El Centro de Acogida y Fortalecimiento Familiar (CAFF) María Isabel Fernández Vico será cerrado, pero lo que realmente está en juego es el modo en que se entiende y se protege la infancia vulnerable en Nueva Palmira. Desde que se tomó conocimiento público, el proceso de cierre del hogar ha estado marcado por decisiones silenciosas, tensiones políticas y sociales y una creciente preocupación por el destino de los niños, niñas y adolescentes que allí residen.
Según información confirmada, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tenía conocimiento del cese del convenio con la Asociación Uruguaya de Protección Infantil (AUPI) desde noviembre de 2024. Sin embargo, esta decisión no fue comunicada oportunamente al equipo técnico ni a la comunidad, lo que generó un clima de incertidumbre prolongada. La falta de transparencia en los tiempos y formas del proceso ha sido señalada por diversos actores como un factor que agravó la situación emocional de los involucrados.
La cooperativa Arandú, a la que se le adjudicó la gestión del CAFF a raíz del cierre, comunicó oficialmente a INAU su decisión de no continuar con el compromiso de adjudicación. En su comunicado, la organización expresó que el conflicto estaba siendo abordado desde una “mirada adultocéntrica”, sin priorizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, quienes se estaban convirtiendo en “rehenes de la situación”.
La cooperativa, reconocida por su trayectoria ética y profesional en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también advirtió sobre el impacto emocional que el escenario actual estaba teniendo en sus integrantes. Su retiro deja al CAFF sin una alternativa clara de gestión y abre la posibilidad de redistribuir a los niños en hogares oficiales de INAU: sólo hay uno en Colonia.
Aunque el cierre ha sido presentado como parte de una reorganización institucional, fuentes cercanas al caso señalan que la motivación profunda está vinculada a decenas de denuncias por abusos, maltratos y situaciones de gravedad que se habrían acumulado desde 2017.
En una visita a Nueva Palmira realizada en 2022 por el entonces presidente de INAU, Pablo Abdala, convocado por el diputado Mario Colman, se alertó sobre el alto índice de explotación sexual infantil en Nueva Palmira. Esta advertencia se enmarca en un contexto territorial complejo, ya señalado en 2010 por la ONG El Paso como una de las cinco zonas de alto riesgo para la trata de personas a nivel nacional.
El Centro de Acogida y Fortalecimiento Familiar (CAFF) María Isabel Fernández Vico será cerrado, pero lo que realmente está en juego es el modo en que se entiende y se protege la infancia vulnerable en Nueva Palmira.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la escasa consideración de las voces de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, ese deseo parece haber quedado subordinado a decisiones administrativas que priorizan estructuras por sobre vínculos, según el municipio.
La mirada adultocéntrica denunciada por Arandú y por diversos actores comunitarios se manifiesta en la forma en que se ha gestionado el proceso: sin diálogo real, sin escucha activa y sin garantías de reparación por parte de INAU, y por el abordaje social y político efectuado en la ciudad, donde los cinco referentes municipales y ediles departamentales elevaron una carta exigiendo que el hogar permanezca en Nueva Palmira, omitiendo que el traslado estaba vinculado directamente a la protección de los menores involucrados por considerarse esta ciudad una zona roja y sin considerar la razón de las denuncias presentadas.
En este contexto, la infancia en Nueva Palmira aparece como objeto de disputa, pero no como sujeto de derecho, y el municipio adoptó una vez más una postura superficial, como la tomada por la gestión anterior, cuando, bajo la excusa de “que haya algo para los niños”, defendió la implementación de publicidad de drogas (alcohol) en un evento infantil.
El cierre del CAFF María Isabel Fernández Vico es inevitable. Lo que está en juego no es sólo la continuidad de un centro, sino la forma en que el Estado y la comunidad responden ante la vulneración de derechos. La retirada de Arandú, el silencio institucional y la falta de alternativas claras configuran un escenario que exige responsabilidad, transparencia y compromiso ético.
Facundo González Ferraro es periodista en Radio Palmira FM – La Comunitaria de Nueva Palmira.