En Chile el agua está completamente privatizada. Los dueños de los servicios sanitarios son, casi en su totalidad, empresas extranjeras. Alejandra Carmona López, periodista y coautora del libro El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca, cuenta en este artículo el rol que jugaron tanto la dictadura como los gobiernos democráticos en el proceso de privatización del agua en Chile. A través de la historia de Petorca, una comuna cercana a la ciudad de Santiago de Chile, ejemplifica cómo las industrias extractivas y las políticas gubernamentales han generado la escasez del recurso, lo que impacta en la vida cotidiana de las personas.
Imaginen que una persona esté obligada a vivir con 50 litros de agua al día. Ahora piensen en estos datos: una descarga de WC utiliza aproximadamente diez litros. Una ducha puede promediar 50 litros de consumo. Lavarse los dientes significa, como mínimo, un litro de agua. Es decir, quienes utilizan 50 litros de agua podrían vivir en una zona extremadamente seca. O en Chile, uno de los pocos países donde el agua está completamente privatizada tanto en sus fuentes de origen como en su distribución. En ese país el consumo de agua se ha convertido, también, en un ejemplo de injusticia económica y medioambiental.
Álvaro Escobar Pastén, presidente de la Unión de Agua Potable Rural “Cuenca del río Petorca”, dice que la escasez ha significado un problema mayor en pandemia. “Imagínate que nos piden lavarnos las manos muchas veces al día y acá apenas tenemos para lo básico”, comenta Escobar. En Petorca, los habitantes deben utilizar 50 litros de agua diarios para sobrevivir; un recurso que es trasladado en camiones hasta las casas.
Petorca es una comuna que se ubica 220 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, en la región de Valparaíso, y en los últimos años se ha transformado en el símbolo de la lucha por el agua en Chile. En ese lugar, alejado de la costa, donde el calor derrite hasta las piedras en verano, la industria agrícola –especialmente de paltas– ha consumido parte importante del recurso hídrico y ha dejado a sus habitantes casi secos, conectados a camiones aljibes. En tiempos de crisis, incluso hay quienes han tenido que hacer sus necesidades básicas en bolsas porque el agua no alcanza para el WC. En Petorca, una persona consume menos agua que un palto al día.
Pero Petorca es sólo un ejemplo de la escasez hídrica que golpea a Chile, que hace frente a una década de sequía, pero además debe convivir con la privatización de un mercado que resulta vital para la subsistencia y que selló gran parte de su suerte en un articulado nacido bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
En medio de la pandemia, el 8 de abril, la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso dio a conocer el decreto 456, que aumentaba la dotación de agua vía camiones aljibes de 50 a 100 litros de agua por persona. Sin embargo, días después, lo dejó sin efecto, a pesar de los numerosos reclamos de los habitantes. “Si algo puso de manifiesto la pandemia fue precisamente la inequidad y asimetría de un pueblo privado de agua porque esta se prioriza para los negocios y no para la vida de las personas”, se queja Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, una organización que se ha levantado con fuerza en contra de las desigualdades con el recurso hídrico. De hecho, la misma organización estuvo repartiendo agua a las y los vecinos hasta que el avance de la covid-19 y el aumento en el número de contagios les impidieron continuar con la labor.
Pero Petorca es sólo un ejemplo de la escasez hídrica que golpea a Chile, que hace frente a una década de sequía, pero además debe convivir con la privatización de un mercado que resulta vital para la subsistencia y que selló gran parte de su suerte en un articulado nacido bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
El Código de Aguas de la dictadura
En 1981, ocho años después que Pinochet llegara al poder después de un sangriento golpe de Estado, una comisión especial elaboró un Código de Aguas que asestó una de las primeras estocadas al recurso hídrico en Chile. Este separó el agua de la tierra y posibilitó que los Derechos de Aprovechamiento de Aguas fueran otorgados a particulares que posteriormente los fueron vendiendo sin regulación, secando cuencas y dejando a comunidades prácticamente secas.
Ese código estableció que el agua es un bien de uso público, que otorga un derecho de aprovechamiento sobre quien lo tiene, pero también lo considera un derecho real. Para sellar la privatización en la fuente de origen, la Constitución de 1980 estableció –en el artículo 19, numeral 24– que el derecho real es un derecho de propiedad. En síntesis, que a pesar de que sea considerado un bien de uso público, ese derecho de agua es de su dueño.
En Chile existe el otorgamiento de derechos consuntivos (facultan a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad) y no consuntivos (el “dueño” debe restituir el agua al caudal; un ejemplo de esto son las hidroeléctricas). De acuerdo con los antecedentes registrados en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas (DGA), los derechos de agua consuntivos permanentes, expresados en unidades de volumen por unidad de tiempo, sitúan en primer lugar al sector agrícola con 1.184,01 metros cúbicos por segundo, y en un siguiente tramo a la minería, con 24,95 metros cúbicos por segundo.
