Como casi toda cuestión humana, la actividad científica también está atravesada por diversas asimetrías, desigualdades e inequidades. Estas brechas pueden ser múltiples. Por ejemplo, la comunidad científica de nuestro país realiza la tarea de generar conocimiento nuevo, es decir investigación, en un contexto más adverso que en otros países dado los escasos recursos que se invierten en Uruguay en ciencia y tecnología en comparación no ya con países desarrollados, sino de la región. Como muestra alcanza un botón: mientras países como Alemania, Israel, Japón, Estados Unidos o Corea del Sur invierten en investigación y desarrollo (I+D) más del 3% del PIB (Israel en 2021 invirtió 5,56% y Alemania 3,13%), el promedio de inversión en el área de los países de América Latina y el Caribe fue para ese año apenas 0,61%. Y dentro de esa magra inversión, Uruguay estuvo por debajo del promedio, habiendo invertido en I+D apenas 0,44% del PIB. Si bien estos datos fueron modificados este año al cambiar los criterios de cómo son contabilizados, en líneas generales es claro que Uruguay invierte muy pocos recursos en ciencia y tecnología, como demostró un profundo análisis de los datos de parte del colectivo Investiga uy.
Sin embargo, esa no es la única brecha que debe atravesar nuestra ciencia. Como en muchas otras actividades, está atravesada por varias inequidades de género. Entre ellas están las brechas que impiden a las investigadoras avanzar en sus carreras a la par de los investigadores, dándose fenómenos como el conocido “techo de cristal”, un conjunto de limitaciones veladas que limita hasta dónde pueden llegar. Si la anterior sería una brecha vertical, ya que afecta el ascenso y cuyos efectos se notan, por ejemplo, a la hora de tener el primer hijo, también hay brechas horizontales, que se reflejan en sesgos e inequidades que hacen que las mujeres participen en menor porcentaje que los hombres en varias de las disciplinas de las STEM, sigla en inglés que abarca la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Ahora, una investigación realizada por Belén Baptista, consultora en planificación estratégica, sistemas de información, monitoreo y evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación para diversos organismos, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), deja en evidencia la magnitud de otra brecha que nuestra ciencia debe atravesar: la de las inequidades a lo largo y ancho del país.
Titulado Una aproximación a las brechas territoriales en las capacidades de investigación en Uruguay, el agudo informe de Baptista, que fuera realizado con apoyo del BID, muestra que el ecosistema científico no se distribuye homogéneamente por el país. El trabajo no sólo muestra que gran parte de la investigación se concentra en la capital, algo si se quiere esperable dado el gran centralismo del país, sino que además desnuda desigualdades importantes entre distintas regiones del país (es decir, hay brechas territoriales Montevideo-interior, pero también interior-interior) que abarcan tanto cantidad de investigadoras e investigadores por cantidad de habitantes en edad activa, temáticas, instituciones y género. Así que vayamos al informe del que ya se habían dado algunos avances en 2023 dentro del marco de las jornadas, talleres y consultorías emprendidos por el Ministerio de Educación y Cultura al respecto del proceso de reordenamiento del área de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Revelando brechas territoriales con el objetivo de pensar políticas
Como bien señala Belén Baptista, “Uruguay no cuenta a la fecha con una trayectoria relevante en materia de diseño e implementación de políticas científico-tecnológicas que consideren la dimensión subnacional”, es decir que piensen en el despliegue de esas políticas en el territorio, por lo que su estudio “tiene por objetivo aportar evidencia sobre la distribución territorial de los investigadores en Uruguay, así como sobre su perfil profesional-laboral y sociodemográfico”, de manera que esa información “pueda ser tomada como insumo para el diseño de políticas científico-tecnológicas a nivel nacional que incorporen un enfoque subnacional”.
Como una placa de rayos X, la investigación de Baptista lo que hace es poner en blanco y negro el estado de situación. Luego habrá que pensar cuáles de los aspectos que nos muestra la radiografía sería deseable y posible cambiar. La investigadora, por su parte, reconoce que si bien “ha habido históricamente una concentración de las capacidades de investigación –y de las oportunidades de su desarrollo– en la capital del país”, en las últimas décadas se han creado instituciones y realizado esfuerzos “orientados a la desconcentración territorial de las capacidades de investigación”. Entre ellos menciona, a modo de ejemplo, “la política de descentralización de la Universidad de la República (Udelar)”, “la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) con sus Institutos Tecnológicos Regionales en el interior”, así como el establecimiento de Estaciones Experimentales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en varios puntos del país. Es claro que de no haberse realizado tales esfuerzos, las brechas que Baptista deja en evidencia serían aún mucho mayores, pero su trabajo también sirve para mostrar cómo estas iniciativas, loables todas, no han abarcado de forma pareja todo el territorio.
