Cuando se realizó la última reforma del sistema previsional, en 1996, presumiblemente pocas personas en Uruguay sabían lo que era un celular. Ese año había sido lanzado en los grandes mercados del mundo el primer modelo que se volvería masivo, el Startac de Motorola, una empresa pionera que luego cayó en desgracia. Fue comprada por Google y después por Lenovo, un conglomerado chino del sector tecnológico –una historia que podría ser símbolo de esta nueva era–.
Hoy en día, mientras funciona el comité de expertos convocado por el gobierno para elaborar una reforma del sistema de jubilaciones, los celulares son una cosa muy distinta a la que eran y superan en cantidad al número de habitantes que tenemos –hay más de cinco millones de móviles–. La transformación, por supuesto, no se limita a estos aparatos. La inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas por redes 5G, la relevancia de los datos o las plataformas que nuclean a miles de socios… ¿o empleados? –al listado de fallos internacionales se sumó Gran Bretaña, que decretó que los conductores de Uber son empleados– avanzan cada vez más, mientras transforman todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.
Lógicamente, existe una relación directa entre los sistemas de pensiones y los mercados laborales. Un país con alta informalidad tendrá más dificultades para evitar que sus adultos mayores caigan en la pobreza y un mundo más automatizado generará más complicaciones para que los trabajadores financien sus jubilaciones. En el marco de una reforma de las jubilaciones, las realidades laborales y los procesos en torno a los trabajadores deben ser atendidos como una variable más dentro de tantas otras.
Este es el punto que desarrolla un reciente informe de la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS), titulado “Aumento en la edad de retiro en un contexto de cambio tecnológico” y facilitado a la diaria por el director del BPS, Ramón Ruíz, representante de los trabajadores.
El estudio hecho por dos economistas, Micaela Antúnez y Félix Bellomo, “pretende teorizar sobre los posibles efectos en el mercado de trabajo de una modificación en la edad mínima necesaria para acceder a la jubilación común –edad de retiro–, en un contexto de cambio tecnológico, obviando al resto de las variables pasibles de ser modificadas”. Los autores buscan responder varias preguntas: ¿postergar el retiro afecta a los más jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo?, ¿los mayores (llamados senior por los autores) podrán permanecer trabajando en un contexto dinámico que tendrá a la tecnología como factor predominante?
Dos datos de contexto. Primero, en Uruguay la edad mínima legal para jubilarse es 60 años con 30 años de trabajo formal, aunque hay subsistemas con excepciones y actividades que tienen bonificaciones –por cada tres años se computa uno más, por ejemplo–. Segundo, de acuerdo con los datos del BPS, la edad promedio a la que las personas pasan de activas a pasivas fue 62,5 años en 2019.
Por otra parte, con miras a futuro y con base en proyecciones del organismo, “se espera que el volumen de personas mayores continúe aumentando y que la población en edades jóvenes se reduzca progresivamente”. La proximidad del final del bono demográfico y el comienzo de un período caracterizado por más pasivos que activos son algunos de los principales argumentos entre quienes defienden la suba de la edad de retiro.
Esta medida, según señala el estudio, supone lograr “un doble efecto que impacte a nivel financiero” en el sistema previsional. Por un lado, postergar la jubilación “reduce el tiempo durante el cual se brinda la prestación, lo que podría significar, de no modificarse el monto del beneficio, un alivio para las arcas del Estado”. Por el otro, “la permanencia de los trabajadores en el mercado laboral podría traducirse en un aumento de la recaudación”. Sin embargo, lo anterior se sustenta sobre la base de que los trabajadores mayores “logren mantenerse en el mercado de trabajo y lo hagan en el ámbito formal”. Y esto es algo que no parece sencillo de lograr.
