En la previa se habló mucho de qué iba a hacer la Secretaría de Ciencia y Tecnología y qué no iba a hacer. Asumiste el 4 de abril y ya te has reunido con varios actores del sistema científico. ¿Qué va a hacer entonces esta novel secretaría?
La secretaría va a hacer lo que la norma establece que tiene que hacer. Eso es suficientemente amplio como para que en 20 meses se llegue a cumplir todo, por lo que es necesario seleccionar qué hacer. Lo primero que tiene que hacer la secretaría en esa selección es consolidar el espacio de la ciencia, la tecnología y la innovación en el ámbito de Presidencia, ya que es la primera vez que se busca consolidar tal espacio. Después tenemos que generar una infraestructura de trabajo, y luego tenemos que abordar los programas. Esos programas los divido en dos: aquellos con los que uno venía en la cabeza y otros que van surgiendo en la medida que avanzamos. Esos que van surgiendo están empezando a armarse muy bien, sobre una base fuerte de cooperación que tenemos con Álvaro Ons, de la Secretaría de Competitividad. Esas cuestiones emergentes que tenemos en conjunto surgen muchas veces de solicitudes de los ministerios, que hoy se están dando cuenta -y eso es bueno- de que desde aquí se les puede dar apoyo en algunos aspectos. En cuanto a los programas que uno traía, creo que hoy la planificación tiene que pasar por generar bases sólidas que puedan ser utilizadas por el futuro gobierno para darle continuidad a la política científica.
Antes de asumir, cuando se barajaba tu nombre, habías afirmado que lo primero era hacer un diagnóstico sobre el sistema científico y su institucionalidad.
Ese diagnóstico lo podrías dividir en dos grandes grupos: cosas que uno ve realizables a corto plazo, acciones rápidas que se necesitan para dar sostenibilidad y sustentabilidad al sistema, y otras que pueden proyectarse en el tiempo. Dentro de las de corto plazo, lo primero es desarrollar la capacidad de mantener en el país a nuestros recursos humanos formados a nivel de posgrado. Es una emergencia en el sentido de que el país, y todo el sistema científico y académico, generó una masa crítica de investigadores que no va a poder ser captada por la Universidad de la República u otras universidades. Eso es algo que no sucede en ningún país, entonces hay que buscar alternativas para que los conocimientos y las capacidades que adquirieron puedan ser volcados a un desarrollo nacional inclusivo. Si no les generamos esos espacios, se nos van; antes exportábamos licenciados, ahora estamos empezando a exportar doctores. El país no se puede dar el lujo de exportar doctores, ese es un mensaje que nos tenemos que meter bien en la cabecita.
Sin embargo, hay actores del sistema científico que niegan ese diagnóstico y piden que les muestren los números.
No sólo hay números, sino que te puedo mostrar mails que me llegan desde que estoy acá de doctorados recientes que vuelven al Uruguay luego de estar en el exterior con una beca de la ANII, con su PhD, publicaciones y algunos hasta con patentes, y que me transmiten su inquietud porque acá no tienen nada para hacer.
Como secretario de Ciencia de Presidencia, afirmás que estamos exportando doctores.
No me cabe la menor duda de eso, no podemos tapar el sol con la mano. Y no sólo estamos exportando doctores directamente, sino que hay problemas en ciclo que hacen nuestros doctores. Cuando terminan su doctorado, salen al exterior a hacer su posdoctorado y después empiezan la calesita de los posdoctorados. Hay muchos que llevan varios, y no es que quieran, es que Uruguay no les ofrece la oportunidad de captarlos. ¿A eso cómo le llamamos? ¿Entra dentro de los números de lo que pasa con los doctores? El número de investigadores está creciendo, ya estamos casi en 1.600 categorizados por el Sistema Nacional de Investigadores. La principal captadora del país, la Universidad de la República, a través de su régimen de dedicación total, está desfinanciada. Hay muchas más postulaciones al régimen de dedicación total que la posibilidad de la Universidad de captar a los investigadores que tenemos. ¿Cómo pueden decir que no estamos perdiendo doctores? Por otro lado, quiero dejar claro que no le podés echar la culpa al sistema que forma a los investigadores de que no los termine captando, porque no es el sistema universitario el que los tiene que captar a todos. Hay que trabajar fuertemente para que esas capacidades se vuelquen a la solución de los problemas de desarrollo nacional con inclusión. Y para eso hay que generar las herramientas de interfase que puedan captar ese tipo de recursos humanos, eso que llaman “el capital social humano”.