En cuanto a la metodología, el informe sostiene que se basó en el análisis de los datos contenidos en la plataforma CVUy, sitio gestionado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en el que consta “información actualizada, completa y validada sobre la localización, trayectoria académica, e información sociodemográfica básica de todos los investigadores categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores, y en general de los postulantes a los diferentes instrumentos de fomento a la formación, la investigación y la innovación gestionados por la ANII”. Se escapan entonces de esta forma de abordar el fenómeno aquellas personas que se dedican a la investigación fuera de la academia. Al respecto la autora señala que “la evidencia indica que dicho sesgo es relativamente acotado”, dado que, según datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, “sólo 2% de los investigadores uruguayos se desempeñan en el sector empresarial (incluyendo público y privado) y más del 80% lo hacen en instituciones de educación superior”.
De esta forma se abordaron en 14.958 entradas de CVUy 2.099 personas categorizadas como investigadores por el Sistema Nacional de Investigadores, a las que se sumaron 4.666 que estuvieran cursando un doctorado o lo hubieran completado a agosto de 2022. Vayamos entonces a las brechas observadas por Baptista.
Brechas territoriales en la distribución de investigadoras e investigadores
Según reseña la autora del reporte, “Uruguay cuenta con 3.295 investigadores, lo que equivale a 1,84 investigadores por cada 1.000 integrantes de la población económicamente activa”. Como bien destaca, el valor es bajo comparado con el promedio de América Latina y el Caribe (2,19 investigadores por cada 1.000 personas de la población económicamente activa). Más aún, “es menos de la mitad que el de los países líderes de la región, Brasil y Argentina (3,99 y 4,88, respectivamente), y cinco veces menor que el promedio de los países de la OCDE (9,9)”.
Pero más allá de esas diferencias con los demás países, los promedios engañan: no en cada punto del Uruguay hay 1,84 investigadores por cada 1.000 integrantes de la población económicamente activa: mientras en Montevideo esa tasa es de 4,91, lo que lo acerca al promedio nacional de Argentina (4,9) o Brasil (4,0) en 2021, en el interior esa tasa es de 0,97 investigadores o investigadoras por cada 1.000 personas de la población económicamente activa, guarismo similar al promedio nacional de Colombia (0,9) pero menor que el de México (1,2).
De esa manera, el trabajo afirma que “Montevideo tiene al menos cinco veces más investigadores, con respecto a su población activa, que los 18 departamentos del interior de Uruguay en su conjunto”, tanto si se consideran sólo los investigadores dentro del SNI como si además se suman aquellos con doctorado en curso o terminado.
Pero, una vez más, los promedios no nos cuentan toda la película. Al dividir el país en zona metropolitana (Montevideo y Canelones para este trabajo), zona Norte (Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo), zona Litoral Oeste (San José, Colonia, Soriano y Río Negro), zona Centro-Sur (Florida, Flores y Durazno) y zona Este (Maldonado, Rocha, Lavalleja y Treinta y Tres), la cantidad de investigadores presenta grandes variaciones. Mientras el área metropolitana lidera la estadística con 3,8 investigadores categorizados y personas con formación de doctorado cada 1.000 integrantes de la población económicamente activa, en la zona Norte la cifra baja a 1,07, en la Este a 0,95, en la Litoral Oeste a 0,59, y toca el piso en la zona Centro-Sur con 0,36, lo que allí implica “menos de una décima parte de investigadores con relación a su población activa que en la región metropolitana”.
Baptista entonces afirma que estos resultados “confirman que a escala regional existe un segundo nivel de brechas territoriales en las capacidades de investigación en Uruguay, y que dichas brechas pueden ser tan importantes como las que se observan entre Montevideo y el interior del país en su conjunto”. Más aún, remarca que “la dicotomía Montevideo-interior da cuenta sólo parcialmente de la heterogeneidad existente en el territorio uruguayo en términos de capacidades de investigación, y sugiere la pertinencia de evaluar el desarrollo de políticas científico-tecnológicas a nivel subnacional que contemplen la escala regional”.
Al ver el mapa por departamentos que aparece en el informe, las disparidades son aún más marcadas: Artigas, Soriano, Flores, Florida y Lavalleja tienen menos de 0,25 investigadores por cada 1.000 personas en edad económicamente activa.
“Cabe destacar que las regiones de Uruguay tampoco son homogéneas en términos de capacidades de investigación”, dice entonces Baptista. “Sólo a modo de referencia, hay departamentos que tienen hasta 20 veces menos investigadores categorizados en el SNI y personas con formación de doctorado con relación a su población activa que otros departamentos de su misma región (Artigas vs. Tacuarembó, en la Región Norte, por ejemplo). Esa disparidad incluso se da entre la zona metropolitana: “Montevideo tiene prácticamente cuatro veces más investigadores con relación a su población activa que Canelones”.
