El Estado de Israel festejó esta semana 72 años de existencia. Bajo el estado de confinamiento obligatorio, el festejo fue atípico, con actos solemnes y festivos emitidos por televisión, sin aglomeraciones, casi sin los tradicionales fuegos artificiales y sin la salida habitual a pasear en parques y bosques que cientos de miles de familias suelen hacer en este día festivo.
Tampoco se llevó a cabo la tradicional visita masiva de decenas de miles de palestinos ciudadanos de Israel a alguno de sus poblados destruidos y de los que fueron desplazados, una tradicional “contramarcha” que suele recordar que la independencia del Estado judío implicó el desplazamiento forzado de gran parte del pueblo palestino. Tampoco acudieron el día anterior al de la independencia cientos de miles de israelíes, familiares de soldados caídos en las numerosas y persistentes guerras desatadas desde 1948, a las tumbas de sus seres queridos en los cementerios militares. Todos los actos recordatorios en estas fechas tan sensibles y conflictivas pasaron al mundo virtual.
La decisión de evitar aglomeraciones que puedan producir contagios masivos en estas fechas fue una especie de anticlímax a la creciente reapertura de la vida económica en Israel tras semanas de cierre de buena parte de su actividad y de serias limitaciones al movimiento de las personas. Los números demuestran que aparentemente la estrategia israelí de enfrentamiento al coronavirus fue relativamente exitosa.
De acuerdo a los últimos datos oficiales, 222 personas murieron a causa de la covid-19 en Israel. Sin embargo, mirando los datos de la región, de países vecinos, parecería que el virus no tiene en estas latitudes la misma virulencia que en otros lugares: los índices de mortalidad en la mayoría de los países árabes son menores que los de Israel y son muy similares en países próximos del Mediterráneo este, como Grecia o Chipre.
Sea por las medidas tomadas o por otros factores por ahora desconocidos, los peores pronósticos no se cumplieron ni para Israel ni para los territorios autónomos controlados por la Autoridad Palestina y por Hamas. Al analizar más detenidamente las medidas israelíes, podemos reconocer un comienzo muy exitoso imponiendo el confinamiento a pasajeros provenientes de países afectados y el comienzo de medidas de distanciamiento social, acompañado de un cierre parcial de las actividades sociales y económicas.
Los puntos débiles del sistema israelí fueron la escasez de camas de tratamiento intensivo y de máquinas respiratorias, producto de una década de recortes en la salud pública, carencias que hubo que suplir rápidamente y a un costo mayor; el descuido de las residencias de ancianos, recién atendido varias semanas después de iniciada la epidemia y ya con la muerte de decenas de ancianos de tres residencias distintas; y la tardía internalización de las medidas de distanciamiento social en comunidades judías ortodoxas que mantuvieron sus congregaciones en sinagogas y sus centros de estudios hasta que se convirtieron en los principales afectados por la pandemia, pagando con vidas.
Esto sucedió pese a que el ministro de Salud israelí, Yaacov Litzman, es precisamente un dirigente del partido religioso más ortodoxo. A pesar de haber firmado él mismo los decretos de distanciamiento social, no fue proactivo en la comunicación con su propio público, que parcialmente no se conecta a los medios de comunicación de masas. El propio Litzman no cumplió enteramente las medidas de distanciamiento social y se contagió del virus, por lo que pasó un par de semanas inactivo. Hay que señalar, sin embargo, que Litzman dio respaldo político a los profesionales de la salud y logró vencer las resistencias de los voceros de intereses económicos que querían evitar la detención de la mayor parte de la actividad.
El cierre de la mayoría de las actividades laborales fue brusco, y en este aspecto las debilidades políticas de un gobierno provisorio sin mayoría parlamentaria y con problemas de legitimidad se manifestaron plenamente. El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu tardó mucho en dar respuestas a la mayoría de los sectores afectados.
