¿Debemos resignar nuestra privacidad en favor de la salud pública? ¿Es el Estado de vigilancia social y digital la respuesta a la crisis del coronavirus? ¿De qué debemos prevenirnos cuando el “solucionismo tecnológico” aparece como la única alternativa para cuidarnos? El coronavirus y el big data parecen caminar juntos.
La crisis mundial en torno del coronavirus constituye uno de los eventos más significativos de la humanidad. Haber podido frenar las muertes por infecciones está en la base del desarrollo humano a partir del siglo XIX y, en especial, del desarrollo urbano, del comercio global y del propio sistema capitalista. Nunca el mundo estuvo tan conectado como ahora. Al mismo tiempo, desde que estamos conectados el orden mundial (incluyendo su aspecto digital) nunca estuvo tan en cuestión como hoy.
Hace dos semanas, el pensador coreano Byung-Chul Han planteaba en una resonante columna en el diario español El País: “Corea del Sur ha superado ya la peor fase, lo mismo que Japón. Incluso China, el país de origen de la pandemia, la tiene ya bastante controlada”. El filósofo sostiene convencido que “para enfrentarse al virus los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital” y que “en Asia las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino también, sobre todo, los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado”. Por eso, apunta, “los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas humanas”.
La realidad es que mientras China y otros países asiáticos están domando al virus, Estados Unidos se acerca firmemente a un colapso sanitario y Europa fue incapaz de reaccionar de manera coordinada. Las situaciones de crisis engendran y estimulan el autoritarismo, así como todo tipo de “estados de excepción”.
La experiencia de China y la vigilancia sanitaria
El problema está sobre la mesa. El coronavirus podría marcar el comienzo de una era de intensa vigilancia en el terreno de la salud, dado el potencial de rastrear la propagación de enfermedades en tiempo casi real.
China utilizó datos de las operadoras estatales de telefonía móvil para localizar a personas que habían eludido la cuarentena. Las principales compañías tecnológicas, como Alibaba, han desarrollado aplicaciones que pueden clasificar a las personas según su historial de viajes y el riesgo de exposición al virus. Otra de las medidas para contener el brote que tomó China es el uso de cámaras térmicas que toman la temperatura a distancia. China las usó en Wuhan desde enero y, posteriormente, en ciudades como Beijing, Shanghái y Shenzhen, entre otras. Actualmente, se usan como herramientas de detección y alerta en los aeropuertos para contener el avance del coronavirus. En un ambiente controlado, su precisión detecta patrones de temperatura corporal con 0,3 grados de error. Desde comienzos de marzo se encuentran instaladas también en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina.
¿Son estas medidas las que garantizan éxito en el combate contra el virus? Esto es lo que debe ser analizado. Lo cierto es que, sin reducir el éxito de las políticas de salud a la implementación de una u otra tecnología, resulta evidente que estas han influido fuertemente. Su utilización, de hecho, alimenta la imaginación política del resto del mundo. Lo que ocurre en Asia en relación con el uso de tecnología de vigilancia para frenar el coronavirus es ya un factor objetivo en la toma de decisiones de los políticos y empresas de Occidente.
El ejemplo de Corea del Sur y las coronapps
Además de China, la prensa occidental ha resaltado las medidas adoptadas en Corea del Sur y, en menor medida, los casos también exitosos de Hong Kong, Taiwán, Singapur y Vietnam. Esos países comparten una experiencia decisiva en la lucha contra la epidemia de SARS de 2003. Por eso sus gobiernos se prepararon ante una eventual nueva epidemia.
Para Corea del Sur, sostenía un artículo reciente, “la tecnología es un complemento perfecto a un equipo humano de agentes dedicados a trazar por dónde ha pasado el virus y testar cada caso: ‘trazar y testar’ es su lema”. El éxito de la política surcoreana no se basa, por ende, únicamente en la utilización de la tecnología para realizar un “mapa de calor” de la población: también se fundamenta en los testeos a gran escala. En 2015 y 2018 se modificaron las leyes sobre privacidad en emergencias médicas. “La decisión de recoger los datos de localización fue tomada entonces en una reunión entre varios ministerios”, dice Chris Lee, investigador de la consultora coreana 2e Digital Lab y director de la sede nacional de la ONG MyData. En Corea del Sur, “cada caso positivo es un caso a investigar. Si la declaración personal es incompleta o el ciudadano se niega a hacerla, el Ministerio de Salud tiene potestad para pedir datos de uso de sus tarjetas de crédito y el GPS del móvil”.
