián Marset.
En 2021, cuando Marset fue detenido en Dubái por usar un pasaporte paraguayo falso, corrió el riesgo cierto de ser extraditado a Paraguay. La estrategia de sus abogados para evitarlo incluyó pedir otro pasaporte, uruguayo y legal. Marset lo obtuvo, fue liberado y salió de Emiratos Árabes Unidos con su nuevo documento. Desde entonces está prófugo, investigado no sólo por delitos de narcotráfico sino también por varios otros graves, incluido el de homicidio.
Cuando estos hechos comenzaron a divulgarse, tuvieron consecuencias políticas y judiciales. Los entonces ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, fueron interpelados en el Senado, y la Fiscalía inició una investigación de oficio, a cargo de Alejandro Machado.
La interpelación terminó con la declaración, aprobada por el oficialismo, de que las explicaciones habían sido “absolutamente satisfactorias”. Machado decidió que la expedición y entrega del pasaporte no violaron ninguna norma penal. Esto avala la interpretación de las normas que estaban vigentes en aquel momento planteada por el oficialismo: que el Estado uruguayo estaba “obligado” a satisfacer el pedido de Marset.
Los denunciantes alegaron que no existía tal obligación, porque las normas permitían demorar el trámite para que se procesara la requisitoria paraguaya, y que esto habría sido lo más prudente. Sobre todo porque en el Ministerio del Interior sabían que Marset era “un narco muy peligroso y pesado”, como le comunicó el subsecretario Guillermo Maciel a su par de la cancillería, Carolina Ache.
El fiscal Machado no lo vio así y también señaló que, si bien en la mencionada interpelación se le mintió al Senado “y en definitiva a la ciudadanía”, eso tampoco fue delito. Jurídicamente esta parte de la investigación está cerrada. Sigue su curso la referida a la denuncia, planteada por Ache, de que en el piso 11 de la Torre Ejecutiva se decidió sustraer de la cancillería y destruir un documento para encubrir la mentira, a instancias del entonces asesor presidencial Roberto Lafluf. Sobre estos hechos está citado a declarar, entre otras personas, el presidente Luis Lacalle Pou.
Algunas responsabilidades penales ya fueron descartadas y otras aún deben ser valoradas en la Fiscalía. Algunas consecuencias políticas fueron evitadas por el oficialismo en el Senado y otras podrán ser tenidas en cuenta por parte de la ciudadanía al votar. Las faltas éticas están todas a la vista. Los motivos son materia de especulación, y algunas personas todavía tienen espacio (aunque no mucho) para aducir que no sabían quién era Marset. A otras les constaba que era un criminal y contribuyeron a que quedara, hasta hoy, impune.
Heber se ufanó de haber salido “limpio” del Ministerio del Interior, pero lo cierto es que quedó a salvo.
Hasta mañana.