La urgencia de nuevas voces

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En los relatos mediáticos sobre la movilización social en Chile abundaron términos como “saqueos”, “destrozos” y “turbas”. La cobertura en clave de crónica roja invisibilizó las raíces de la protesta, reflexiona en este artículo Paula Correa Agurto, segunda vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. La criminalización de la protesta despertó la indignación de la gente hacia los medios y hacia los y las periodistas, que al mismo tiempo son también víctimas de la represión. En un escenario de concentración mediática, en los meses de movilización los medios alternativos ganaron fuerza y dieron espacio a otros relatos.

La covid-19 golpeó con fuerza a Chile, que se ubicó entre los tres países más afectados en número de contagios y muertes de América Latina. Sin embargo, el impacto de la crisis tiene una triple dimensión: sanitaria, económica y social.

La crisis sanitaria está marcada por polémicas sobre la estrategia de manejo de la pandemia y, sobre todo, por la poca fiabilidad y falta de transparencia en la entrega de datos por parte de las autoridades. La crisis económica se relaciona con la pérdida de empleos y las insuficientes respuestas del gobierno para enfrentar el hambre en las poblaciones y, finalmente, la crisis político-social es consecuencia de un proceso más largo de cuestionamiento a la legitimidad del modelo político en Chile que se origina antes de octubre de 2019, cuando un estallido social dio inicio a la alzada popular y ciudadana más significativa de los últimos años en el país.

En síntesis, la pandemia sólo vino a evidenciar las falencias estructurales que llevaron a los estudiantes a saltar los torniquetes del metro en señal de protesta por el alza del pasaje del transporte público, primer empuje de una movilización social que se extendió durante varios meses, durante los cuales se registraron sistemáticas violaciones a los derechos humanos: muertes, mutilaciones oculares, disparos a quemarropa, uso de armas químicas de dudosa composición para contener la protesta, diversos tipos de abuso de las fuerzas policiales y militares, casos de detenciones ilegales, acusaciones de desaparición, secuestro y violencia sexual.

Las violaciones a los derechos humanos constatadas por misiones de observación de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y varias organizaciones nacionales e internacionales continuaron hasta marzo, cuando el Día Internacional de la Mujer marcó un punto alto, poco antes de que la covid-19 comenzara a actuar en Chile y se diera inicio a las cuarentenas en la capital, para luego extenderse a diversas regiones del país.

Durante toda la revuelta social, el rol de los medios tradicionales de comunicación fue fuertemente cuestionado por condenar las marchas, apuntar al “orden público” y, básicamente, criminalizar el derecho a la protesta social, pero no sólo eso, sino porque se hizo clara y patente la descarada negación y/o la omisión de hechos, la manipulación de la información y el sesgo político-ideológico con el que operan.

Sin ir más lejos, a inicios de marzo de este 2020, en el Día Internacional de la Mujer, los medios tradicionales de comunicación en Chile fueron protagonistas de una descarada negación histórica.

La reciente negación de un hecho histórico

Las huellas del uso de lacrimógenas y armas químicas, disparos de perdigones al cuerpo o cráneo, mutilaciones oculares y hasta casos de violencia político-sexual estaban frescas en el aire y muchas mujeres tenían miedo de movilizarse, solas o en familia, en un contexto de cotidianas violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, la marcha del domingo 8 de marzo de 2020 en la capital superó todas las expectativas: “fuimos al menos dos millones de mujeres, desbordamos la marcha y copamos todos los espacios: la Alameda, las calles laterales, los metros”, dijo Gloria Maira, integrante de la Asamblea Feminista Plurinacional y coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

En regiones también se desarrollaron masivas movilizaciones que, según comentó a los medios nacionales Alondra Carrillo, una de las voceras de la Coordinadora 8M, “hacen estimar la cifra en aproximadamente tres millones y medio de mujeres en la calle en esta jornada en todo Chile”.

Pero las cifras de las organizaciones feministas no fueron reconocidas por el gobierno, que en un momento intentó situar la marcha de Santiago en niveles hasta diez veces más bajos. A la mañana siguiente, y ante la incongruencia de cifras, los medios de comunicación tradicionales optaron por omitir los números y apuntaron a “una masiva marcha que superó ampliamente la convocatoria del año pasado”. Esta omisión de los medios impidió titular con lo que realmente ocurrió: “Mujeres protagonizan la marcha más masiva en la historia del país”.