“Hay muchas apps para rastrear los casos, y todas son privadas. En Corea del Sur ninguna app pública rastrea automáticamente los contactos de un ciudadano. Es el gobierno el que obtiene y publica esos datos, aunque da todas las facilidades para que empresas o ciudadanos los ofrezcan en formato web o app”, asegura Lee. Esto ha desatado muchos problemas personales vinculados a la privacidad (como infidelidades o mentiras en el trabajo), porque si bien la información es anónima, es posible inferir de quién se trata cruzando el historial de ubicaciones con otros datos. Corea del Sur sí tiene un software –que incluye una app– para hacer seguimiento de la cuarentena obligatoria exclusivamente en los casos positivos. A estos enfermos se les asigna un asistente social. “Esta app sí es claramente intrusiva: monitoriza la cuarentena por localización y brinda asistencia médica al paciente a distancia si no debe estar en un hospital”.
El ejemplo de Corea del Sur ha sido entendido como una oportunidad por diversos actores. Entre ellos, se destacan los lobbies de empresas del sector tecnológico y gobiernos con dobles intenciones. Esto ha dado lugar a una fiebre por las coronapps a escala mundial que está llegando también a América Latina. Diversas modalidades de coronapps se han propagado por Honduras, Uruguay, Bolivia, Colombia, Argentina, Guatemala, Brasil, Ecuador y México; especialmente para los últimos tres casos, el Centro Latinoamericano de Derechos Digitales ha encendido una señal de alarma.
Epidemiología y derechos humanos
Los epidemiólogos dicen que el rastreo de contactos se convertirá en un arma vital para contener futuros brotes del coronavirus una vez que los bloqueos nacionales logren frenar la rápida propagación del virus. Según el periodista especializado Bryan Walsh, “los epidemiólogos pueden afirmar ser algunos de los primeros científicos de datos, desde que John Snow descubrió la fuente de una epidemia de cólera en Londres en 1854” (Snow también fue uno de los padres de la visualización de datos).
La economía mundial ya está muy dañada y, especialmente para los países más vulnerables, la extensión de la cuarentena implica costos sociales muy difíciles de revertir. El uso de las nuevas tecnologías se presenta entonces como la alternativa más eficiente. “En Estados Unidos y otros países occidentales, estos esfuerzos probablemente enfrentarían importantes barreras éticas, legales y regulatorias”, sugirió Scott Rosenberg, analista de tecnología de Axios.
Una excepción clara es Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu acaba de aprobarle poderes de emergencia al Shin Bet (el servicio de inteligencia interna) para utilizar una tecnología de rastreo desarrollada para combatir el terrorismo con una finalidad nueva: rastrear los movimientos de los pacientes con coronavirus y de las personas con las que se han encontrado. Por medio de esa tecnología les envían mensajes obligándolos a aislarse. Al hacer esto, señalaba un artículo en The New York Times, el Estado ha revelado que el Shin Bet dispone de metadatos de los celulares de todos sus ciudadanos al menos desde 2002.
Mientras tanto, la compañía israelí NSO lanzó al mercado una app de “uso civil” para combatir el coronavirus, por lo cual no necesita permiso de exportación del Ministerio de Defensa. NSO construyó su fama a través de Pegasus, un sofisticado software de espionaje acusado de violar la privacidad y los derechos humanos, que se implanta en los celulares mediante un link enviado vía SMS, toma control sobre todas las comunicaciones (incluso mensajes cifrados) y envía toda la información a su cliente. Según una fuente de Bloomberg, el nuevo software (de NSO) “toma dos semanas de información del rastreo del celular de la persona infectada, el tiempo de incubación del virus, y luego matchea con los datos de ubicación recopilados por las compañías nacionales de teléfonos móviles que identifican a los ciudadanos que estuvieron cerca del paciente durante más de 15 minutos y son vulnerables al contagio”. Amnistía Internacional ha solicitado que Israel le revoque la licencia de exportación, pero el producto ya está siendo probado por más de 12 países.
