El enemigo puede ser común, pero en la lucha contra el coronavirus cada país ha elegido su propia estrategia. En América Latina hay estados que adoptaron normas estrictas como cuarentenas obligatorias o toques de queda, que acarrean multas e incluso penas de cárcel si se incumplen, mientras que otros apostaron por exhortar a la población a quedarse en sus hogares para evitar el contagio.
Dentro del marco del confinamiento obligatorio, hay lugares de la región, como Panamá, Perú y las ciudades colombianas de Bogotá y Cartagena, que recurrieron a una medida insólita y no exenta de polémica: restringir las salidas según el género. Con esta iniciativa los gobiernos han querido reducir el número de personas que están al mismo tiempo en la calle para contener aún más la propagación del virus, pero son muchas las voces críticas que se preguntan desde qué punto de vista es efectivo utilizar el género para controlar la movilidad y tildan la medida de discriminatoria.
La norma ha sido especialmente cuestionada por los colectivos LGBTI al considerar que crea riesgos adicionales para las personas trans, que ya enfrentan una exclusión estructural en la sociedad. De poco sirvió que los decretos de los diferentes países prohibieran actos de discriminación, ya que muchas mujeres y hombres trans denunciaron burlas, humillaciones y violencia policial durante la cuarentena obligatoria.
Para Sonia Correa, una de las principales referentes feministas de Brasil, el hecho de que los gobiernos elijan el sexo/género como criterio de segregación no sólo expone a la población trans a un nivel mayor de discriminación y violencia, sino que esa lógica también fomenta los roles de género.
“Con la medida se da una renaturalización del binarismo sexual. Es una diferencia natural que facilita a los estados su labor de vigilancia, de coerción en algunos casos, porque en teoría es más fácil saber quién es hombre y quién es mujer que mirar una cédula. Pero el problema es que al recurrir a esa lógica se excluye a las personas no binarias y se reactiva el llamado orden natural de sexo/género, con todo lo que implica en términos de desigualdad, de poder y de recursos, entre otros aspectos”, dice a la diaria Correa, cocoordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política.
En ese sentido Correa, autora del artículo “Volviendo a lo de siempre: la segregación por sexo/género como medida de contención de la Covid-19”, hace una analogía con la raza y asegura que si se dividiera a la población entre blancos y negros “sería un escándalo y se criticaría como una expresión de racismo y, sin embargo, cuando se propone separar por sexo/género parece natural, y no lo es”.
Si bien restringir la circulación de personas según el género puede ser una medida eficaz desde el punto de vista de contención de la transmisión del virus, se trata de una norma “extremadamente problemática desde el punto de vista político, social y cultural”, añade la también investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinar de Sida (ABIA), quien propone normas más objetivas como segregar por meses de nacimiento o atendiendo a los dos últimos números de la cédula de identidad.
Pero, ¿cómo ha funcionado la norma en los diferentes puntos de la región donde se decretó? Vayamos caso por caso.
Panamá
El primero en aplicar la segregación por género fue Panamá. La medida entró en vigencia el 1º de abril, cuando el país centroamericano sumaba 30 muertes por coronavirus y 1.200 contagios, y aún sigue vigente en todo el territorio. Los lunes, miércoles y viernes son los días en los que las mujeres pueden salir al supermercado, bancos y farmacias durante dos horas, en una franja que varía dependiendo del último número de la cédula de identidad, mientras que los hombres pueden hacerlo los martes, jueves y sábados. El domingo, en cambio, nadie puede circular por la calle.
“Esta medida no es efectiva porque pone en riesgo a la población trans, que ya es sumamente discriminada en un país como Panamá, donde no hay ley de identidad de género. Una visión binaria no ayuda a entender la diversidad de la población”. Iván Chanis, presidente de la fundación Iguales
“Esta medida no es efectiva porque pone en riesgo a la población trans, que ya es sumamente discriminada en un país como Panamá, donde no hay ley de identidad de género. Una visión binaria no ayuda a entender la diversidad de la población”, indicó a la diaria Iván Chanis, presidente de la fundación Iguales, organización que ya ha documentado varios casos de discriminación hacia mujeres y hombres trans durante el confinamiento obligatorio.
