En julio de 2021, en el marco de la Operación Fraude Universitario, encabezada por la fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, y la jefatura de Policía de Colonia, un pastor evangélico y coleccionista de instrumentos musicales, que era dueño de dos locales de Abitab en Juan Lacaze, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir, lavado de activos y estafa; también formalizaron a otras seis personas. Tras los procesamientos, Fleitas aseguró que se trataba de la primera pista de una organización internacional de estafadores que empezaba a desarticularse con esa investigación judicial, que se inició en 2018.
La maniobra consistía en crear dominios y páginas web de universidades inexistentes, desde donde ofrecían cursos a distancia que se avalaban con certificados, también falsos. El pastor y su familia adulteraban logos de universidades y en los certificados utilizaban sellos de Unesco apócrifos. También aseguraban, falsamente, que contaban con el aval del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Vendían los títulos por 2.500 o 3.000 dólares.
En este operativo se incautaron bienes por más de un millón de dólares, incluyendo tres padrones en el balneario Artilleros, donde había una fastuosa vivienda, y en Juan Lacaze, así como dinero en cuentas bancarias. En la residencia la Justicia incautó una enorme diversidad de objetos: pabellones patrios, monedas de la época romana, medallas del Mundial de 1950, puntas de flechas, cerámicas rescatadas de naufragios ocurridos en Colonia del Sacramento en el siglo XVII, muebles de estilo y hasta vehículos de alta gama. La Justicia ordenó rematar esos bienes en favor del Estado, y se determinó que lo recaudado fuera destinado a la Junta Nacional de Drogas.
Remates
En marzo del pasado año, en el hotel Sheraton de Colonia del Sacramento, se llevó a cabo el denominado “remate del siglo”, a cargo del escritorio Waldemar G. Carbajal. En esa instancia se subastaron cerca de 500 objetos incautados, con una recaudación superior a los 200.000 dólares.
A pesar de lo atractivo que en primera instancia resultaba el catálogo de objetos a subastar, la Comisión Nacional de Patrimonio no adquirió piezas, pero “hizo un estudio en profundidad del conjunto de piezas que salieron a remate” y también “recomendó separar una serie de piezas que podrían tener otras connotaciones vinculadas al tráfico ilícito”, dijo el director William Rey en una entrevista realizada por la periodista Claudia de los Santos en la emisora coloniense Impacto FM.
Entre los objetos que esa comisión solicitó que no fueran rematados se encontraban “alguna pieza peruana que podría haber sido sacada ilícitamente” de ese país, así como monedas griegas y romanas. “En principio hay que hacer consultas al respecto para ver si Interpol tiene algún reclamo sobre ellas, y en caso de que así fuera hay que devolverlas, en cumplimiento de las normas internacionales sobre el tráfico ilícito de piezas patrimoniales”, comentó el funcionario.
En el catálogo de ese remate apareció un pabellón patrio confeccionado en 1830 que había pertenecido a un entonces senador. Sin embargo, Rey señaló que “la antigüedad de la bandera no era tal, no era de 1830”, y dijo desconocer “qué argumentación se utilizó para decir eso”. Según el funcionario, esa bandera habría sido confeccionada en el siglo XX. Además, Rey dijo que en esa subasta también salieron a la venta “muy buenas copias de objetos elaboradas por culturas originarias” que habitaron el actual territorio uruguayo.
Este viernes 10, en el estudio de W. Carbajal en Rosario, a las 14.00, será el turno del remate de los inmuebles decomisados hace dos años. Por un lado, se trata de una vivienda de casi 500 metros cuadrados ubicada en dos padrones del balneario Artilleros. El precio base es de 65.000 dólares. Además, se rematará un local comercial en Juan Lacaze, de 44 metros cuadrados, con una base de 27.000 dólares.