El futuro del trabajo y el presente de los trabajadores
La predominancia cada vez mayor de la tecnología en los procesos de producción desató la “deslocalización” de muchos empleos: “actualmente los países exportan trabajo calificado sin necesidad de que los individuos se trasladen físicamente”. Esto, sumado al creciente desplazamiento de trabajo por tecnología en múltiples ocupaciones y tareas, genera alarma en torno a las posibilidades de que se produzca una “pérdida neta de empleos”. Esto no ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, la revolución industrial que estamos atravesando actualmente es inherentemente distinta a las del pasado: la tecnología avanza sobre campos que hace décadas eran impensados, como el cognitivo.
En este contexto, dicen los autores, “se torna sustantivo preguntarnos cómo se encuentran posicionados los trabajadores uruguayos para enfrentar estos nuevos desafíos, cómo impactará esto en la demanda de trabajo, qué habilidades serán necesarias en el futuro y cómo esto afectará la cobertura en seguridad social”.
Según destacan los autores, “en los últimos años, las habilidades cognitivas, de servicio al cliente y las habilidades complejas de resolución de problemas, así como la formación continua, se han vuelto más importantes a la hora de encontrar un empleo”. A su entender, el futuro sería auspicioso “para empleados con excelente conocimiento en las áreas de educación, salud y comunicaciones”, mientras que “quienes poseen menor calificación podrían insertarse en áreas que requieran competencias artesanales y psicomotoras como los cuidados, el trabajo doméstico, la cocina, la peluquería, etcétera”.
A la luz de lo anterior, los economistas intentan estimar cuál es el grado de exposición de los trabajadores uruguayos a los procesos de automatización y señalan que el proceso de sustitución de habilidades ya tiene impactos en nuestro mercado laboral: “En Uruguay las tareas tienden a ser cada vez más cognitivas y menos manuales y a desarrollarse en menor medida en forma rutinaria. Esto se explica principalmente por el movimiento del empleo entre sectores, desde los que requieren ocupaciones más intensivas en tareas manuales hacia los que poseen mayor presencia de ocupaciones intensivas en tareas cognitivas”.
Según un estudio del tema realizado en 2017 por el Banco Mundial, los factores principales que incrementan el riesgo de desempleo en el nuevo mundo tecnológico –en especial para los trabajadores de mayor edad– son la capacidad de adaptación a los cambios y el nivel de formación. En esa línea, un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) realizado en 2019 concluyó que “en Uruguay la probabilidad de automatización de las ocupaciones disminuye a medida que el nivel educativo alcanzado se incrementa y que las ocupaciones desempeñadas por trabajadores con educación terciaria completa muestran un significativo menor riesgo de automatización”.
Ante esta situación cobra más fuerza la interrogante sobre qué pasará con los trabajadores mayores de 60 años ante una eventual suba de la edad de retiro jubilatorio, dado que “deberán enfrentar la dificultad de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado a la vez que no podrán contar con la posibilidad de jubilarse hasta cumplir los nuevos requisitos para el retiro”.
Por este motivo, los autores estudiaron el riesgo de automatización de dos grupos etarios: quienes tienen entre 20 y 29 años y quienes tienen entre 50 y 59 años. Esto bajo los supuestos de que los trabajadores séniores serían “los primeros alcanzados por la modificación de la reforma” –aunque frente a los cambios en las condiciones jubilatorias suelen definirse períodos de transición– y de que los jóvenes actuales “exhibirán similares características” a la generación que tiene hoy entre diez y 19 años –que ingresará al mercado laboral cuando el grupo de mayor edad esté próximo al retiro–.
Al comparar la evolución de las tasas de empleo de estos subgrupos se observa que “hasta 2014 las tendencias no presentan grandes variaciones, pero a partir de ese año sus trayectorias comienzan a diferenciarse: mientras que la tasa de empleo entre los trabajadores de entre 50 y 59 años se mantuvo casi constante entre 2014 y 2019, los trabajadores de 20 a 29 años muestran una caída de aproximadamente 6 puntos porcentuales”. Esto debe interpretarse dentro de un contexto internacional signado por la caída del empleo juvenil y como parte de un sistema en el que intervienen un montón de otras variables.
