Hace un par de semanas, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas denunciaron al cantante ante la Justicia española por trata de personas y agresión sexual. Las acusaciones se produjeron luego de una investigación periodística de tres años, llevada a cabo por elDiario.es y Univisión Noticias, en la que se entrevistó a 15 excolaboradores del artista, incluidas las mujeres que dieron detalles de lo ocurrido.
La primera respuesta llegó en un comunicado compartido en las redes oficiales de Iglesias. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, escribió.
“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, finalizaba el texto.
La defensa del cantante señaló, días más tarde, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no era competente para investigar el asunto. El abogado José Antonio Choclán aseguró, según El País de Madrid, que aceptar una denuncia contra un ciudadano español cometido fuera del territorio y con una víctima de nacionalidad extranjera daría derecho a las denunciantes a “buscar el fuero que les sea más conveniente”, sobre todo si “es el que mayor perjuicio” le produce a Iglesias por el “daño reputacional más intenso” que se produce en su país.
La organización internacional Women’s Link Worldwide, que colaboró con las dos mujeres en la denuncia, dijo que la Justicia de España puede aceptarla aunque los hechos hayan ocurrido en otros territorios, ya que el artista tiene nacionalidad española. Las mujeres, por su parte, son de nacionalidad brasileña y colombiana.
El jueves pasado, Iglesias volvió a sus redes sociales, “el único medio” que le permite ejercer su derecho a defensa con legitimidad, después de que la Fiscalía rechazara su pedido de hacerse presente para investigar la denuncia. En sus historias de Instagram compartió supuestas capturas de conversaciones con las denunciantes mientras fueron empleadas suyas y luego de dejar ese trabajo, que pondrían de manifiesto “la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática”.
“La evidencia es clara: las comunicaciones de Whatsapp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, dijo. Una de las mujeres, hasta entonces solamente conocida por seudónimos, le escribía: “Profesor, buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. ¡Un beso y un abrazo! Feliz noche”.
“Sólo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo”, habría escrito la otra denunciante. “Decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden”. Iglesias agregó: “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a las personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”.
Apenas 24 horas después, justo antes del fin de semana, la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió el archivo de las diligencias preprocesales abiertas tras la denuncia, y fundamentó su decisión en la falta de jurisdicción de la Justicia de España para conocer los supuestos delitos ocurridos en Bahamas y República Dominicana. “La Audiencia Nacional ha interpretado reiteradamente”, dice el escrito citado por El Mundo, “que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”.
La competencia del tribunal se diluye especialmente “cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los supuestos autores también lo son o no se encuentran en España y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”. Al mismo tiempo, “no existe constancia” de que las autoridades de Bahamas o Dominicana “hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo”. La decisión no es recurrible.