Brechas territoriales en la trayectoria de investigadoras e investigadores
El trabajo luego analiza en qué categoría están los investigadores en la escala del SNI, a saber, siendo del nivel Iniciación los investigadores más nuevos y los de Nivel III los de mayor trayectoria. Al desglosar por Montevideo e interior, los números ya cantan algunas diferencias: “Mientras que el 24% de los investigadores activos del SNI que residen en Montevideo están categorizados en los Niveles II y III, dicha proporción se reduce al 14% en el caso del interior y, en particular, los investigadores Nivel III en Montevideo más que triplican, en porcentaje, a los radicados en el resto del país”, reporta el trabajo. Por tanto, la autora del reporte afirma que “en la capital de Uruguay no sólo se concentra la mayoría de los investigadores, sino también los investigadores con mayor trayectoria”. Otro número dice esto con gran contundencia: 96% de los investigadores e investigadoras del nivel máximo del SNI viven en la zona metropolitana.
Al observar qué pasa por regiones, el trabajo reporta que, considerando “la cantidad de investigadores y las trayectorias académicas de los mismos”, los resultados de la investigación “indican que el orden de las regiones del país de acuerdo al nivel de desarrollo de sus capacidades de investigación sería (de mayor a menor): 1) región metropolitana, 2) región Norte, 3) región Este, 4) región Litoral Oeste, y 5) región Centro-Sur”.
Brechas territoriales en las áreas de investigación
Al analizar el área de conocimiento al que se dedican las investigadoras e investigadoras del país, también surgen algunas diferencias significativas.
Tanto en Montevideo como el interior la mayoría de quienes investigan lo hacen en el área de las Ciencias Naturales y Exactas (39% en la capital, 42% en el interior). Sin embargo, “mientras que en el caso de la capital del país se ubican en segundo lugar las Ciencias Sociales, en el interior hay relativamente más investigadores especializados en Ciencias Agrícolas”, sostiene el estudio. Efectivamente, las ciencias sociales en Montevideo mantienen entretenidas a 22% de quienes hacen investigación, guarismo que baja a 14% en el interior. Inversamente, mientras que en el interior las ciencias agrícolas desvelan a 25% de quienes investigan, en Montevideo ese porcentaje baja a 7%.
Al respecto, el trabajo dice que esto observado “es consistente con que las cinco Estaciones Experimentales del INIA se localizan fuera de Montevideo, y que hay una sede de la Facultad de Agronomía de la Udelar en la región Norte”. También reporta que “en el interior del país la proporción de investigadores especializados en las áreas Ingenierías y Tecnologías y Ciencias Médicas y de la Salud es la mitad que en Montevideo, siendo estas las áreas del conocimiento para las cuales se identifican las mayores brechas, a dicho nivel de desagregación territorial, en términos de capacidades de investigación”.
Al poner estos datos bajo la lupa de las regiones, reporta que “mientras en las regiones Este y Centro-Sur la mayoría de los investigadores categorizados en el SNI se especializan en Ciencias Naturales y Exactas, en la región Litoral Oeste la mayoría desarrolla actividades vinculadas con las Ciencias Agrícolas, y en la región Norte hay una proporción equilibrada para ambas áreas del conocimiento”.
Brechas territoriales por instituciones de investigación
“Una tercera variable considerada para analizar el perfil profesional laboral de los investigadores en Uruguay a nivel subnacional es su filiación institucional”, dice el trabajo, que entonces desmenuza en cada región dónde investigan quienes investigan en el país.
Al ver el fenómeno bajo el cristal Montevideo-interior los resultados no sorprenden: en ambos la institución que congrega a más investigadores e investigadoras es la Udelar. En el interior ello implica 62% de quienes investigan o tienen o cursan un doctorado. En segundo lugar en el interior se encuentra el INIA, dando lugar para trabajar a 16% de quienes investigan en el interior.
Al observar este dato por zonas, también surgen patrones relevantes. “En las regiones Norte y Este, donde está presente la Udelar con actividades de investigación (ya sea desde hace más de seis décadas como en el primer caso, o desde hace 15 años como en el segundo), la amplia mayoría de los investigadores categorizados en el SNI (más precisamente, ocho de cada diez) se encuentran vinculados a dicha institución”, reseña el informe. “Para ambas regiones se ubica en segundo lugar en orden de frecuencia la cantidad de investigadores vinculados al INIA, institución que también cuenta con infraestructura de investigación en el territorio (más precisamente, las estaciones experimentales Salto Grande y Tacuarembó en la región Norte, y la Estación Experimental Treinta y Tres en la región Este).