Se maneja que 80% de la investigación y desarrollo (I+D) de este país tiene lugar dentro del Estado, y en particular en la Universidad de la República. Dado que hay poca inversión en el sector privado, un camino sería que las empresas públicas aprovecharan a estos investigadores formados.
Más que aprovecharlos, el Estado los necesita. El Estado tiene que resolver continuamente un montón de problemas. Y muchas veces la resolución de esos problemas pasa por la utilización del conocimiento de ese capital humano que formaste. Debemos abrir los espacios en el sector público para que pueda captar a los recursos humanos formados. Lugares hay, tenemos que buscar una buena herramienta que los colecte.
Estás en una situación ideal entonces para, como dicen algunos, “tejer la trama”, porque venís del ámbito académico, estuviste al frente de programas e instituciones que forman investigadores y ahora, desde Presidencia, también tenés un rol político. ¿En el ambiente político hay un interés genuino por el futuro de nuestro sistema científico?
A nivel político hay conciencia del problema y se están buscando soluciones. Pero, creo, muchas de esas soluciones implican caminos que no pasan necesariamente por un aumento de recursos, sino por innovaciones organizacionales que puedan mejorar el uso de los recursos que ya existen. Creo que hay que trabajar mucho en esas innovaciones organizacionales. Hay cosas que requieren más recursos sí o sí, eso está claro. No podemos tener aprobado sólo 26% de los proyectos de I+D declarados excelentes, porque te quedás con un montón de investigadores cruzados de brazos hasta el próximo llamado. Eso requiere fondos frescos. Parte de esos fondos puede surgir desde este tipo de cambios organizacionales.
El jueves se hizo pública una carta al presidente del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable mostrando el malestar por la resolución de Presidencia sobre los posgrados. La carta se suma a otras similares enviadas por el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt), la Academia Nacional de Ciencias, entre otros. ¿No genera eso un malestar que no pasa ya por el dinero y el presupuesto, sino justamente por cuestiones de institucionalidad y política?
A esta secretaría esa resolución le llegó como le llegó a cualquier ciudadano del Uruguay. Uno piensa, en nuestro país, ya sea en la Udelar como en otras universidades, ¿no tenemos las capacidades para realizar este tipo de posgrados? Yo digo que sí, y de ahí se comprende el enojo de los docentes de Ingeniería, que tienen 200 jóvenes esperando para hacer eso. ¿Por qué los vamos a traer de afuera? ¿Cuál es la razón? Yo no la encuentro ni nadie me la explicó. Evidentemente hay diferentes concepciones políticas metidas en un mismo sistema. Pongo un ejemplo de algo muy similar y que se está trabajando de una manera mucho más racional. La extensión del mar territorial es una oportunidad país que nos obliga a ver cómo estamos y a afianzar nuestro desarrollo científico y tecnológico en el área. Es un problema que nos obliga a determinar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, qué recursos humanos tenemos que salir a formar rápidamente, qué infraestructuras necesitamos, etcétera. Un decreto similar al anterior nombra a dos ingenieros que saben mucho del tema, el ingeniero José Luis Genta y el ex decano Ismael Piedra Cueva, para que analicen el tema. Pero inmediatamente después de que se genera el hecho, eso se traduce en la voluntad de anclarlo en una institucionalidad para trabajarlo en forma conjunta. Por medio de un pedido del Ministerio de Educación y Cultura [MEC], el proyecto está anclado en esta Secretaría, en donde además trabajamos con el doctor David González de la D2C2 [Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento del MEC] para empezar a desarrollar esa temática y relevar datos de forma conjunta. Relevados esos datos, la idea es aplicar el método científico para llegar a un diagnóstico claro y construido desde la base, desde el colectivo, desde la raíz de todos los que están involucrados en este tema. Por qué en un caso se actúa de una manera y en el otro de otra no lo sé. Yo nunca creí, ni creo, ni creeré en las construcciones personales. Las construcciones deben ser colectivas y desde la base. Jamás nadie me va a ver sentado en el escritorio de la secretaría diciendo “hágase esto”. En ese escritorio lo que hay que hacer es decir cuál es la situación y reunir todos los datos junto a todos los agentes involucrados. Luego, sí, me toca a mí asumir la responsabilidad de decir “hágase esto”.
