El Poder Ejecutivo resolvió que a partir del 1º de febrero se eliminará la devolución del impuesto específico interno (Imesi) a los dueños de las estaciones de servicio que se encuentran a menos de 20 kilómetros de la frontera con Argentina. Ese beneficio estaba vigente desde 2018 [anteriormente era de 8%] y permitía que esos comercios contaran con una competencia más pareja con sus similares de Argentina, donde históricamente los combustibles han sido más baratos que en Uruguay.
La medida provocó rechazo en los departamentos de Río Negro, Paysandú y Salto, donde rige ese descuento. El jueves 21 los diputados de esos departamentos hicieron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer las razones que llevaron a la confección de ese decreto y también emitieron un comunicado al respecto. Ambos documentos fueron firmados por los representantes Álvaro Lima (Frente Amplio), Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto) y Omar Estévez (Partido Colorado), de Salto; Eduardo Lorenzo (Partido Nacional) y Constante Mendiondo (Frente Amplio), de Río Negro; y Nancy Núñez (Partido Nacional), Cecilia Bottino (Frente Amplio) y Juan Carlos Moreno (Partido Colorado), de Paysandú.
“Postura centralista”
Para los legisladores, la medida del Poder Ejecutivo “no contempla la realidad del interior del país y se toma desde una postura centralista, sin analizar en profundidad el impacto que esto tendrá en la economía regional, la cual no es ajena al impacto por la pandemia”. La eliminación de la devolución del Imesi a los estacioneros litoraleños forma parte “de una política recaudatoria que pierde la perspectiva costo-beneficio”. Añadieron que en vigencia de ese beneficio se ha registrado “el aumento en los volúmenes de ventas en las estaciones de servicio y el ingreso generado a partir de ellas”, que “compensa el renunciamiento fiscal realizado; a su vez, provoca la necesidad de aumentar los trabajadores implicados en la tarea”. Asimismo, establecieron que “el ahorro generado en los consumidores se volcó a través de consumo en otros sectores del comercio en general”, y que el precio más barato del combustible también trajo beneficios para el desarrollo del turismo en esos puntos del país.
Las diversas asociaciones empresariales del litoral también reaccionaron ante esa resolución.
Eduardo Texeira, propietario de una estación de servicio y vocero del Centro Comercial e Industrial de Salto, lamentó la aplicación de esa medida que “fue propuesta al gobierno por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay [Unvenu] sin haber consultado a las propietarios de estaciones de servicio” de esos tres departamentos.
El empresario dijo a la diaria que esa modificación “va a ocasionar un cambio en la situación financiera. Provocará un aumento de 24% de los combustibles, al cual hay que sumarle el 6% que se decretó hace pocas semanas. Será un aumento de precios brutal, que generará una situación económica diferente, con una escalada de precios” en los diversos sectores económicos, lamentó.
En tanto, el presidente de Unvenu, Daniel Añon, justificó la iniciativa de esa gremial elevada al gobierno. “Esta fue una decisión que se tomó cuando se dijo que se iban a cerrar los puentes. Entonces nosotros dijimos ‘no tiene ningún sentido que se cierren los puentes y continuar teniendo descuentos cuando no se puede ir a cargar nafta al otro lado’. Entonces, pensando que ese dinero se podía volcar en otra cosa, sugerimos que se quitara total o parcialmente el beneficio”, dijo Añon al diario salteño Cambio.