En realidad, el gobierno permitió sacar a “vacaciones” forzadas y sin goce de sueldo a cientos de miles de trabajadores del sector privado, a la vez que forzó a 85% de los trabajadores del sector público a consumir sus futuros días de vacaciones. Mientras la mayoría de los trabajadores que salieron de vacaciones sin goce de sueldo pudieron acudir al seguro de paro para percibir 70% de su salario, decenas de miles de comerciantes, pequeños empresarios y trabajadores independientes se quedaron repentinamente sin ingresos y casi sin moratorias en sus pagos (alquileres, impuestos, etcétera). Tras cinco semanas de paralización, el gobierno apenas ha enmendado mínimamente esta política de desprotección de sectores enteros, y en las últimas dos semanas están aflorando protestas sociales y reclamos sectoriales muy variados. Sólo el temor al contagio frenó lo que puede convertirse en estallidos sociales si el gobierno no se decide a tomas medidas de compensación más eficaces y completas. El anuncio de una estrategia de salida del confinamiento relativamente acelerada, esperada para la próxima semana, es precisamente un intento por aliviar la asfixia económica y frenar el creciente descontento social.
El confinamiento y la crisis económica consecuente han hecho aflorar las grandes desigualdades características de la sociedad israelí en las últimas décadas. Por ejemplo, la eficacia muy parcial de la educación impartida a distancia ante la escasez de computadoras y tablets en familias pobres con numerosos hijos, así como la fragilidad de un gran sector de asalariados jornaleros o subcontratados que no cuentan con derechos suficientes para acogerse al seguro de paro.
Para peor, a casi la totalidad de los trabajadores de la asistencia social y los servicios municipales de apoyo social se les dio vacaciones, de las que recién ahora están regresando, de tal manera que se dejó a los sectores más frágiles sin tratamiento en una situación de crisis. Ante ese descuido estatal, surgieron numerosas iniciativas de respuestas solidarias desde la sociedad civil, pero han sido insuficientes. Además, en estos días de crisis y confinamiento se agravaron problemas de violencia doméstica y machista. Paralelamente, se menciona un supuesto incremento de los suicidios.
A las graves inquietudes económicas y sociales hay que agregar lo bizarro de la ópera política. Tras una crisis institucional sin precedentes. en el medio de la cual la Corte Suprema de Justicia obligó al ex presidente de la Knésset Iuli Edelstein, del Likud, a destrabar la tarea parlamentaria, el líder supuestamente opositor, el general retirado Benny Gantz, anunció que había llegado a un acuerdo con Netanyahu para formar un gobierno “paritario”, lo que provocó la inmediata escisión de la mitad de su partido Azul y Blanco y un terremoto político que arrasó con la unidad de otros sectores.
Gantz, que tenía una mayoría parlamentaria muy estrecha, compuesta por sectores muy opuestos, como la Lista Común que agrupa a todos los representantes políticos de la minoría palestina en Israel y el partido del ultraderechista y racista Avigdor Lieberman, basado en los votos de inmigrantes provenientes de la antigua Unión Soviética, prefirió deshacer el bloque que le había permitido una posición de fuerza y aceptar una aparentemente generosa propuesta de Netanyahu, arguyendo que la emergencia del coronavirus y el colapso económico requerían medidas especiales y deshacerse de su promesa electoral de que “jamás aceptaría servir en un gobierno junto con un procesado con tres juicios pendientes”.
El incumplimiento del principal compromiso, gracias al cual logró obtener la votación masiva de la heterogénea masa de votantes anti-Netanyahu, resulta especialmente raro si se considera que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno provisorio de Netanyahu al cerrar actividades económicas fue decretar, a mediados de marzo, una feria judicial especial que obligó postergar, sin que se haya publicado nueva fecha, su propio juicio, que estaba previsto que empezara la semana siguiente. El acuerdo entre Netanyahu y Gantz incluye medidas inéditas desde el punto de vista constitucional, que obligan a la Knésset a modificar leyes fundamentales (en Israel no hay constitución), en un trámite que comenzó esta semana, creando conceptos legales nuevos, como “gobierno paritario” y “primer ministro alterno”, entre otros. Básicamente, si el acuerdo es implementado, Netanyahu seguirá siendo primer ministro por el próximo año y medio y será reemplazado por Gantz. En el ínterin, Gantz será ministro de Defensa y “primer ministro alterno”. Tras la rotación, Netanyahu será “primer ministro alterno”.
El acuerdo incluye una distribución paritaria de ministerios y despachos, creando nuevos para satisfacer los intereses de todos los sectores políticos que entrarán en el pacto. El despilfarro previsto es inédito e incluye el mantenimiento de dos residencias oficiales, una para el primer ministro y otra para el primer ministro alterno.