Pero en la zona Litoral Oeste, las cosas cambian: “Siete de cada diez investigadores categorizados en el SNI se desempeñan en el INIA”, sostiene el trabajo, y agrega que en la zona “funciona desde hace más de un siglo la Estación Experimental La Estanzuela, actualmente en el ámbito del INIA, dedicada a la investigación agropecuaria”. En la región Centro-Sur la cosa vuelve a cambiar: “La mayoría de los investigadores categorizados en el SNI están vinculados a la UTEC, y en particular a un Instituto Tecnológico Regional, que como ya fue señalado es de reciente creación”, dice el informe, que además destaca que en esta región “ni la Udelar ni el INIA tienen instaladas infraestructuras de investigación”.
Brechas de género en el territorio
Cuando el trabajo aborda la distribución entre investigadoras e investigadores en la capital y el interior, las cosas parecen estar bien: mientras en la capital hay apenas una mayor representación de investigadores que de investigadoras (52% contra 48%), en el interior se da una paridad plena (50% de ambos).
El asunto es que, una vez más, al observar el fenómeno por zonas, las cifras cambian. Las investigadoras son mayoría en la región Centro-Sur, representando 55% de quienes hacen ciencia, mientras que son la minoría más baja en la zona Norte, donde apenas representan 38% de quienes hacen ciencia. En la zona Litoral Oeste tampoco se alcanzan porcentajes medianamente paritarios, ya que las investigadoras totalizan apenas 41% de las personas que se dedican a hacer ciencia.
“Es importante destacar que en la distribución por sexo de los investigadores en las diferentes regiones incide también el área de conocimiento predominante en que se especializan los mismos en cada territorio”, dice entonces Baptista. “Por ejemplo, en las regiones Norte y Litoral Oeste, como fue señalado previamente, hay una sobrerrepresentación de investigadores del área Ciencias Agrícolas, para la cual en el interior del país hay mayor cantidad de investigadores hombres que de mujeres, en una relación siete a tres”. Por el otro lado, destaca que “en el área de Ciencias Naturales y Exactas existe una distribución por sexo relativamente más balanceada de los investigadores”.
Conclusiones para repensarnos
“El sistema científico-tecnológico de Uruguay es el resultado de un proceso de construcción continua de capacidades que lleva ya casi cuatro décadas; sin embargo, dicho sistema ha tenido un desarrollo desbalanceado a varios niveles, incluyendo, entre otros, el nivel territorial”, sostiene entonces Baptista en su notable radiografía de la ciencia puesta en el territorio.
Que respecto a su población activa Montevideo tenga cinco veces más investigadores que el interior habla de una brecha territorial. Pero al dar cuenta de la magnitud de esta brecha, Baptista señala que “este resultado implica que entre la capital y el resto del país se reproduce exactamente la misma diferencia, en dotación de investigadores con relación a la densidad poblacional, que existe entre el promedio de países desarrollados y Uruguay”.
Luego hay una segunda brecha a nivel subnacional y a escala regional que refiere a “la distribución de capacidades de investigación en términos de capital humano en el país”; Baptista comenta que “dichas brechas son tan relevantes como las que se observan entre Montevideo y el interior en forma agregada”.
Por todo esto, señala que “la dicotomía Montevideo-interior da cuenta sólo muy parcialmente de la heterogeneidad existente en el territorio uruguayo en términos de capacidades de investigación, y sugiere que los procesos de diseño de políticas en esta área deberían contemplar otras escalas territoriales a nivel subnacional”.
Tras sacar la foto, Belén Baptista no da luego recetas para intentar remediar algunas de las brechas observadas. En su lugar, lanza “algunas preguntas para una agenda de investigación futura” cuyas respuestas pueden ser de interés “para avanzar en el diseño de políticas científico-tecnológicas nacionales con enfoque territorial en Uruguay”.
Quien quiera puede anotarse algunas: “¿Qué objetivos en términos de desarrollo de capacidades de investigación a nivel subnacional podría plantearse Uruguay en el corto, mediano y largo plazo?”; “¿cuáles son las necesidades de investigación estratégicas para diferentes unidades territoriales del país en el corto, mediano y largo plazo?”; “¿la virtualidad permite superar los problemas de masa crítica para algunas actividades de investigación y/o áreas del conocimiento/disciplinas pertinentes para el país?”; “¿qué capacidades de investigación son necesarias para poder generar/fortalecer las capacidades de formación universitaria a nivel avanzado en el interior del país?”. Con preguntas tan claras, las respuestas parecen estar mucho más cerca.
Reporte: Una aproximación a las brechas territoriales en las capacidades de investigación en Uruguay
Publicación: trabajo de consultoría realizado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (agosto de 2024)
Autora: Belén Baptista.