El jueves por la mañana la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa (Anmype) se reunió con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. “Fue un buen encuentro y le explicitamos los fundamentos para las medidas que venimos pidiendo, bajo la argumentación de que hasta ahora hubo poco apoyo para mitigar los impactos negativos de la pandemia en este segmento de empresas, y que se terminó la espalda financiera para abordar los problemas que tenemos”, dijo a la diaria el presidente de la agrupación, Pablo Villar.
Explicó que la asociación agrupa a las empresas que tienen entre uno y nueve empleados, que representan 95% de las unidades productivas del país y brindan entre 60% y 65% de la mano de obra privada. “Pensamos que existen poderosas razones para prestar atención a los pedidos, como el sostenimiento del empleo y el mantenimiento de los niveles de formalización”, expresó.
Villar comentó que algunas de las medidas anunciadas el martes en la Asamblea General por el presidente Luis Lacalle Pou “están alineadas” a los pedidos de Anmype —señaló que esperan una “urgente implementación”—, pero aún aspiran a “la suspensión de los adelantos de IRAE [impuesto a la renta de las actividades económicas] del régimen general [se anunció sólo para las empresas que pagan el mínimo de IRAE], más apoyo mediante instrumentos de crédito y mayor inyección de recursos para reactivar el mercado interno.
Con respecto a los créditos, indicó que, más allá de la inyección de fondos que realizó el gobierno para el Sistema de Garantía (SIGA) durante el último año y de que “el presidente anunció que las condiciones serán ampliadas y revisadas, no ha sido un instrumento utilizado universalmente por el empresariado porque aumenta los costos operativos”. En ese sentido, Villar expresó que pretenden que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a créditos a tasa cero. Indicó que los costos de la intermediación, gestión y garantía deberían asumirse a modo de “subsidio” por parte del Estado y el sistema financiero.
Además, sostuvo que el pedido de exoneración de los aportes patronales busca “que las empresas no envíen trabajadores al seguro de paro”, algo que aumentó debido a la pandemia. Detalló que en el pasado, con actividad normal, no era común que las empresas con pocos empleados recurrieran al subsidio por desempleo, pero ahora la situación cambió.
“Uno de los peores fenómenos [desatados por la pandemia] es la pérdida de unidades económicas, algo que no sólo provoca la pérdida total de los vínculos laborales, sino que además genera mayor nivel de informalidad, con todos los problemas que esto trae. Tiene un impacto brutal en la economía y por eso consideramos urgentes las medidas”, declaró.
Más allá de no contar con datos precisos, Villar consignó que el año pasado cerraron empresas de micro y pequeño porte y que hay “varios sectores en problemas”. Ante esta realidad, el titular de Anmype reclamó “que el Estado invierta con potencia y rápidamente”.
Consultado sobre cuál fue la receptividad del equipo económico a estos planteos, el presidente de Anmype dijo que “fue buena” y quedaron en “hacer un análisis comparativo” de las medidas solicitadas y las ya implementadas. Aunque el MEF transmitió que “en principio no” habría condiciones para atender lo de los créditos a tasa cero, teniendo en cuenta “la buena y contundente fundamentación que hizo Anmype mantenemos la expectativa de que pueda haber una revisión” de esta postura.
Otros planteos fueron utilizar las compras públicas como herramienta para impulsar a las empresas locales, e inyectar más dinero” por medio de los planes sociales, dado que “de ser de mayor potencia los recursos que se vuelcan al mercado interno habrá mayor demanda, lo que genera un círculo virtuoso que incentiva la actividad de las micro y pequeñas empresas”.
El mes pasado, Villar había dicho en una entrevista con El Espectador que Anmype había enviado varias notas al MEF solicitando entrevista y planteando medidas, pero no habían tenido respuesta.