El también abogado y experto en derechos humanos asegura que en el país hay una conducta muy represiva por parte de la Policía panameña y un contexto, en general, también muy restrictivo. De hecho Panamá, que ha prohibido incluso la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante la emergencia sanitaria, es uno de los estados latinoamericanos con medidas más estrictas para combatir el coronavirus, que hasta este viernes ya había causado 244 muertes y más de 8.500 contagios.
El día en que entró en vigor la restricción por género en Panamá, Li L, un hombre trans panameño de 49 años que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos, se encontraba en el país centroamericano y asegura que pasó miedo. Los datos de su cédula de identidad panameña no coinciden con su identidad de género y sólo el hecho de pensar en salir a la calle y poder ser detenido le producía ansiedad.
Decidió salir uno de los días asignados a las mujeres, de forma que si la Policía le preguntaba pudiera enseñar su cédula, pero no tuvo buen resultado. Al ver su aspecto masculino, un agente le pidió su documento y le dijo que mejor regresara uno de los días asignados a los hombres.
“Esto ha sido algo que me ha tenido con mucha ansiedad. No salgo por miedo a que me detengan o que me humillen porque soy transgénero y la Policía no está sensibilizada con este tema. Lo único que pedimos es ser tratados como seres humanos, igual que todos los demás. Es un derecho humano”, dijo Li L a la diaria.
Cabe además destacar que los días en los que salen las mujeres a comprar se forman aglomeraciones en los supermercados, pues muchas de ellas son jefas de hogar en familias uniparentales y se encargan por completo de las tareas domésticas y de cuidado.
En ese sentido, la activista feminista panameña Yuri Pittí no sólo critica la falta de perspectiva de género en la toma de decisiones del gobierno de Laurentino Cortizo, sino que lamenta que se haya hecho bajo criterios que sólo responden “a las realidades de la metrópoli, donde hay más servicios de transporte, más acceso a supermercados y donde las carreteras son fácilmente transitables, pero es bien distinta la realidad de las áreas rurales”.
“Esa mirada masculinizada y urbanizada de la pandemia y de las medidas restringe el acceso a derechos de todas las mujeres, pero en especial de aquellas que viven en los márgenes de la ciudad, en las comarcas indígenas y en el campo, al igual que ocurre con las mujeres con discapacidad o de poblaciones vulnerables”, añadió a este medio.
En un contexto de violencia contra mujeres y niñas, continuó Pittí, “es vital reconocer cómo estas medidas no sólo vulneran a las mujeres y restringen de formas diferenciadas su acceso a los derechos más básicos, sino que esta pandemia ha debilitado los sistemas de protección y apoyo en casos de violencia” en Panamá.
Perú
Con más de 80.000 casos confirmados y 2.267 fallecidos hasta este viernes, Perú es uno de los países más golpeados en América Latina por el coronavirus. El 3 de abril el gobierno peruano también restringió la movilidad por género, pero la medida sólo duró ocho días.
El Ejecutivo que dirige Martín Vizcarra tuvo que dar marcha atrás debido principalmente a las grandes aglomeraciones que se produjeron en los días en que las mujeres salían a realizar compras, además de que hubo numerosos casos de discriminación a personas transgénero.
“Epidemiológicamente hablando, la separación por género no dio ningún resultado en reducir el número de personas en la calle, por eso el gobierno decidió eliminar la medida”, explica a la diaria Susana Chávez, directora del Centro de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) en Perú.
Por otro lado, en ese país está surgiendo otro fenómeno relacionado con la inequidad de género, asegura Chávez, y es que las mujeres “están quedando recluidas en los hogares” debido a que son ellas quienes se hacen cargo principalmente del proceso escolar de los hijos al haber quedado suspendidas las clases durante todo el año.
“También son las mujeres las que se quedan al cuidado del hogar cuando hay un paciente enfermo con covid-19 guardando cuarentena en la casa, y eso conlleva una exposición alta de riesgo para ellas. En ese trabajo –no remunerado– también hay una desproporción”, señala la experta peruana.
El caso colombiano
Desde el 13 de abril hasta el 11 de mayo tanto en Bogotá, la capital de Colombia, como en Cartagena, al norte del país, funcionó una restricción por la que las mujeres podían salir a la calle durante la cuarentena obligatoria los días pares y los hombres los días impares. Y al igual que en los otros lugares de la región que aplicaron la medida, las personas trans podían circular según su identidad de género.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó la medida de “muy exitosa” al haber evitado aglomeraciones; sin embargo, decidió retirarla a partir del 11 de mayo. Ese día, más de dos millones de personas se incorporaron de nuevo al trabajo en la capital y con esa nueva cantidad de gente circulando en la calle, la Policía no daría abasto para controlar las salidas según el género, aseguró la alcaldesa. “La Policía vigilará mejor que cada ciudadano salga con tapabocas. Esa será la medida que tendrá sanción especial”, indicó López, según informó la prensa colombiana.
Según datos de la alcaldía, las ocho semanas de cuarentena han servido para que Bogotá bajara la tasa de mortalidad a causa del coronavirus de 6,8% a 3,6%, mientras que la tasa de contagio bajó de 2,6 a 1,1.
“Hubo aglomeraciones [en Bogotá] porque las mujeres son quienes hacen la mayoría de las compras y se encargan de abastecer la casa. Estuvieron, por tanto, más expuestas al virus”. Juliana Martínez, de la fundación Sentiido
Sin embargo, muchas asociaciones de la sociedad civil no están de acuerdo con los elogios de la alcaldesa de Bogotá a la segregación por género. Aseguran que sí hubo aglomeraciones los días en los que salieron las mujeres a comprar, además de abusos por parte de la Policía a la población trans. “Hubo aglomeraciones porque las mujeres son quienes hacen la mayoría de las compras y se encargan de abastecer la casa. Estuvieron, por tanto, más expuestas al virus”, asegura Juliana Martínez.
Sorprende además el hecho de que en Colombia, donde la covid-19 ha dejado 479 fallecidos y más de 11.600 personas infectadas, sólo se restringiera la circulación por género en Bogotá y Cartagena. En el resto del país la población ha podido realizar sus compras básicas y trámites bancarios según el número con el que termine su cédula de identidad o dependiendo incluso de la placa de su vehículo.
“Aun en contexto de una pandemia, no existe una justificación que explique por qué utilizar un concepto ‘sospechoso de discriminación’ como el binario de género. Dividir el mundo entre hombres y mujeres no es natural y tiene consecuencias muy peligrosas”, dice a la diaria Juliana Martínez, directora de investigaciones y consultorías en la fundación Sentiido, una organización colombiana que lucha por los derechos de las personas trans y de las mujeres.
Lo cierto es que América Latina, que ha contado con la ventaja de que el coronavirus llegase más tarde que en Asia, Europa o Estados Unidos, es la única región del mundo en aplicar la separación por género para controlar la circulación de las personas en plena pandemia.
“Nos parece algo normal porque se ha naturalizado el binario de género. Sin embargo, cuando observamos qué está sucediendo en el contexto global y vemos las medidas que han tomado otros países de forma exitosa, en ninguno de los casos se ha implementado nada similar”, dice Martínez.
La experta colombiana recuerda que existen otras muchas maneras de preservar la salud pública, de lograr que la población se cuide para aplanar la curva del coronavirus y pueda al mismo tiempo cubrir sus necesidades básicas “sin tener que ratificar un binario de género que crea relaciones jerárquicas entre las personas y que continúa produciendo diferentes formas de violencia contra las mujeres cisgénero, personas trans, personas no binarias, y contra los mismos hombres”, concluyó.