¿Cuál es la relación de la secretaría con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que es la agencia que tiene el dinero para mucha de la investigación y la innovación?
Hay un mandato dentro del decreto reglamentario de la secretaría que implica que debe haber un relacionamiento. Hemos tenido una o dos reuniones, pero no nos hemos sentado a planificar.
¿Y eso debería suceder?
Debería, sí. La ANII, tal cual dice la norma, es un organismo ejecutor de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Desde la ANII dicen que ellos responden a los lineamientos que les da el gobierno, pero resulta que esos lineamientos no los ve nadie ni son explícitos. La política científica la tiene que definir el Poder Ejecutivo y luego el Legislativo. La tarea de la secretaría no es tomar decisiones, sino tener la potestad de generar una agenda, un conjunto de insumos para convencer a un gabinete u otros actores de que se tomen determinadas decisiones. En la situación actual es el Consejo de Ministros el que debería indicarle a la ANII qué políticas debe seguir, cosa que antes competía al Gabinete de Innovación, que se disolvió. Así que tendría que haber resoluciones del Consejo de Ministros que le digan a la ANII, órgano ejecutor de las políticas que además tiene la gran mayoría de los fondos para ciencia, investigación e innovación, cuáles son las políticas que debe seguir. Sin embargo, cuando hablás con los directores de la ANII, y lo he visto en varias notas, ellos dicen que hacen lo que pueden porque nadie les está diciendo qué hacer. Es más, en alguna mesa en la que he participado, incluso expresaron que ojalá alguien les dijera qué es lo que tienen que hacer.
¿Lo que se espera de esta secretaría es que pueda ordenar un poco ese sistema?
Lo que se debe esperar de esta secretaría es que les proponga a los tomadores de decisiones cómo ordenar, que son dos cosas diferentes. Yo no doy órdenes; puedo, sí, elaborar una agenda que se le propone a un grupo de ministros, o a un gabinete, para que aborde un tema de determinada manera. Los que deciden si eso está bien o no son esos actores.
Y esas son las cosas que decías que no requieren presupuesto extra, sino innovación organizacional.
No vamos a empezar de nuevo con lo que todos ya sabemos: que estamos muy bajos en el porcentaje del Producto Interno Bruto para I+D, que no vamos a llegar al 1% y que al máximo que podemos llegar a esperar, porque lo necesita el país y lo merecen los investigadores, es a que por lo menos se le cambie la pendiente a la inversión en ciencia y tecnología. No podemos seguir, como ya hemos dicho, financiando sólo 29 de los 110 proyectos de investigación evaluados como excelentes.
Desde la ANII dicen que su presupuesto es el mismo desde hace años, lo que no les permite financiar todos los proyectos excelentes.
Por supuesto que yo no le echo la culpa a la ANII por la escasez de fondos. Pero lo que está claro es que tenemos que ver cómo están funcionando los programas de la ANII. Supongo que en algún momento va a haber que hacer una evaluación y ver si es necesaria una redistribución.