Quienes estuvimos allí sabemos que la movilización superó ampliamente el millón doscientas mil personas que convocó el acto de cierre de la campaña del No en el plebiscito de 1988 y que determinó la salida de Augusto Pinochet del poder e, incluso, la marcha del 26 de noviembre del 2019, en plena alzada popular, conocida como “la marcha más grande de Chile”. Es así como los medios de comunicación definen la historia con su reconocimiento o negación.

Tampoco fue noticia: omisiones

Apenas unos pocos medios se refirieron a los abusos policiales. Mujeres de todas las edades, adolescentes, jóvenes, madres con sus niñas y niños y adultas mayores, fueron fuertemente reprimidas con bombas lacrimógenas y gas pimienta.

Poco se supo de las denuncias sobre el regreso del uso de perdigones provenientes de escopetas antidisturbios, armas que el general director de Carabineros, Mario Rozas, había ordenado suspender temporalmente, debido a las críticas por el alto nivel de trauma ocular registrado en Chile desde el 18 de octubre de 2019.

La represión a las mujeres chilenas fue titular en diversos medios internacionales.

No obstante, en Chile la represión no ameritó ningún titular. Estas omisiones son peligrosas, porque normalizan el abuso de Carabineros al impedir el legítimo derecho a la movilización.

Agresiones a periodistas

Desde el primer día de la alzada popular y ciudadana, el Colegio de Periodistas de Chile condenó enérgicamente la represión a la ciudadanía y levantó un catastro de agresiones sufridas por las y los comunicadores en el desarrollo de su labor en las calles, que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros observadores internacionales. Las cifras no han dejado de aumentar al día de hoy.

La represión afecta a comunicadores y comunicadoras en la capital y regiones, sean nacionales o extranjeros. De hecho, la Asociación de Prensa Extranjera también ha registrado casos y presentó una denuncia por agresiones contra Carabineros.

Con esto se lesionan los derechos básicos de las y los comunicadores, pero también se atenta contra el derecho a la información de toda la ciudadanía.

Por otro lado, las y los comunicadores no sólo han debido hacer frente a los organismos represores del Estado, sino también a la rabia de la gente en las calles ante un enfoque editorial sesgado que criminaliza la movilización social.

Contexto: el complejo escenario mediático

¿Cómo es posible que los medios de comunicación tradicionales criminalicen las demandas de la ciudadanía por mayor justicia y equidad? La concentración de la propiedad de los medios de comunicación de masas en Chile tiene mucho que ver con esto y se discute, al menos, desde el gobierno de Salvador Allende en la década de 1970.

Nuestro país no tiene una ley que ponga un límite a la concentración, que hoy alcanza niveles arrolladores. Más del 90 por ciento del mercado pertenece a los cuatro principales operadores en cada sector de medios,¹ según un estudio del Observatorio de la Comunicación (Observacom) realizado en 2019.

Una declaración realizada en 2015 por Observacom y otras organizaciones vinculadas a la comunicación sostiene que “la concentración mediática es una de las principales barreras al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones”.2 Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos reconoce que el derecho a la información es clave para la formación de pensamiento crítico y la participación ciudadana.

En Chile tampoco se regula la inversión en publicidad, con lo que el grueso de los recursos llega a manos de actores privados nacionales o extranjeros, y, por si fuera poco, no se asegura ni fomenta la existencia de medios públicos.

Contamos sólo con un canal de televisión pública, Televisión Nacional de Chile (TVN), que se financia mediante la inversión publicitaria y la venta de servicios, debiendo competir con los canales privados en una lógica de gestión netamente comercial. El libre mercado maneja casi a su total arbitrio el sistema de medios.

Sesgo ideológico: ¡la prensa miente!

Los primeros días de la alzada popular y ciudadana, los medios tradicionales exaltaron el caos y el desorden, utilizando imágenes agresivas, oscuras o rojas –de alerta–, tomas de quemas y fuego, y música tensa, además de conceptos como “saqueos y “destrozos” generados por “turbas”, “lumpen” o “antisociales”.

Así el centro de la cobertura estuvo en la forma y no en el fondo, es decir, en los motivos que gatillaron la crisis: los enormes niveles de desigualdad y las injusticias que se viven en nuestro país. Mientras la calle clamaba consignas como “¡por una vida que valga la pena vivir!”, “nueva Constitución” y “Chile despertó”, la palabra “dignidad”, eje de la movilización, estaba ausente en los medios tradicionales.

