La manera en que el gobierno de Nicaragua recibió al coronavirus y maneja la información acerca de su avance generó una fuerte desconfianza, datos contradictorios y recomendaciones enfrentadas en el país. A esto se suman años de división política, que tuvieron un punto alto en las protestas contra el gobierno de 2018, que terminaron con más de un centenar de muertos.
El 14 de marzo, un día después de que en Uruguay se detectaran los primeros contagios, las medidas de confinamiento ‒obligatorio o no‒ se extendían en buena parte de América Latina. Pero en Nicaragua una multitud se agolpaba en las calles en una manifestación convocada por el propio gobierno, con la consigna “Amor en tiempos de covid-19”. Se llamó así por la necesidad de “estar unidos en barrios, comarcas y comunidades para cuidarnos juntos”, explicó la vicepresidenta, Rosario Murillo. En sus discursos casi diarios, reproducidos por medios estatales, Murillo suele hablar de amor, familia y fe cristiana, mucho más que de la pandemia.
Su esposo, el presidente Daniel Ortega, se ha posicionado en contra de las medidas de distanciamiento social que puedan frenar la economía nicaragüense. Es partidario de aplicar medidas de higiene, pero sin restringir la actividad, y comparó la estrategia de su gobierno con la de Suecia, pese a las diferencias sociales y económicas que tienen los dos países. La comparación figura también en el “libro blanco” sobre la pandemia que el gobierno presentó el 27 de mayo, en el que defiende su modelo “singular” y la lógica de buscar la “inmunidad del rebaño”.
Contagios sin contar
Ni esta estrategia ni los números oficiales convencen a todos en Nicaragua, y han sido puestos en duda por distintos actores políticos y sociales. La última vez que las autoridades comunicaron sus cifras, a fines de mayo, se informó de 1.118 los contagios y 46 muertes. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Covid-19, que no es oficial (funciona con voluntarios que trabajan dentro y fuera del sistema de salud y que reportan casos de esta enfermedad), afirma que Nicaragua llegó la semana pasada a 4.218 contagios, y que las muertes eran 980.
A su vez, la estrategia oficial ha sido cuestionada por las 34 asociaciones médicas que existen en el país, y que pidieron a la gente que aplique medidas de aislamiento social por su cuenta, aunque el gobierno no las recomiende. “Llamamos al pueblo a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria, que ayude a reducir el impacto de esta enfermedad, con la reducción del contagio, transmisión y muerte entre la población”, manifestaron días atrás en un comunicado.
De acuerdo con esas organizaciones, la situación que presencian es “dramática”, con “hospitales saturados, falta de camas, falta de medicinas y de productos tan esenciales como el oxígeno”. Por eso pidieron al sector privado que cierre de manera temporal los comercios no esenciales, y a los ciudadanos que se confinen en sus viviendas de manera voluntaria por un período de 21 a 30 días.
Gremiales empresariales, organizaciones sociales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y partidos políticos opositores respaldaron este llamado de los médicos, mientras que los gobiernos de varias comunidades indígenas apelaron a su autonomía legal y dispusieron medidas como las que ellos recomiendan. Las autoridades del pueblo ulwa decidieron que quienes lleguen del exterior cumplan con un período de cuarentena, y el Gobierno Territorial Rama y Kriol declaró a comienzos de junio una cuarentena por 31 días. En un comunicado citado por la agencia de noticias Efe, este gobierno comunal pidió a las autoridades nicaragüenses que “se dirigieran a la población con sinceridad y datos creíbles actualizados, en caso de tener algún contagio en la comunidad”. A estos dos pueblos del sur se sumó el fin de semana otro, en el noreste, cuando la Asamblea de Awas Tingni declaró una cuarentena de 30 días.
Expertos de distintas áreas ‒médicos, psicólogos, educadores‒ crearon el Comité Científico Multidisciplinario, que tiene como cometido orientar a la población frente a la crisis sanitaria, y reclamaron al gobierno que aplique las normas que recomiendan la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo mismo pidieron las organizaciones de médicos y un grupo de cinco ex ministros de Salud nicaragüenses, que le enviaron en abril una carta a la OPS y a la OMS para manifestarles su preocupación ante el “riesgo extremo” en el que se encuentran los habitantes de su país. Semanas atrás, la directora de la OPS, Carissa Etienne, comunicó que “ha estado preocupada por la respuesta a la covid-19 que se ve en Nicaragua”, por la “la falta de distanciamiento social, la convocatoria a reuniones masivas”.
Dos Nicaraguas
A la incertidumbre se suman sospechas de que el gobierno oculta otra información, además del número de contagios, para esconder el avance de la epidemia. “Son de gran preocupación las cifras, que aumentan cada día, pero también el abandono estatal, hay más de 30 empleados sanitarios muertos ‒incluyendo médicos, enfermeras, personal de limpieza y conductores‒, hay entierros express, calles con cinco muertos, puntos con 40 casos sospechosos”, dijo en conferencia de prensa Ivannia Álvarez, de la opositora Alianza Cívica, según citó Efe.
Partidos opositores y organizaciones sociales sospechan que se ocultaron las razones de la muerte de varias personas públicas, entre ellas, políticos en distintos cargos. En dos meses murieron cinco integrantes de la Asamblea Nacional, el parlamento de una sola cámara integrado por 92 legisladores titulares y 92 suplentes. Las sospechas de que algunas de esas muertes pudieron deberse a la covid-19 se deben en particular a que el legislador oficialista Jacinto Suárez pasó sus dos últimos meses hospitalizado y a que no se informó cuál fue la causa de muerte de otra legisladora oficialista, Rita Fletes.
También denuncian que la salud de los manifestantes que están presos desde 2018 está en particular peligro porque siguen siendo perseguidos en la cárcel, y que se intenta silenciar a quienes denuncian. Días atrás, cuando el infectólogo, Carlos Quant, fue despedido del hospital estatal Roberto Calderón por “abandono de trabajo” el Cenidh afirmó que “las faltas supuestamente cometidas por el doctor son creadas por el régimen Ortega-Murillo, en represalia por ser miembro del Comité Científico Multidisciplinario, que critica el mal manejo de la pandemia en Nicaragua”. Según el Cenidh, también fueron echados de ese hospital varios médicos que durante las protestas de abril de 2018 habían insistido en atender a manifestantes heridos pese a que tenían orden de no hacerlo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su “preocupación por los recientes despidos de personal médico” en hospitales estatales de Nicaragua. Según sus datos, diez especialistas de distintas áreas fueron despedidos.
Debido a esta situación, también disminuyó la presencia de niños en las escuelas, pese a que las clases nunca fueron suspendidas oficialmente. Sin embargo, Murillo celebró la presencia de Nicaragua en un encuentro virtual internacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre “Educación Post Covid-19”, porque es necesario “pensar con esperanza, como pueblos de fe, como pueblos de amor, como pueblos cristianos, en el día después, [en los] retos del sector educativo post pandemia”.