Como sostiene María Paz Canalez, directora ejecutiva de la organización Derechos Digitales, debe trazarse una clara distinción –aunque a veces sea difícil de establecer– entre la vigilancia de la expansión del virus y la vigilancia de las personas que resultan ser portadoras. Sostiene además que “los derechos fundamentales son ejercicios de ponderación, y de ahí la necesidad de que cualquier restricción que se adopte a su ejercicio sea proporcionada y no afecte la esencia del ejercicio del derecho restringido”.
El panorama de Estados Unidos
Tanto Walsh como Rosenberg sostienen que la geolocalización podría jugar un papel apenas limitado durante esta etapa, al menos en Estados Unidos. Particularmente, Rosenberg plantea que “ninguna cantidad de datos de ubicación puede compensar los datos de infección que faltan”. Es decir, quién está enfermo y quién no. La precisión del GPS es de 4,5 metros: o sea que sirve para saber si alguien rompió el aislamiento y se fue de su casa a otro lugar, pero no permite saber si mantuvo la distancia física necesaria frente a otra persona. En su opinión, la geolocalización puede servir para hacer seguimiento de la expansión del virus, pero los kits de testeo, la búsqueda de una vacuna y los respiradores artificiales tienen mucho más por hacer.
A pesar de ello, según un informe de The Washington Post, Google, Facebook y otras empresas están negociando con Donald Trump la forma de entregar datos de geolocalización para ayudar en la lucha contra el coronavirus. A inicios de marzo, Trump fue protagonista de un gigantesco chasco al anunciar en una conferencia de prensa que Google estaba colaborando con el gobierno en la emergencia al construir un sitio web de detección del coronavirus que dirigiría a las personas a los lugares de testeo. Google debió desmentirlo y aclarar la situación. Se trataba de un sitio de la compañía de Google para asuntos de salud, Verify, y solamente está disponible para el área de la bahía de San Francisco (California). Google lanzó finalmente un sitio, pero solamente muestra casos por país y no tiene la funcionalidad que Trump había anunciado. Google también está ofreciendo un informe por país de las tendencias de movimiento de la población en el transcurso del tiempo a partir de información anonimizada y agregada que obtiene mediante Google Maps.
Una de las principales herramientas en Estados Unidos es el “termómetro inteligente” de la empresa Kinsa, un desarrollo concreto del famoso “internet de las cosas”. Los termómetros de Kinsa cargan las temperaturas del usuario a una base de datos centralizada. “Desde 2018, cuando tenía más de 500.000 termómetros distribuidos, sus predicciones han estado rutinariamente dos o tres semanas por delante de las de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades”. Actualmente han adaptado su software para ayudar a detectar el coronavirus. Kinsa puede mostrar un “mapa de calor” sobre el desarrollo de la fiebre en el país, al menos en lo que respecta a sus propios usuarios.
Mientras tanto, ni lerdos ni perezosos, los lobbistas que representan a gigantes como Google y Facebook pidieron al fiscal general de California “que espere para hacer cumplir las nuevas reglas de privacidad en línea del Estado, dado el coronavirus que está desgarrando a todo el mundo”.
A su vez, el gobierno de Trump está retirando algunas normas que protegían la privacidad de los pacientes para miles de empresas que tienen acceso a datos personales de salud. Se trata de una exención para que esas empresas usen por su cuenta o traspasen esa información directamente a una amplia franja de agencias gubernamentales, siempre que la compañía lo haga “de buena fe” y “para actividades de salud pública o de supervisión de la salud”. Entre esas empresas se encuentra Google, que “en agosto de 2018 firmó un contrato con Ascension, una cadena de 2.600 hospitales, consultorios médicos y otras instalaciones médicas con sede en St. Louis”, informó el medio digital especializado en tecnología Protocol. Esto le dio a Google “acceso a detalles de salud personales de millones de estadounidenses en 21 estados”.
En medio de esta situación, son destacables las propuestas de una de las voces críticas de Silicon Valley: Tristan Harris, ex diseñador de ética de Google y fundador del Center for Humane Technology. Harris arriesga que, “al igual que hemos invocado actos de guerra para reutilizar la industria para producir suministros médicos”, Google y Facebook deben ser más agresivos en la lucha contra el coronavirus. En una columna para Wired, propone forzar sus algoritmos para persuadir abiertamente a los usuarios aprovechando el conocimiento de su actividad en línea –bombardeando a los que no prestan atención a las medidas de prevención–, amplificar las acciones de solidaridad y utilizar la información que circula en las plataformas para distribuir la entrega de suministros.
Privacidad o salud pública: una falsa dicotomía
En la columna antes mencionada, Byung-Chul Han se aventuró a decir: “Al parecer el big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al asiático”. El investigador Evgeny Morozov ha planteado en Twitter que “la cura no puede ser peor que la enfermedad, pero las apps sí pueden serlo”. Podemos acordar con eso. Pero ¿debemos renunciar a la utilización de apps y otras herramientas tecnológicas simplemente porque “potencialmente” pueden ser peores que la enfermedad?
En los hechos, algunos desarrollos en curso desafían la idea de que el uso de estas nuevas tecnologías debe ser rechazado de plano. Un estudio del Big Data Institute de la Universidad de Oxford asegura que “una app de rastreo de contactos que crea una memoria de contactos de proximidad y notifica inmediatamente a los contactos de casos positivos puede lograr el control de la epidemia si es utilizada por suficientes personas. Al dirigir las recomendaciones sólo a las personas en riesgo, las epidemias podrían ser contenidas sin necesidad de cuarentenas masivas (bloqueos) que son perjudiciales para la sociedad”. El Big Data Institute explica que para que sea efectivo es necesario que al menos 60% de la población de un país participe en este rastreo.
En ese sentido, hay que seguir atentamente el desarrollo de la iniciativa llamada Seguimiento Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad (PEPP-PT), que cuenta con la destacada participación del Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) de Alemania, más de 130 investigadores de ocho países y la colaboración de la operadora telefónica Vodafone. PEPP-PT sigue el uso exitoso de los celulares en algunos países de Asia para rastrear la propagación del virus y hacer cumplir las órdenes de cuarentena. La plataforma de PEPP-PT haría un uso anónimo de la tecnología Bluetooth de baja energía respetando el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea y no implicaría el seguimiento de los datos de ubicación (por lo tanto, es menos intrusivo que el GPS o las torres de telefonía móvil). Aquellos que no tengan teléfono celular podrían usar brazaletes con Bluetooth. PEPP-PT, que sigue el modelo de la app TraceTogether de Singapur, registraría las conexiones realizadas entre teléfonos inteligentes en un dispositivo, en lugar de un servidor central, durante dos semanas, utilizando un cifrado seguro. Sólo las autoridades sanitarias locales podrían descargar datos de la app para notificar a las personas en riesgo para que se aíslen.
Es preciso superar la lógica de gobiernos, empresas y ciudadanos-consumidores para generar un sistema de escrutinio colectivo de estos nuevos programas, en el que organizaciones colectivas representativas tengan la posibilidad de fiscalizar su correcto funcionamiento y el respeto por los derechos humanos. Esto implica que las diversas agrupaciones de la sociedad civil deben formar lazos duraderos con cuadros tecnológicos comprometidos con sus valores, para llegar a un nivel nuevo que les permita entender lo que se está discutiendo, usar su poder en la gestión de las crisis e interceder en la opinión pública. De lo contrario, quienes desconfiamos del “solucionismo tecnológico” podemos ingresar en el terreno del abstencionismo respecto de herramientas de lucha útiles contra coronavirus.
Lucas Malaspina es especialista en contenidos digitales, formado en Comunicación Política y Opinión Pública por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.