Por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Universidad de la República en 2018 mostró que en los 15 años que se extienden entre 1991 y 2016, la proporción de jóvenes de entre 16 y 24 años que se dedica exclusivamente a estudiar creció de 37% a 47% y que el nivel de quienes sólo trabajan en esas edades se redujo de 35% a 27%.
“El incremento de la edad promedio de los trabajadores en su primera experiencia laboral” refuerza esta tendencia, que los autores asocian a la prioridad dada a la capacitación “en busca de un mayor conocimiento que les permita adaptarse a los cambios que se transitan en la actualidad”. Más allá de esto, no dejan de lado que en Uruguay “persisten las dificultades en la inserción laboral de los jóvenes”.
Con posterioridad, el informe realizado por los técnicos del BPS indaga en tres factores que determinan el grado de exposición a la automatización e influyen en los dos grupos analizados: el nivel educativo, la ocupación y la rama de actividad. Para lo primero, tomaron como base los criterios de un estudio del Cinve y la información de la Encuesta Continua de Hogares 2019, a efectos de construir “un indicador sintético del grado de exposición al desempleo tecnológico en relación al nivel educativo de cada cohorte etaria”.
De acuerdo con esta metodología, quienes tienen entre 50 y 59 años exhiben “un grado alto de exposición al riesgo de automatización en casi un 70% de su población” y quienes pertenecen al grupo de los jóvenes muestran “un grado de exposición más bajo, registrando nivel de riesgo alto para menos de un 57% de su población”. Esto último, según se presume, debería bajar porque “gran parte de la población más joven se encuentra cursando estudios terciarios” –son más de 86.000 según datos de 2019, 17,4% de la población total dentro de esas edades–.
En lo que refiere a la ocupación, los autores pusieron el foco en el tipo de ocupación que realizan los activos de cada grupo etario analizado, tomando como referencia la clasificación que realizó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre el riesgo de automatización de las distintas tareas requeridas por el mercado laboral. El sector con mayor riesgo es el de las tareas de apoyo administrativo –cadetes, secretarios, atención al cliente, entre otros–, donde trabajan más jóvenes que séniores, aunque en las tres categorías de empleos que le siguen tienen mayor peso relativo los mayores de 50 años: tareas agropecuarias, tareas pesqueras y tareas de operadores de instalaciones, máquinas, ensambladores. Pese a lo observado, “el peso relativo de los jóvenes es mayor al del promedio total de ocupados” en varias de las categorías mencionadas, por lo que “no es tan lineal deducir cuál de los dos grupos [etarios] presenta mayores amenazas o dificultades a futuro”.
Para la tercera dimensión –rama de actividad– se tomaron las seis ramas de actividad que más empleo aportan dentro de las clasificadas como más expuestas a la automatización y se analizó si existe una subrepresentación o una sobrerrepresentación de los jóvenes o séniores respecto del nivel general de toda la masa de trabajadores. El resultado fue que “los ocupados más jóvenes muestran una significativa mayor exposición a los cambios esperados a partir de la automatización en Comercio al por mayor y al por menor y en Actividades administrativas y servicios de apoyo” y que los ocupados de entre 50 y 59 años muestran niveles por encima del promedio solamente en el sector Transporte y almacenamiento.
De estos datos surge que “los trabajadores jóvenes y los próximos a jubilarse muestran posiciones diferenciadas en los sectores con mayor riesgo, denotando cierto nivel de complementariedad”. Es decir que, mientras los jóvenes trabajan en sectores más expuestos a la automatización, también tienen mayor grado de capacitación que los séniores –en muchos casos se puede suponer que ingresan al mercado en tareas administrativas para luego volcarse hacia las áreas que están estudiando– y un desarrollo de habilidades que podrían protegerlos de los impactos de la tecnología.
La reforma y sus efectos
De resolverse un aumento de la edad de retiro en el marco de la reforma previsional que se viene, cabría esperar “como efecto principal la ampliación de la oferta de mano de obra”. Si este proceso “no se ve acompañado de un incremento en la demanda de trabajo, es de esperar un mayor nivel de desempleo y un ajuste a la baja en salarios, en un escenario donde el trabajador deberá competir no solo con sus pares sino también con el proceso de automatización tanto para obtener, como para conservar su empleo”. Por eso, “la reforma de la seguridad social que se encuentra bajo estudio se constituye como un factor sustantivo que, sin dudas, puede dar lugar a una multiplicidad de efectos en el mercado de trabajo”.
El informe menciona que en los países que elevaron su edad mínima jubilatoria “no hay evidencia empírica hasta el momento que confirme un efecto directo” entre la medida y un aumento del desempleo juvenil. Incluso, hay quienes creen que una mayor vida activa generaría una demanda laboral creciente en sectores como los cuidados, la alimentación y el transporte.
Para la realidad uruguaya los autores auguran “un escenario más prometedor” para los jóvenes: “se desarrollan mayormente en ocupaciones con tareas cognitivas, donde se espera un incremento en las remuneraciones”, y como “las proyecciones demográficas dan cuenta de una reducción en la cantidad de jóvenes a largo plazo” se “relativiza el posible impacto sobre el empleo juvenil ante un corrimiento de la edad jubilatoria”. Igualmente, consideran “esperable que las dificultades para obtener empleo persistan”.
Para el otro subgrupo estudiado, los trabajadores séniores, el futuro luce más desafiante: podrían “atravesar mayores dificultades a la hora de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado […] dado el rápido crecimiento en la importancia relativa de las tareas cognitivas no rutinarias”. Como resultado, un posible efecto es que “la disminución en su nivel relativo de productividad”, en especial en comparación con las nuevas generaciones, “los exponga a la precariedad laboral, afectando su historia laboral a través de la informalidad o la reducción salarial”.
Asociado a estos procesos, se mencionan dos fenómenos internacionales. Primero, en Japón ocurrió que “las empresas recortaron los salarios de los trabajadores de edad avanzada, lo suficiente como para absorber el aumento de la oferta laboral”. Segundo, en varios países se observó “una nueva tendencia, la contratación de personas mayores para empleos operativos tradicionalmente ejercidos por los jóvenes (repartidores, telefonistas, ayudantes de cocina, limpiadores o guardias de seguridad)”.
Estas áreas, si bien pueden presentar una oportunidad de trabajo para personas poco calificadas, “se han caracterizado históricamente por presentar mayores niveles de informalidad y precarización”. Y si se piensa en el “doble efecto” perseguido al subir la edad de retiro, resulta “fundamental que la generación de empleo se encuentre dentro del mercado formal, garantizando la afluencia de nuevos recursos al sistema”, lo que parece poco claro en el escenario futuro trazado.
Ante esto, los autores se preguntan si “las expectativas colocadas sobre la modificación” de la edad de retiro, “tanto en lo que hace al aumento de la recaudación como a la disminución de las erogaciones, podrán satisfacerse o resultarán en nuevas exigencias para el sistema de seguridad social”. A su vez, la literatura internacional citada concluye que para que el incremento de la edad jubilatoria logre los objetivos deseados debe estar acompañado de políticas de empleo para la reconversión de los trabajadores más añosos. No hay una solución universal. Las políticas dependen de la realidad de cada país, pero deben apuntar a combatir el desempleo, la precarización y los estereotipos sobre el envejecimiento.
A modo de corolario, Antúnez y Bellomo resaltan que “la sostenibilidad del sistema depende no solo de la capacidad que tengamos de equilibrarlo con el cambio demográfico sino también con las transformaciones económicas y sociales que la cuarta revolución industrial ha desencadenado”.