El Colegio de Periodistas hizo un llamado a poner el foco donde debe estar y centrarse en el resguardo de los derechos y la dignidad humana. Si bien se frenó por un tiempo el descaro, la cobertura ciega y sorda siguió insistiendo en “el desorden” y siempre poniendo al centro “la violencia”, como si se justificaran las violaciones a los derechos humanos.

Podemos decir entonces que los medios tradicionales en Chile contribuyeron a crear un clima de polarización y división en el país. Permanentemente temíamos volver a un toque de queda como el de los primeros días, y con ello aparecía el fantasma de la dictadura militar en nuestro cuerpo social revictimizado. Afloraron los miedos que siguieron taponeando el origen de la alzada: una crítica profunda al modelo económico y las expresiones de la llamada “democracia”.

“Los medios de comunicación tradicional fueron incapaces de interpretar el sentir ciudadano. Esa tarea la han cumplido los medios locales y los medios alternativos”, sostuvo la entonces presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene.

El despertar de la audiencia

Fuera de un limitado y cuestionado fondo de medios, en Chile no existe una mayor política de fomento y financiamiento destinada a proyectos editoriales alternativos, comunitarios, locales, regionales y universitarios. Son los propios trabajadores quienes luchan a diario por la sobrevivencia de sus medios y para poder entregar un contrapunto al único discurso imperante. Ellas y ellos sí son respetados en las marchas en las calles, las villas y poblaciones.

Pero Chile despertó y una parte de las audiencias también lo hizo. Por eso, en los meses de alzada se han visto protestas y expresiones populares de rechazo hacia los canales de televisión, radios y diarios comerciales. La ciudadanía hoy cuestiona activamente el control hegemónico de la información que ejercen los medios.

Mientras, en plena alzada se registró un incremento en la práctica de los medios tradicionales de “desvincular” a trabajadores y trabajadoras bajo criterios arbitrarios, amparados en las leyes de mercado. Se vieron despidos en los principales canales de televisión, diarios impresos y radios: TVN, Canal 13, Chilevisión, Mega, La Tercera, Publimetro, Radio Biobío, y nada asegura que esta ola se detenga. Hoy se sigue precarizando el espacio laboral y se reduce cada vez más el espectro de voces y miradas “válidas” dentro de la prensa y para la prensa.

En consecuencia, se profundizó la brecha entre el discurso de los grandes medios y la realidad de las y los chilenos. La brecha y la reproducción de las diferencias sociales ya no resisten análisis y la gente lo sabe.

Medios alternativos, pluralismo y derecho a la comunicación

Al mismo tiempo, los medios alternativos que ya existían ganaron fuerza y proliferó la aparición de una serie de medios y redes populares.

Se consolidó el trabajo del diario Primera Línea Prensa y de la radio Plaza Dignidad, y aparecieron otras redes y colectivos como el Archivo y Memoria Audiovisual (AMA), Ojo Chile en el registro audiovisual, El Despertar y RedComunica en redes sociales, y tantas otras iniciativas que aparecieron y siguen apareciendo para documentar lo que está ocurriendo en Chile, velar por los derechos humanos y, en suma, ofrecer voces alternativas a los medios hegemónicos.

Estos proyectos y alianzas independientes operan de forma comunitaria, lejos de la lógica de mercado, y van tejiendo redes de nuevas formas de comunicación que también transforman la dinámica de relaciones con la audiencia. De esta manera, la comunicación alternativa organizada se levanta como una luz de esperanza frente al desbalanceado, limitado y poco plural sistema de medios.

Se vuelve evidente entonces que los cuestionamientos a los medios tradicionales y al funcionamiento del sistema mediático en Chile son una crítica de fondo a las bases estructurales que rigen y limitan las comunicaciones y, con ello, los márgenes de la democracia. En este contexto, diversas organizaciones, medios y otras redes están confluyendo en el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, que busca consagrar este derecho en la nueva Constitución que nuestro país se apronta a discutir.

Chile deberá enfrentar un proceso constituyente, que comenzó hace algunos años, se manifestó a partir de la presión que ejerció una revuelta ciudadana y popular, y terminará cuando se concrete el mandato de las, les y los chilenos. De nosotres depende que el derecho a la comunicación sea parte del debate.

Paula Correa Agurto es periodista y comunicadora social, magíster en Comunicación y Derechos Humanos, segunda vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile.