Distintos gobiernos de América Latina comenzaron a adoptar medidas para proteger a los sectores más vulnerables de la población y de las empresas frente al impacto económico del coronavirus.
En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández aprobó transferencias monetarias para quienes tienen menores ingresos y medidas para aliviar a algunas empresas. Dispuso que se entregue un pago único de 3.100 pesos argentinos (unos 2.200 pesos uruguayos) a aquellos jubilados y pensionistas que ganen menos de 18.892 (13.500), y de 3.000 pesos argentinos (2.150 uruguayos) para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, informó Tiempo Argentino. De acuerdo con el Ejecutivo de Fernández, estos pagos llegaran a 550.000 personas.
La medida se dispuso considerando que muchos de los beneficiarios de programas sociales, que reciben unos 8.000 pesos argentinos por mes (unos 5.743 pesos uruguayos), complementan esos ingresos con trabajos eventuales informales, que difícilmente puedan desempeñar durante esta crisis sanitaria.
“Es absolutamente necesario tomar medidas de emergencia en un contexto que es de emergencia, una emergencia que tiene origen en una crisis internacional de dimensiones poco conocidas y que obliga a los países a tomar medidas de excepción para proteger a la población y defender su sistema productivo”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Además, el gobierno de Fernández dispuso una serie de acciones destinadas a apoyar a las empresas de los sectores más afectados: turismo, espectáculos y transporte. Según informó el periódico, el Ejecutivo decidió eximirlas de manera “temporal” de las contribuciones patronales. Esto abarca a los restaurantes, la hotelería, el transporte de pasajeros, los cines y los teatros. Se dispuso también que el Estado se hará cargo de parte de los salarios de los empleados de empresas en crisis (ampliando la aplicación de un programa que ya existe para situaciones de ese tipo) y reforzará el subsidio de aquellos que vayan al seguro de paro.
A estas políticas se suman otras de inversión pública y acciones para financiar algunas industrias, en un plan que insumirá unos siete millones y medio de dólares. También se implementarán acciones de fiscalización de precios y otras para facilitar el trabajo a distancia, por ejemplo, mediante préstamos para comprar las herramientas necesarias.
En Perú, el primer ministro Vicente Zeballos dijo que el gobierno evalúa entregar transferencias de efectivo o alimentos a las personas que más lo necesiten, pero todavía no está definido a quiénes comprendería esta política. Sí está decidido que se van a aumentar las jubilaciones de aquellas personas mayores que estén incluidas en programas sociales, quienes además recibirán el pago a domicilio, informó la agencia de noticias Efe.
También el gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia, aprobó un pago adicional a quienes están comprendidos en distintos programas sociales. Se aplicará para los beneficiarios de Familias en Acción, que abarca a unos diez millones de personas; Jóvenes en Acción, que brinda capacitación técnica y profesional a 204.000 estudiantes; y Adulto Mayor, que comprende a un millón y medio de ancianos.
Servicios públicos accesibles
Otras medidas apuntan a garantizar los servicios públicos. En Colombia, donde un millón de personas tenían cortado el servicio de agua potable por falta de pago, Duque anunció que se les reconectará. Además, se congelará la tarifa del servicio mientras dure la “emergencia sanitaria”. El gobernante anunció también que se “acelerará el esquema de devolución del IVA a las familias más vulnerables”, que estaba previsto que comenzara en enero de 2021 para 100 hogares. Además, las personas y las pequeñas y medianas empresas tendrán “un alivio financiero” en el pago de sus créditos, que por dos meses podrán refinanciar sin entrar en mora.
En El Salvador, aunque el miércoles todavía no había casos confirmados de coronavirus, el gobierno comenzó a aplicar medidas enfocadas en prevenir el impacto económico que la pandemia puede generar. Para las personas y pequeñas empresas afectadas “directamente” por la pandemia, se suspenden por tres meses los pagos mensuales de agua, energía eléctrica, telefonía, internet y cable, informó Efe. Esos pagos se podrán financiar en dos años sin intereses ni multas. Por el mismo plazo se puede suspender el pago de cuotas a comercios, tarjetas de créditos, préstamos personales e hipotecarios.
Según enumeró el presidente Nayib Bukele, esas políticas están destinadas a “personas que pierdan su trabajo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero”. También se aplicarán a “taxistas, profesionales que demuestren caída de ingresos, bares, cafés y camareros. En fin, todas las personas que demuestren afectación directa”.
En Bolivia, el gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez creó un Bono Familia de unos 72 dólares mensuales por cada hijo que vaya a la escuela pública. “Nuestros niños en este período de cuarentena no tendrán su desayuno escolar. Queremos ayudar a las familias a compensar la falta de ese desayuno”, dijo Áñez.
También dispuso que las personas y pequeños empresarios que tengan deudas puedan dejar de pagarlas por dos meses, y hacerlo después, “al final del período del crédito”. Además, no se cortará la luz, el agua ni el gas en los hogares por falta de pago “mientras dure la cuarentena y la crisis de salud”.
En República Dominicana también se dispuso que los bancos flexibilicen el pago de préstamos personales e hipotecarios, y se anunció que el gobierno destinará más de 180 millones de dólares a préstamos para personas y pequeñas y medianas empresas. Otros 230 millones apoyarán sectores como el turismo, afectados por la emergencia sanitaria.