Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La movilización montevideana del sábado por el Día Mundial del Agua mostró un movimiento ambientalista pujante y con arraigo social en todo el país que hace 15 años podía parecer impensable.
El llamado “plebiscito del agua”, simultáneo con las elecciones nacionales de octubre de 2004, fue una gran victoria del movimiento ambientalista uruguayo, en alianza con el sindicalismo y con apoyo del Frente Amplio (FA) y del sector nacionalista dirigido por Jorge Larrañaga (respectivamente, el lema vencedor y el sector más votado del Partido Nacional). Un año después estalló el conflicto con Argentina por la pastera cercana a Fray Bentos de la empresa finlandesa Botnia (hoy de UPM), que durante cinco años implicó un fuerte retroceso para ese movimiento.
El proyecto de reforma constitucional impulsado en 2004 por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida logró cerca de 65% de los votos y estableció, entre otras cosas, que el acceso al agua potable y al saneamiento son “derechos humanos fundamentales” que deben asegurarse “anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”, con servicios “prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, y que “los usuarios y la sociedad civil” deben participar “en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”.
El proyecto de Botnia, impulsado y aprobado durante la presidencia de Jorge Batlle, había sido cuestionado en Uruguay por ambientalistas, sindicalistas y frenteamplistas, pero cuando Tabaré Vázquez llegó a la presidencia decidió asumir el hecho consumado, protegido desde mayo de 2004 por un tratado con Finlandia que aprobó el Parlamento con oposición del FA.
Siguió un quinquenio de cortes de puentes, gruesas exageraciones de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú sobre los daños que causaría la pastera y conflictos con el gobierno argentino presidido por Néstor Kirchner, que terminó presentando una demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Todo esto contribuyó a instalar en Uruguay la idea de que defender a Botnia era una causa nacional y desprestigió, más allá de los debates sobre la planta finlandesa, los cuestionamientos ambientalistas a proyectos productivos.
15 años después la situación ha cambiado mucho, con la cuestión del agua como eje central. La evidencia sobre impactos perjudiciales del uso de agrotóxicos, las abundantes floraciones de cianobacterias, la crisis de abastecimiento del área metropolitana en 2023 y la oposición al proyecto Neptuno-Arazatí han sido algunos hitos de la reactivación del ambientalismo. Pese al viento en contra, viejas y nuevas organizaciones mantuvieron su militancia, potenciada por la participación local y el acceso de cada vez más gente, mediante internet, a informaciones y opiniones provenientes del resto del mundo.
A tono con la realidad internacional, las causas de defensa del ambiente en Uruguay atraviesan los partidos, convocan a la juventud y ganan terreno en el conjunto de la ciudadanía. Una perspectiva de sustentabilidad y derechos enriquece el concepto de desarrollo y lo aleja, por el bien colectivo, de la irresponsabilidad mercantil.
Hasta mañana.