En 2019, y después de tres años de investigación, junto con la periodista Tania Tamayo publicamos el libro El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca (Ediciones B). En él registramos que, según un ranking elaborado internamente en la DGA, para 2016 los derechos de aguas no consuntivos estaban en manos de grandes hidroeléctricas, y los tres principales dueños del agua en ese rubro eran: Empresa Nacional de Electricidad SA, Centrales Hidroeléctricas de Aysén SA, Colbún SA y Sociedad Hidroeléctrica Energías Patagónicas Limitada.
Foto: Modatima
El Código de Aguas se encuentra actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, para revisar importantes modificaciones, pero la batalla ha sido ardua. El lobby de los grandes empresarios se ha hecho presente durante toda la tramitación del proyecto, y quienes defienden su modificación también comprenden la premura de que, por ejemplo, un derecho de agua deje de ser entregado a perpetuidad a manos de privados, tal como ocurre ahora.
El senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti Longton, quien preside la comisión de Constitución, dijo a la diaria que el Estado chileno ha sido reacio a modificar lo que los defensores del actual modelo hídrico denominan “el mercado del agua”. De Urresti lo explicó así: “Eso no es otra cosa que poner la propiedad y el lucro por sobre las necesidades vitales de agua. Esto, pese a la grave situación de megasequía que venimos viviendo hace décadas y que ha provocado graves efectos para comunidades enteras que ven con estupor cómo algunas personas o empresas acumulan y concentran ‘derechos’ de agua para regar sus extensas plantaciones agrícolas o forestales, mientras los habitantes de esas mismas zonas cuentan con apenas 50 litros diarios para sobrevivir”.
El congresista cree que la escasez hídrica y la pandemia han desnudado estas desigualdades ya convertidas en crónicas. “Sin embargo, espero que en el marco de la futura discusión constitucional, este sea uno de los temas que concentren la atención de los convencionales elegidos, ya que existe un consenso cada vez mayor acerca de la necesidad de cambiar las reglas del juego en materia hídrica, impuestas por la dictadura de Pinochet”, comenta De Urresti.
Si bien Petorca se ha transformado en una alerta al mundo, en el sur de Chile la batalla de las y los ciudadanos se ha concentrado en las hidroeléctricas. En el centro, el negocio agrícola ha resultado ser un demoledor extractivista. En el norte, la minería ha causado estragos. Comunidades indígenas completas han sido desplazadas y las aguas de algunos poblados han sido contaminadas de tal forma que han metamorfoseado para siempre la vida de sus habitantes. Es el caso de Quillagua, que algún día fue considerado un oasis aymara, ubicado 280 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta y a orillas del río Loa. Ahora es uno de los lugares más secos del mundo. A la contaminación del agua por efecto de la minería se sumó la compra de los derechos de aguas que tenían sus habitantes.
Si bien Petorca se ha transformado en una alerta al mundo, en el sur de Chile la batalla de las y los ciudadanos se ha concentrado en las hidroléctricas. En el centro, el negocio agrícola ha resultado ser un demoledor extractivista. En el norte, la minería ha causado estragos.
Hoy, la mayoría de los derechos de aguas que tenían los habitantes de Quillagua están en manos de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), una empresa minera privada que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del nitrato de potasio y fertilizantes de especialidad, iodo, potasio y litio. SQM era una empresa estatal que fue privatizada en la dictadura y entregada a Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, en una endogámica ruleta que siempre ha beneficiado a capitales extranjeros y a la elite empresarial (y política) chilena.
Los servicios privatizados
La educación, los sistemas de pensiones y la salud no son las únicas áreas estratégicas del desarrollo social cedidas a particulares en Chile. Si bien el proceso de privatización de las anteriores comenzó también en la dictadura, el traspaso de los servicios sanitarios en Chile se hizo en plena democracia, en los gobiernos de la Concertación.
Entre 1994 y 2000, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (el segundo democrático después de la salida de Pinochet) logró que el sector sanitario pasara a manos de privados de una manera tan importante que hoy la participación del Estado es casi inexistente. En 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera –y después que el terremoto de 2010 dejara a medio Chile en el suelo– el mandatario usó ese pretexto para terminar de enajenar lo poco que aún quedaba en las manos del fisco.
Hasta hoy los dueños de los servicios sanitarios (agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas) son, en casi su totalidad, empresas extranjeras. 43,8% pertenece a SGAB (Grupo Suez) y 31,4% al Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, Canadá. El porcentaje restante se divide entre Marubeni Corporation e Innovation Network Corporation of Japan (8,9%), Inversiones Aguas Río Claro Limitada (4,6%), I. Municipalidad de Maipú (3,7%), Empresas Públicas de Medellín ESP (3,3%), Sembcorp (0,7%) y otros (3,6%).
Es decir, desde que las aguas fueran enajenadas en su fuente de origen por la dictadura, estas sólo continuaron un camino de privatización también en su distribución.
El agua, como la mayoría de los bienes de consumo y derechos sociales en Chile, entra en la misma bolsa: la del mercado.
Alejandra Carmona López es periodista y coautora del libro El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca (Ediciones B).