Según un estudio presentado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis ocasionada en la región por la pandemia de coronavirus se extenderá más de lo esperado y la recuperación demorará años.
Según se expresa en el Estudio económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de covid-19, dado a conocer por la secretaria ejecutiva de la entidad, la chilena Alicia Bárcena, mediante una videoconferencia, las secuelas de la crisis “serán mayores de lo esperado, en recesión, desempleo, pobreza y caída del consumo, y la recuperación no será inmediata, demorará años”.
De acuerdo a las conclusiones del informe, América Latina y el Caribe está viviendo en este momento su peor crisis económica en un siglo.
“Es claro que esta ha sido la peor crisis en los últimos 100 años, con grandes impactos en lo social y productivo. Lo que vemos con preocupación es que estamos ante una década perdida que va a representar una caída de 9,1% del crecimiento del producto interno bruto (PIB)”, explicó Bárcena.
Debido a esto, a fines de 2020 el nivel del PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, habría un retroceso de diez años con un fuerte aumento en los índices de desigualdad y pobreza en la región.
En el estudio dado a conocer por la institución con sede en Santiago de Chile, se prevé además el cierre de 2,7 millones de empresas formales en el correr de este año. Esto conllevará, de acuerdo a la CEPAL, un incremento del desempleo que alcanzaría a 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas respecto del nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global de 2008). Otros datos que emergen del estudio tienen que ver con la frágil condición en que están millones de trabajadores que realizan sus labores de manera informal, que son 159 millones de personas. Además, sólo 53% de quienes trabajan en América Latina y el Caribe tienen cobertura médica, apenas 46% están dentro de algún régimen de previsión social, y sólo 42% de los trabajadores de la región tienen un contrato de trabajo. Además, en el informe se resalta que en el marco de la actual crisis únicamente 23% de las personas pueden teletrabajar desde sus casas, debido a que en muchos lugares de la región la calidad de internet es baja y en otros ni siquiera existe la conectividad.
Respecto a la pobreza, según los datos de la entidad, llegaría a finales de este año a los mismos niveles observados en 2005, es decir, marcaría un retroceso de 15 años, alcanzando a 231 millones de personas, en tanto que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implica un retroceso de 30 años, alcanzando a 96 millones de personas, según el informe.
Ante este cuadro de situación, Bárcena explicó que “serán necesarias políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación estructural. Hay que fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales, y fortalecer la macro regulación prudencial junto a la regulación de los flujos de capitales para preservar la estabilidad macrofinanciera en el corto y mediano plazo”.
En el estudio también se hizo especial hincapié en las políticas fiscales al remarcar que los países realizaron diversos esfuerzos fiscales para mitigar los efectos de la pandemia, que en promedio suman 4,1% del PIB. Estos esfuerzos fiscales, además de las caídas en los ingresos públicos, llevaron a un mayor déficit fiscal y a aumentos de la deuda pública en todos los países.
En este sentido, el documento indica que el desafío para lograr reactivar las economías cuanto antes es mantener una política fiscal activa. Según se expresa en el estudio, es necesario que los países de América Latina y el Caribe aumenten su recaudación tributaria, que actualmente es de 23,1% del PIB en promedio para los gobiernos generales de la región, comparado con 34,3% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Para poder alcanzar esta meta es necesario combatir la evasión tributaria, que llega a 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a las personas físicas y las corporaciones, extender el alcance que tienen actualmente los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, y también establecer impuestos a la economía digital.