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Los reclusos de la prisión de Villa Devoto participan en un motín que exige medidas para prevenir la propagación del coronavirus, el 24 de abril, en Buenos Aires.

Foto: Juan Mambromata, AFP

El presidente argentino dijo que existe una campaña mediática para acusar a su gobierno de liberar a condenados

2 minutos de lectura
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Más de 1.700 convictos fueron excarcelados por una resolución judicial que busca evitar propagación de covid-19 en centros penitenciarios.

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En varias publicaciones que hizo este miércoles en su cuenta de Twitter, el presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró que existe “una campaña mediática” que busca “acusar al gobierno de querer facilitar la libertad” de personas detenidas que fueron condenadas. Recordó, asimismo, que organismos internacionales y de derechos humanos formularon recomendaciones para “evitar el hacinamiento en las cárceles” en el actual contexto de la pandemia de covid-19 causada por el coronavirus. “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”, aseveró el mandatario en sus publicaciones, consignadas por la agencia de noticias Télam.

La situación a la que hace referencia Fernández tuvo como disparador los motines que desde el comienzo de la pandemia se produjeron en varias cárceles argentinas, los más grandes en Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde los presos exigieron medidas preventivas en sus lugares de reclusión. A partir de estos hechos, el juez provincial bonaerense Ricardo Borinsky dio a conocer un fallo en el que, en forma tácita, indicó a los magistrados que tienen que concretar las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de quienes tienen más de 65 años o están enfermos, así como las mujeres con hijos chicos, las embarazadas y los presos que ya cumplieron gran parte de la condena, siempre y cuando los beneficiados no hayan cometido delitos violentos.

De acuerdo a lo que informó el portal Infobae, hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación a un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días. A la vez, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 recursos presentados, entre ellos nueve hábeas corpus colectivos.

“Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”, enfatizó Fernández. El mandatario argentino agregó que “en el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo” y sostuvo que “algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”.

Además, el presidente invocó la separación de poderes y afirmó que “en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”, recalcó.

El mandatario señaló también que hizo “estas aclaraciones tan sólo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”. “Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”, puntualizó.

Por su parte, y también en su cuenta de Twitter, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que “es absolutamente falso que exista un plan del gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar masivamente presos”. “El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes”, afirmó el ex ministro de Economía de 48 años de edad, quien agregó que desde que asumió su cargo “no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador” y agregó que “tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior”.

El jerarca kirchnerista pidió “la máxima responsabilidad con este tema tan delicado” y dijo: “No agreguemos más temores a la población. Al igual que el gobierno nacional, nuestro único plan es seguir trabajando para cuidar la salud y la vida de todos y todas”.

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