Una investigación realizada por el Bureau of Investigative Journalism, con sede en Londres, junto con el medio peruano Ojo Público, reveló enormes presiones por parte de la empresa Pfizer a gobiernos latinoamericanos con los que negoció la venta de su vacuna contra el coronavirus.
Los negociadores de un país latinoamericano, que pidieron no ser nombrados, dijeron que las demandas de Pfizer llevaron a un retraso de tres meses en el acuerdo de la compra del fármaco. En el caso de Argentina y Brasil, no se llegó a ningún acuerdo. Mientras que en Perú y otros países, Pfizer solicitó durante la negociación incluir cláusulas que eximían a la empresa ante posibles efectos adversos.
Funcionarios de Argentina y otro país latinoamericano que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los negociadores de la compañía exigieron una indemnidad adicional contra cualquier reclamo civil que los ciudadanos pudieran presentar si experimentaban efectos adversos después de ser vacunados.
En Argentina y Brasil, incluso, Pfizer pidió que los activos soberanos se pusieran como garantía para cubrir eventuales futuras demandas. Estos activos que funcionarían como garantía podían ser reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares.
En el caso de Perú, en las negociaciones Pfizer solicitó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, la demora en la entrega de los lotes, e implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. Las cláusulas fueron consideradas extremas por la cancillería peruana, según confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones. Un funcionario que estuvo presente en las negociaciones de uno de los países describió las demandas de Pfizer como “intimidación de alto nivel”, y dijo que su gobierno sentía que estaba siendo “chantajeado” para acceder a las vacunas.
Pfizer negoció con más de 100 países y organizaciones supranacionales, y llegó a acuerdos de suministro del fármaco con nueve países de América Latina: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. En todos los casos, los términos de esos acuerdos son confidenciales.
Interrogados por los autores de la investigación, desde Pfizer se dijo: “A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021. Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo”. Al mismo tiempo, desde la empresa se negaron a comentar sobre negociaciones en curso.
La mayoría de los gobiernos ofrecen indemnidad (exención de responsabilidad legal) a los fabricantes de vacunas a los que les compran. Esto significa que un ciudadano que sufre un episodio adverso después de ser vacunado puede presentar un reclamo contra el fabricante, y, de tener éxito, el gobierno pagaría la compensación.
Esto es bastante usual en el caso de las vacunas que se administran en una pandemia. En muchos casos, los episodios adversos son tan raros que no aparecen en los ensayos clínicos, y sólo se evidencian una vez que cientos de miles de personas fueron inmunizadas (una vacuna contra la gripe H1N1 del 2009, por ejemplo, finalmente se relacionó con la narcolepsia). Debido a que los fabricantes desarrollaron vacunas rápidamente y porque protegen al conjunto de la sociedad, los gobiernos usualmente aceptan cubrir el costo de la compensación.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno de Argentina y de otro país que solicitó no ser mencionado dijeron que sintieron que las demandas de Pfizer iban más allá que las de otras empresas fabricantes de vacunas. Esto representa una carga adicional para algunos países porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja para poder eximir a los fabricantes de responsabilidades.
Pfizer solicitó una indemnidad adicional de los procesos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos que ocasione su vacuna, o de sus propios actos de negligencia. Esto incluye aquellos relacionados con las prácticas de la empresa, como, por ejemplo, si Pfizer no enviara la vacuna correcta o cometiera errores durante la fabricación.
“Se garantiza cierta protección de responsabilidad, pero ciertamente no en caso de fraude, negligencia grave, mala gestión o incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación”, dijo a los autores de la investigación Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global.
“Las empresas no tienen derecho a pedir indemnidad por estas cosas”, agregó el experto.