El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), José Minarrieta, dialogó con Panorama informativo, en la diaria Radio, sobre el proyecto de ley que presentó el diputado frenteamplista y neurólogo Federico Preve para que los especialistas hagan un servicio obligatorio en el sistema público, durante dos años, al culminar su formación, con el objetivo de garantizar el acceso a especialidades en el interior del país.
En primera instancia, Minarrieta dijo que el tema es “sin duda muy polémico” y explicó que accedieron al proyecto “hace un par de días”, por lo que todavía no terminó de analizarlo en su totalidad ni pudo leer la exposición de motivos. Señaló que, aunque “la intención es cubrir una necesidad asistencial de la población” y “hasta ahí estamos todos de acuerdo”, cuenta con “aspectos muy polémicos que habrá que discutir”.
En su opinión, el método para que las personas tengan la posibilidad de acceder a un especialista de forma oportuna, adecuada y en su lugar de residencia podría “solucionarse de muchas maneras”. En ese marco, aclaró que el SMU planteó que “lo ideal es generar las condiciones para que los profesionales se radiquen en el interior del país”, por medio de la creación de cargos y de lugares de trabajo con remuneración y condiciones “adecuadas”.
“Incentivos de vivienda, educación para eventualmente los hijos… Una persona que se va a vivir en un lugar y se radica, cuando no era su objetivo inicial hacerlo, tiene que tener algunas cosas aseguradas”, sostuvo. También invitó a revisar “qué pasa durante las horas de traslado” cuando deben viajar desde Montevideo respecto de quién las financia o cómo se remuneran. Agregó que “hay que pensar dónde va a vivir el médico” y al mismo tiempo entender que el profesional generalmente “está en una edad de crear su familia”. “Hay una urgencia, y entiendo que esto es una propuesta para solucionar esa urgencia”, afirmó.
También señaló que el hecho de que exija “pocas horas” –el proyecto prevé una carga horaria semanal de entre cuatro y 16 horas– resulta “como pedirle a la persona que además de ejercer su especialidad, una vez que recibió el título, tenga como un servicio público o servicio a la comunidad que, cuando ya le ponemos ‘obligatorio’, sin duda genera roces”.
Además, en caso de incumplimiento, el proyecto prevé que el Ministerio de Salud Pública (MSP) no habilite el título, ante lo cual Minarrieta acotó que la medida “es un poco compleja de asumir”, después de haberse formado y rendido las pruebas que exige la formación.
Exhortó a discutirlo y acotó que, aunque la “polémica siempre es bienvenida”, seguramente “hay muchos médicos que no están de acuerdo con esto”. No obstante, planteó que el SMU es “un sindicato democrático” y prevé instancias de debate al respecto, ya que “aún no tiene postura”. “Esto no se va a resolver en un mes” y a través del diálogo el proyecto “puede variar mucho”, dijo.
Por último, adelantó que para estudiar este asunto dispondrán de asesoramiento legal e invitarán a actores involucrados para intercambiar: “Lo resolveremos de alguna manera. Puede ser una asamblea o puede ser nuestro comité ejecutivo, de acuerdo con cómo se venga dando la discusión, pero sin duda que va a ser una postura resuelta democráticamente”, cerró.