El acuerdo entre Netanyahu y Gantz rompe con la tradición parlamentaria de dejar en manos de la oposición política la presidencia de comisiones de control parlamentario. Ambos dirigentes tienen derecho de veto político, y Netanyahu ha dejado estampado en el acuerdo su derecho a tener representación mayoritaria en la “comisión designadora de jueces” y su derecho de vetar a todo candidato futuro al puesto de jefe de Policía y de jefe de la Fiscalía del Estado.
En otras palabras, Netanyahu quiere tener el poder de presionar a quienes tienen que proseguir las causas judiciales en su contra: Policía, fiscales y jueces. Hay que decir que en el pasado maniobras similares le salieron por la culata. Tanto el anterior jefe de Policía, un ex jefe de los servicios de inteligencia, como el procurador del Estado, ambos políticamente afines a la derecha religiosa, fueron designados con la esperanza de blindar a Netanyahu, pero ellos mismos terminaron procesándolo, convencidos por las abrumadoras pruebas.
El terremoto político incluye al muy debilitado Partido Laborista, que decidió romper su alianza con Meretz, con la cual se presentaron juntos en las elecciones de marzo, e ingresar al futuro gobierno paritario en el marco del bloque de Gantz. Esta decisión no considera que la única afirmación política contenida en el acuerdo es que el futuro gobierno procederá, en coordinación con el presidente estadounidense, Donald Trump, a anexar unilateralmente a Israel al territorio del Valle del Jordán, lo que significaría el fin formal de cualquier expectativa de futuro Estado Palestino en los territorios militarmente ocupados por Israel desde 1967. La Autoridad Palestina viene advirtiendo sobre el significado catastrófico de una anexión tal, pero sus advertencias encuentran oídos sordos y el desprecio total de los políticos y la prensa israelíes, a pesar de su muy eficiente manejo de la crisis del coronavirus.
La crisis de la centroizquierda sionista, tan reducida en el curso de las tres elecciones parlamentarias del reciente año, parece ya terminal. Ninguno de sus dirigentes es capaz siquiera de conectar e incidir en el curso político de la actual protesta social. El único bloque en la izquierda del mapa político israelí no afectado por el terremoto político es la Lista Común, que incluye desde comunistas a islamistas moderados, a todas las corrientes ideológicas de la minoría palestina en Israel.
Fortalecido tras obtener 15 diputados en las recientes elecciones y con una conducción moderada e inteligente, este sector está logrando romper el cerco mediático, aprovechando también el alto porcentaje de profesionales palestinos en el sistema de salud israelí, algo muy visible en estos momentos. Esto no impidió a Netanyahu llevar adelante campañas propagandísticas racistas en las que acusaba a los dirigentes de la Lista Común de “apoyar el terrorismo”, ni impidió a Gantz utilizarlos para mejorar su capacidad negociadora frente a Netanyahu para luego desecharlos como interlocutores políticos. El mensaje racista es muy claro: tanto para Netanyahu como para Gantz, los ciudadanos árabes de Israel pueden participar profesionalmente en el esfuerzo para enfrentar el virus y son ciudadanos que llevan junto a los ciudadanos judíos el peso social de las consecuencias del virus y sus daños, pero sus representantes electos no serán tomados en cuenta para dirigir el esfuerzo político de afrontar la crisis.
La oposición política que queda fuera del acuerdo del “gobierno paritario” es muy heterogénea desde el punto de vista político e ideológico: el sector del ultraderechista laico Lieberman, que tiene seis diputados; unos 15 o 16 diputados de centroderecha de los ex socios de Azul y Blanco que rechazaron el acuerdo por considerar que Gantz es un ingenuo al que Netanyahu va a engañar; tres diputados de Meretz, centroizquierda sionista; y la Lista Común, que incluye a 14 diputados palestinos y un diputado judío del Partido Comunista. Más allá del rechazo común a Netanyahu, esta oposición no tiene agendas comunes y encontrará muy difícil coordinar su acción.
Sin embargo, el “gobierno paritario” aún no ha sido erigido y el acuerdo Netanyahu-Gantz afronta dificultades de implementación, principalmente legislativas y judiciales. No está claro si se podrá concretar a tiempo todas las modificaciones legislativas necesarias y si estas serán consideradas en su totalidad constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Sin esas medidas, el delicado acuerdo puede desarmarse e Israel sería arrastrado a unas cuartas elecciones consecutivas, de impredecibles consecuencias.