Hoy es 12 de setiembre. Faltan 45 días para las elecciones nacionales.
Los problemas económicos y los de seguridad y convivencia están en la cumbre de las preocupaciones y angustias al final de este período de gobierno, pero eso no significa que se hayan resuelto los relacionados con la educación, que persisten y en algunas áreas se han agravado. Además, reaparece con frecuencia la demanda de que el sistema educativo resuelva las demás urgencias, como si pudiera por sí solo producir nuevas generaciones que accedan a empleos de calidad y no cometan delitos.
Estamos mal y, al igual que en otras áreas, quedó demostrado que las políticas del actual gobierno nacional no mejoraron la situación. El oficialismo cierra filas en defensa de la “transformación educativa” que impulsó desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y por ese lado no hay motivos para esperanzas ni entusiasmos.
La oposición frenteamplista habla de construir acuerdos políticos y sociales amplios, y esto parece en principio más atinado que creerse poseedor de soluciones y arremeter para imponerlas, como lo hicieron las actuales autoridades, empeñadas en combatir contra los gremios de docentes y estudiantes con hostigamientos, sanciones y generación de conflictos inaceptables, como el que aún no ha terminado en torno al salón gremial estudiantil del IAVA.
De todos modos, queda mucho camino por andar. El mundo cambia en forma acelerada y la educación enfrenta muchas dificultades nuevas, pero gran parte de los problemas que arrastra Uruguay tienen causas sociales, y era impensable que los resultados mejoraran en un período de gobierno con aumentos de la pobreza y la desigualdad.
Quienes trabajan en la docencia muestran niveles preocupantes de sobrecarga, insatisfacción y desgaste, según un estudio del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay y el Plan de Protección de Trayectorias Educativas del Consejo de Formación en Educación. Esto tiene seguramente que ver con un sistema demasiado ocupado en correr de atrás a los problemas sociales y afrontar las dificultades educativas que causan, o de aprovechar las infraestructuras y los trabajadores de los centros educativos para llevar adelante políticas sociales. El precio que paga el personal docente es alto, y el que paga la población estudiantil es aún mayor.
La “transformación educativa” comenzó a aplicarse hace muy poco y no tiene resultados medibles en una evaluación seria, aunque las autoridades se esfuercen por pregonar presuntos logros y la oposición destaque errores evidentes. De todos modos, es claro que se diseñó desde alturas centralizadas, sin la indispensable participación de quienes están involucrados directamente, y en gran medida contra sus opiniones. También parece claro que impuso cambios insuficientes, e incluso contraproducentes, en lo referido a los problemas de fondo.
Ya hemos visto varios intentos de cambiar la educación desde arriba, con proyectos partidistas y promesas de grandes liderazgos iluminados. Es hora de construir otro tipo de respuestas, que involucren a comunidades y construyan compromisos colectivos.
Hasta mañana.