“Si no se defiende el estado de derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos, con efectos negativos que se prolongarán mucho tiempo después de que la pandemia haya cesado”, manifestó la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet.
El organismo que preside recibió denuncias de que fuerzas policiales de distintos países vienen utilizando la fuerza de manera desmedida para obligar a la población a cumplir con las disposiciones de aislamiento social, cuarentena y toques de queda impuestos en el marco de las medidas tendientes a evitar la propagación de la covid-19.
Medidas restrictivas de ese tipo se aplican en alrededor de 80 países. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU manifestó que estas disposiciones deben servir para evitar el avance de la pandemia, “ni más, ni menos”. Pero advirtió que no deben usarse para controlar a la ciudadanía, para reprimir a la oposición o para que un gobierno se mantenga en el poder, informó la agencia de noticias Efe.
Una vocera de esa oficina, Peggy Hicks, manifestó que los abusos denunciados afectan en general a los más pobres, que se ven obligados a salir para conseguir sus alimentos diariamente, pese a las disposiciones extraordinarias.
Para prevenir esas situaciones, la oficina emitió un manual con indicaciones para los gobiernos sobre cómo actuar en este contexto de emergencia. El manual advierte que una persona que viole una de estas medidas no debe ser detenida o maltratada. Sin embargo, se han registrado numerosos casos de este tipo y las denuncias de detenciones en el marco de la emergencia sanitaria son decenas de miles.
De acuerdo con la agencia de noticias Efe, la directora de Operaciones de la oficina de la ONU, Georgette Gagnon, informó de 120.000 denuncias de detenciones en Filipinas, 50.000 en Perú, 35.000 en República Dominicana y 17.000 en Sudáfrica. A su vez, en Nigeria se reportó que 18 personas fueron asesinadas por no respetar las restricciones de movimiento. En Kenia se presentaron 150 denuncias de abusos policiales, y en Honduras fueron reprimidas manifestaciones en reclamo de acceso a bienes y servicios básicos.
La chilena Radio Cooperativa informó que Bachelet advirtió que se ha visto “cómo numerosos estados adoptaban medidas justificadas, razonables y provisionales. Pero también ha habido casos muy inquietantes, en que los gobiernos parecen haber usado la covid-19 como pretexto para vulnerar los derechos humanos, limitar libertades fundamentales, reducir el espacio cívico y socavar el estado de derecho”. La alta comisionada de la ONU agregó: “El principio supremo debe ser que esas medidas se apliquen con sentido humanitario”, y deben estar controladas por el Parlamento, por el Poder Judicial y por la población.
Derecho a la información
En algunos países, señaló ayer la repartición a cargo de Bachelet, “no están bien definidas” las medidas de distanciamiento social dispuestas, y se pueden utilizar para “amordazar a críticos, a opositores o a la prensa”. La alta comisionada ya había advertido el viernes que “algunos estados han usado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y socavar las críticas”.
La funcionaria mencionó específicamente las acciones contra el trabajo de medios de comunicación y las “detenciones e intimidaciones de periodistas”. Agregó que “los medios libres son siempre esenciales, pero nunca habíamos dependido de ellos tanto como durante esta pandemia, cuando tanta gente está aislada y teme por su salud”.
También el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, destacó días atrás la necesidad de contar con el periodismo para acceder a información en este contexto, y llamó a combatir “la peligrosa epidemia de la desinformación”.
Bachelet citó un informe del Instituto Internacional de Prensa, según el cual hubo 130 ataques a los medios de comunicación en distintos países, y varios medios fueron cerrados por las autoridades desde que se detectó la epidemia. A esta situación se agregan 50 casos de censura y la detención o la acusación contra cerca de 40 periodistas por cuestionar cifras oficiales o ser críticos con el gobierno.